El debate sobre los escándalos de la corrupción se cuela en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo

El debate sobre los últimos escándalos de la corrupción que salpican al PSOE ha llegado este viernes al Ayuntamiento de Toledo a través de una moción en la que Izquierda Unida proponía crear una Comisión municipal para garantizar la pulcritud de los contratos municipales, un texto que no ha salido adelante por el rechazo de los trece votos del equipo de gobierno. El PSOE sí que ha apoyado la moción del portavoz de IU, Txema Fernández, en la que solicitaba que se convoque, «de forma urgente», una Comisión Municipal en la que estén, al menos, los partidos con representación municipal para poder «evaluar cada uno de los contratos que se prestan por empresas privadas en el Ayuntamiento de Toledo y «conocer a qué empresa se adjudicó así como sus posibles vinculaciones con casos de corrupción vinculados o no con el Consistorio toledano, si los hubiera». El portavoz del equipo de gobierno, Juan José Alcalde, ha defendido que el Ayuntamiento tiene mecanismos de control y ha recordado al PSOE los casos de corrupción que salpican al PSOE. La presidenta de Vox, Inés Cañizares, ha argumentado el voto en contra de su grupo a la moción de IU-Podemos que pedía una comisión municipal para vigilar contratos, dado que «la administración ya tiene mecanismos de fiscalización y control para evitar la corrupción en los procesos de contratación». «La corrupción es una lacra que está alojada últimamente en la administración, pero esa corrupción no parte de las empresas privadas, sino de quienes están al frente de las instituciones, de quienes manejan el presupuesto público, de algunos políticos que, en connivencia con trabajadores públicos, extorsionan a empresas y algunas de ellas, claro, acaban siendo cómplices de esa malversación de caudales públicos», ha añadido. Cañizares ha explicado que «corrupción son los ERE, la amnistía que borra delitos cometidos por los independentistas, el caso Koldo, Cerdán, Ábalos» y ha acusado al edil de IU-Podemos de presentar una moción «oportunista, pero hipócrita, porque están apoyando a la casta política y parece que usted viene a crear una nueva figura dentro del Ayuntamiento: el concejal interventor». Para Cañizares, «bajo la apariencia de una supuesta preocupación por la transparencia», la moción de IU-Podemos «es un ataque ideológico dirigido contra el tejido empresarial de esta ciudad y no podemos seguir normalizando la idea de que, por cada ocurrencia de la oposición, el Ayuntamiento tenga que crear una nueva comisión, no podemos construir una administración basada en la sospecha permanente y en la sospecha sistemática hacia los que prestan servicios públicos con eficacia». «Ya está bien de tratar a los empresarios como si fueran enemigos del bien común, de proyectar sobre ellos la sombra de la corrupción, sin una sola prueba, sin una sola denuncia formal, sólo con insinuaciones y juicios morales», ha señalado Cañizares, quien ha cargado contra «el modelo que propone IU, en el que todos los servicios son públicos, todos son deficitarios y todos están controlados por una administración hipertrofiada que decide hasta el último céntimo sin margen para la iniciativa privada. Ese modelo tiene nombre: Venezuela. Y, desde luego, no es un referente para nosotros». «Nuestro grupo defiende con firmeza la transparencia, la legalidad y el uso responsable de dinero público, pero también defendemos a quienes crean empleo, arriesgan su capital, a quienes ayudan a que los servicios funcionen con eficiencia y profesionalidad, porque una ciudad con un tejido empresarial sano beneficia a todos los empresarios, a todos los trabajadores y, sobre todo, a todos los vecinos de Toledo», ha finalizado. IU recogía en su moción que parques y jardines, servicios de limpieza viaria y recogida de basuras, autobuses, agua, saneamiento y alcantarillado, limpieza y mantenimiento de edificios municipales o mantenimiento de colegios y conserjerías, son solo algunos de los servicios públicos para los que el Ayuntamiento de Toledo tiene suscritos sendos contratos con empresas privadas que cada año, recuerda el portavoz municipal de Izquierda Unida, Txema Fernández, suponen casi la mitad del presupuesto municipal. Esta fuerte inversión, a juicio de Txema Fernández, requiere de una escrupulosa vigilancia sobre la eficacia y eficiencia de la ejecución de estos contratos pero también, y teniendo en cuenta «el momento actual, con graves heridas en la ética pública», requiere de una actuación rigurosa por parte de la administración pública y sus representantes para «luchar contra la corrupción adoptando medidas radicales que permitan a nuestros más vecinos y vecinos confiar en que en su Ayuntamiento no están instalados intereses diferentes a los que suponen la prestación de servicios públicos». En los acuerdos de la moción se proponía, además, que en el caso de que dicha comisión encuentre vínculos de la empresa con casos de corrupción con sentencia judicial firme, «se revierta la prestación del contrato para que se preste de forma directa por el Ayuntamiento de Toledo». Por otro lado, si los vínculos fueran sin sentencia judicial firme, Fernández solicitaba en esta moción que se realice «un seguimiento singularizado de la empresa y la prestación de ese servicio en Toledo por parte de esa Comisión Municipal». Además, el concejal de IU reclamaba que el Ayuntamiento pueda contratar a cualquier empresa para prestar servicios públicos municipales «si ha sido condenada en los últimos 10 años con sentencia firme por corrupción». Por último, la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, solicitaba la inclusión, en las cláusulas de los contratos firmados por el Ayuntamiento con una empresa privada, una «que obliga a rendir cuentas de la prestación a la Corporación municipal una vez al año en el último trimestre, haciendo especial mención a la garantía de contratación de personal para la prestación óptima del servicio que se financia con fondos municipales». Dicha rendición de cuentas, matiza Fernández, «se hará pública en la ciudad mediante los medios adecuados». El concejal portavoz de Izquierda Unida recriminaba en su moción que actualmente los contratos contienen cláusulas «que en nada benefician a los vecinos y vecinas de Toledo» como el beneficio industrial -que ronda entre el 5% y el 6% del coste del contrato- o el pago del equilibrio económico de la concesión y que, ejemplifica en la situación que se ha dado con los Centros de Atención a la Infancia (CAI), hace que «cuando no han salido las cuentas de la empresa, se lo pida al Consistorio».