La herida sigue abierta: errores en la identificación de detenidos desaparecidos de La Serena mantienen a familiares en la incertidumbre

Tatiana Cortés es hija de Óscar Armando Cortés Cortés: un sastre, militante del Partido Comunista, que fue asesinado por militares en octubre de 1973 y que figura en la lista de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos reconocidos en el Informe Rettig.

Tatiana asegura que respecto a su padre la información que ha circulado no siempre es verídica. Algunos registros, como el libro de Patricia Verdugo, “Los zarpazos del Puma” señalan que era campesino y otros, que era hermano de otro ejecutado político, Pedro Cortés.

Esas son imprecisiones, pero ahora, la familia de Óscar se enfrenta a algo aún más difícil: la posibilidad de que los restos de su familiar, que les entregaron hace más de 25 años, no sean efectivamente de él.  

En noviembre de 1998, mismo año en que el dictador Augusto Pinochet fue detenido en Londres, las autoridades decidieron abrir una fosa común ubicada en el Cementerio Municipal de La Serena. Allí, se encontraron restos óseos pertenecientes de 18 personas: 15 que fueron asesinados por la Caravana de la Muerte -entre los que se encuentra Óscar Cortés- y otras tres ejecutadas en la zona entre los meses de septiembre y noviembre del 73.

Sergio Troncoso, ministro en visita de las causas de derechos humanos de la zona norte del país, explica que para cada una de esas 18 personas se realizaron investigaciones judiciales, con el objetivo de aclarar las circunstancias de muerte e identificar y juzgar a los responsables.

Una de esas indagaciones, clave para entender lo que se desencadenaría después, es la que investigó el asesinato de Francisco Santoni Díaz: un hombre sin militancia política que se encontraba recluido en la Cárcel de La Serena y que por solidarizar con presos políticos, terminó siendo fusilado por militares.

Troncoso cuenta que el crimen contra Santoni fue indagado por su predecesor, el ministro Vicente Hormazábal. Este último, en medio de sus diligencias, llegó al testimonio de un militar que confesó que Santoni fue asesinado y posteriormente enterrado en el sector norte de La Serena, a una distancia considerable del Cementerio Municipal.

“Ahí hay una situación que no calza, porque supuestamente los restos de esa persona habían sido encontrados con los otros 17 restos, en los años 90 y entregado a su familia”, observa el juez Troncoso.

Para verificar la veracidad del relato, se realizaron estudios de ADN a los huesos que fueron entregados a la familia de Santoni Díaz.

“Ahí es cuando se establece que los restos no pertenecen a Santoni y no solamente no pertenece a Santoni, sino que no son restos de una sola persona. Hay mezclados restos de más de una, entiendo que en ese caso, se determina que hay dos”, afirma el ministro en visita.

Después de lo ocurrido con Santoni, hubo un efecto dominó. El juez Hormazábal ordenó realizar pericias de ADN a las otras dos personas que fueron encontradas en el Cementerio de La Serena, pero que no eran víctimas de la Caravana de la Muerte.

Se trataba de José Rodríguez Acosta y su hijo, José Rodríguez Torres y tal como ocurrió en el caso de Santoni, ninguno de los restos entregados a sus familia en los 90, les correspondía. En una de las sepulturas, aparecieron cuatro perfiles genéticos distintos, correspondientes a otras personas que estaban en la fosa común.

Ahora, de Rodríguez Acosta solo se tiene un hueso, extraído del Cementerio de La Serena, pero mantenido por décadas en la oficina de Santiago del Servicio Médico Legal (SML).

“Del hijo no hay ningún resto, del padre solo está la tibia y de Santoni no tenemos nada, hasta este minuto”, resume Troncoso.

Lo primero que hizo Sergio Troncoso al asumir las causas de derechos humanos del norte fue reunirse con los familiares del resto de las personas encontradas en La Serena. A ellos, les pidió autorización para realizar nuevos estudios genéticos.

“En la conversación y a fin de respetar también sus procesos de duelo, me comprometí a no exhumar a nadie cuya familia no estuviera de acuerdo con la diligencia. Más allá de eso, les expliqué la importancia de esto, porque había dos familias que pensaban que tenían restos, que habían cerrado esa situación, pero que de golpe, fueron devueltas a la condición de familiares de detenidos desaparecidos”, señala.

Tatiana Cortés asegura que su familia no tuvo problemas para dar el sí a las nuevas diligencias, justamente, porque querían ayudar a quienes volvieron a perder a sus seres queridos.

Esa solidaridad, explica, tiene que ver con que entienden bien el dolor que produce la desaparición forzada y también, con que a lo largo de los últimos 50 años, las familias de las víctimas se han vuelto cercanas.

“Hay dos familias, una en La Serena, la familia Alcayaga y nosotros, los Cortés, que somos de Ovalle. Nuestras mamás eran muy cercanas y andaban siempre juntas en todos los trámites que había que hacer, en todas las marchas, en las romerías, en las velatones. Cuando muere mi mamá en 2016, a la semana siguiente murió la mamá de ellos. Fue como bien mágico eso. Finalmente, somos familias hermanas”, dice Tatiana.

¿Por qué ocurrieron los errores?

Iván Cáceres es arqueólogo y en los años 90, casi inmediatamente después de salir de la universidad, comenzó a trabajar en causas de derechos humanos. En ese tiempo, fue parte del Grupo Chileno de Antropología Forense (GAF): una organización de arqueólogos y antropólogos independientes, que realizaba excavaciones e identificaciones de detenidos desaparecidos.

Los integrantes del GAF participaron en los primeros hallazgos tras la vuelta a la democracia y trabajaron en paralelo a los médicos forenses del Servicio Médico Legal (SML) en el Patio 29 del Cementerio General. Iván Cáceres y su colega, Kenneth Jensen, advirtieron sobre los errores cometidos allí, diez años antes de que públicamente se admitiera que de 96 identificaciones, 48 eran erróneas.

A juicio del arqueólogo, los problemas de identificación en casos de desaparición forzada tienen que ver con las metodologías que usaba el SML, las cuales eran más útiles para personas que recién habían fallecido, y  para otras no, como aquellos asesinatos que cumplían décadas.

“El Servicio Médico Legal entendió estos casos como si hubieran sido muertes por accidentes. Tenía el mismo tratamiento, porque nadie estaba acostumbrado en Chile, ni las instituciones, ni los arqueólogos, ni los médicos legistas, a hacer este tipo de peritaje, porque eran restos óseos. Siempre se hacían peritajes para muertos  por accidentes, desastres aéreos, muertes por inmersión, pero de esqueletos, después de 30 años, era difícil”, argumenta.

Cáceres, menciona, por ejemplo, que en las identificaciones se utilizaba el método de la superposición cráneo-foto: literalmente, comparar la foto del rostro de personas en vida, con cráneos que incluso podían estar destruidos.

“Había que establecer otro tipo de métodos y así lo hacíamos nosotros. Usábamos algunas metodologías gringas que estaban bastante probadas, pero el Servicio Médico Legal no las conocía”, indica.

A lo anterior, el arqueólogo suma que tanto el SML como los arqueólogos independientes se enfrentaron a un importante problema de información. Existían las llamadas “fichas antropomórficas”, unos documentos elaborados por la Vicaría de la Solidaridad, que si bien, contenían datos personales de los desaparecidos, finalmente no pudieron aportar mucho a las identificaciones.

“Eran unas fichas con muchos datos de los desaparecidos, pero para encontrarlos vivos. Se preguntaba, por ejemplo, por tatuajes, cicatrices, operaciones y ninguna de esas cosas las íbamos a encontrar. Nosotros entonces empezamos a revalidar esa ficha y hacer otras preguntas. Le  preguntábamos a los familiares la estatura, ¿pero quién sabe la estatura del padre en ese momento? Requeríamos información que no siempre se podía encontrar”.

Los obstáculos para identificar a los desaparecidos eran múltiples, pero aún así había un fuerte deseo de los peritos por obtener resultados. Para Iván Cáceres, no es que hubiera una mala intención de parte de los funcionarios del SML, sino un “voluntarismo” y una suerte de apuro por realizar las identificaciones.

“Ahora estamos viendo que en el caso de La Serena se entregaron cuerpos con restos óseos que no corresponden, que una rodilla o un fémur no corresponde con el cuerpo, con el otro fémur o con la otra tibia. Yo veo que los familiares en este caso fueron pasados a llevar, en el sentido de que les armaron el esqueleto. Ellos no lo iban a decir, que no correspondía, porque lo único que querían era tener algo, pero les armaron un esqueleto. Ahí es donde yo creo que no corresponde, ahí yo creo que hay que ser crítico”, estima.

Expectación por los resultados

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la Región de Coquimbo, Ana Merino, cuenta que la noticia sobre los errores en la identificación en el Cementerio de La Serena, impactó profundamente a los familiares y que además de dolor, muchos de ellos sintieron rabia y resentimiento con el Estado.

Sin embargo, Merino también afirma que hay una comprensión de que no existía la tecnología para realizar identificaciones en un 100% correctas y al mismo tiempo, una valoración de cómo se están haciendo las cosas ahora.

“Por esos errores la directora del Servicio Médico Legal pidió disculpas y se emocionó mucho por lo que se cometió antes de que ella llegara al cargo. Pero fue por esas razones, porque no tenían la tecnología. También cometieron errores porque la gente aportó los antecedentes que tenía esa época, pero actuaron de buena fe las personas y ahora, en todo lo que se ha hecho, yo creo que también ha sido de buena fe”, expresa.

Los familiares también hacen una buena evaluación de la labor del ministro Sergio Troncoso: “El ministro ha sido muy humano, muy cercano, estuvo en las exhumaciones, los equipos también y trabajaron con mucha delicadeza y empatía”, dice Tatiana Cortés.

El ministro Troncoso consiguió la autorización de la mayor parte de las familias involucradas, y las pericias para analizar genéticamente los restos de las víctimas de la Caravana de la Muerte se realizaron en el segundo semestre de 2024.

Troncoso asegura que está expectante de los resultados, pero en el intertanto, adelanta que por lo menos, hay una “muy alta probabilidad de que los restos que se entregaron sean efectivamente de los fusilados en la Caravana de la Muerte” y que el problema, más bien sea de entregas cruzadas.

A su juicio, lo más complicado son “esas otras familias, que de una persona solo tienen un hueso. Es ahí dónde está lo duro del asunto. Ver si podemos encontrar los otros restos de Rodríguez Acosta, que pudiera aparecer Rodríguez Torres o Santino”.

Las muestras fueron enviadas en febrero de este año al Servicio Médico Legal, el cual se comprometió a entregar los resultados de los estudios de ADN en seis meses. Ese plazo ya se cumplió.

El Servicio Médico Legal fue contactado por Radio y Diario Universidad de Chile, pero desde el organismo señalaron que no darán declaraciones sobre el tema.