“El Poder Judicial no estuvo a la altura”: Red Chilena contra la Violencia pide revertir libertad condicional de Mauricio Ortega

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres convocó a una acción urgente frente a la Corte Suprema este lunes 13 de octubre, en respuesta a la decisión de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de otorgar la libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por la brutal agresión contra Nabila Rifo en 2016. La medida ha generado una alerta generalizada sobre la impunidad y la violencia institucional que afecta a mujeres y niñas.

Priscila González, integrante de la coordinación nacional de la organización feminista, fue enfática en su crítica al Poder Judicial. “Hoy día es muy fácil que cada uno intente traspasar responsabilidades de un lado a otro. Sin embargo, para nosotras, nosotras no nos perdemos. Aquí Mauricio Ortega intentó asesinar a Nabila Rifo de una manera brutal y el Poder Judicial no consideró que esto fue un femicidio frustrado, sino que lo recalificaron como lesiones graves, gravísimas y violación de morada”, declaró.

“Le quiero recordar a todos los medios que Nabila fue golpeada dentro de su casa, fue golpeada fuera de su casa, se le arrancaron sus ojos, se la dejó desvestida para poder simular un ataque sexual y se la dejó a la intemperie una madrugada en la ciudad de Coyhaique. Si eso no es intento de femicidio, no sé qué es. Partiendo de eso, el Poder Judicial no estuvo a la altura”, recalcó González detallando la gravedad de los hechos.

La liberación de Ortega se concretó tras cumplir apenas nueve años de una condena de 18, amparada en una supuesta “conducta intachable” dentro del penal. No obstante, esta decisión ignora un informe desfavorable de Gendarmería. “Ortega pudo solicitar su libertad condicional pese al informe desfavorable de gendarmería donde se indicaba que mantiene rasgos psicopáticos, que mantiene conductas sexistas, que no tiene control de la ira y que factores criminógenos pueden hacer que él vuelva a reincidir en temas específicamente de violencia de pareja”, explicó la activista por los derechos de las mujeres.

Según la  integrante de la coordinación nacional de la Red, el informe de Gendarmería además señalaba que Ortega “no reconoce el daño causado” y “no problematiza el consumo de alcohol y drogas”. En ese sentido, González subrayó que el documento “era muy tajante en decir que no se recomendaba que Ortega estuviese fuera”.

“Portarse bien en una cárcel de hombres con otros hombres, con gendarmes, no significa que vaya a poder reinsertarse”, aseveró.

La coordinadora también se refirió a las fallas en el proceso de notificación a la víctima: “Estamos hablando de una persona que perdió la vista y que se le dejó una notificación en la reja de su domicilio, que se intentó dos veces dar con ella y no hubo respuesta en una ciudad pequeña como Coyhaique. Me imagino que no era tan difícil ponerle un poco más de empeño y que Nabila efectivamente recibiera la notificación en su domicilio como ella lo solicitó”.

Para la organización, esta liberación envía un mensaje devastador. “Nos parece que la decisión que tomó el Poder Judicial de otorgarle la libertad condicional a Mauricio Ortega, no solamente atenta contra Nabila Rifo y la justicia que ella merece, sino que también atenta contra los derechos de todas las mujeres. Porque es una pésima señal que a Ortega se le libere. La señal que le queda a las mujeres es de total impunidad. Solamente nueve años estuvo en la cárcel, nueve años por intentar matar de esa manera a una mujer”, sostuvo González.

Así, hizo un llamado contundente: “Nos parece totalmente inaceptable y esperamos que la corte revierta esa decisión, ya sea por lo que haga el Ministerio de la Mujer o por oficio propio, pero hoy día Mauricio Ortega hubiese sido juzgado como un femicida. Nos parece inaceptable que él esté hoy día en libertad. Por lo tanto, esperamos que él vuelva a prisión”.

Este caso se enmarca en un escenario crítico de violencia de género. De acuerdo al Dossier informativo Violencia contra Mujeres en Chile 2024-2025, realizado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, pese a la normativa vigente como la Ley Integral, las y los operadores de justicia fracasan en su aplicación. Durante el 2024, la organización registró 50 femicidios, seis de ellos no reconocidos por el Estado. En lo que va del 2025, la cifra asciende a 34 femicidios.