Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico
Otro retroceso impulsado desde el Congreso. Debido a diversas presiones promovidas por la legisladora conservadora Milagros Jáuregui de Aguayo, el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) tuvo que modificar su Guía de Aborto Terapéutico, reduciendo de 15 a 11 las causales por las que debe proceder dicha práctica médica. Entre los supuestos que han sido eliminados figura el daño a la salud mental por un embarazo producto de una violación sexual en niñas y adolescentes.
Además, fueron retiradas de la mencionada guía las causales por cuadro clínico de psicosis puerperal y por daño a la salud mental de la madre por un embarazo con feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida.
PUEDES VER: El invierno recién empieza y ya hay cerca de 1.200 adultos mayores fallecidos por neumonía
Esa actualización se oficializó a través de la Resolución Directoral n° 200-2025-DG-INMP/MINSA, que aprobó la nueva Guía de Procedimiento de Aborto Terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal, en concordancia con la Guía Técnica Nacional.
Según fuentes del INMP, antes conocida como la Maternidad de Lima, estas causales del aborto terapéutico que han sido eliminadas contaban con el consenso de nueve sociedades médicas porque afectan a niñas y adolescentes que no solo son víctimas de abusos sexuales, sino que también son obligadas a seguir con embarazos complicados.
Pese a ello, este cambio fue celebrado por la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, quien es pastora evangélica y tiene vínculos con movimiento ultraconservadores, como el colectivo Con mis hijos no te metas. “En el Instituto Nacional Materno Perinatal se negaban a realizar estos cambios, pese a que algunos de los supuestos contemplados en su Guía de Aborto Terapéutico eran abiertamente inconstitucionales, ilegales y contrarios al protocolo nacional”, respondió.
En respuesta, la exdirectora de Promsex, Susana Chávez, señaló que “negociar con la salud y los derechos de las niñas obligadas a ser madres no es un logro es una vergüenza que debería ser penada”. “Lo que se ha negociado aquí es la dignidad y la vida de las niñas más vulnerables”, afirmó.
Recordó también que, en el 2023, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas condenó al Perú por haber violado los derechos de ‘Camila’, una niña indígena de 13 años, quien fue víctima de abuso, al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.
Y en efecto. El dictamen de dicho comité determinó que el Estado peruano debía despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil; así como asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto para las niñas gestantes, en particular en los casos de riesgo a la vida y la salud de la madre, violación o incesto. Esto aún no sucede.
Chávez también lamentó que el Minsa no defienda sus propias políticas públicas y obligaciones constitucionales sino que acepte las presiones de grupos ultraconservadores.
Este retroceso sucede en un contexto en el que en el Perú, entre el 2020 y 2023, se han reportado más de 167.000 embarazos infantiles y adolescentes. De todos estos, menos de 500 pudieron acceder al aborto terapéutico.