El acuerdo entre Junta y Ayuntamiento para adecentar la Estación de Autobuses de Toledo, cada vez más cerca

El acuerdo entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo para mejorar la Estación de Autobuses parece estar cada vez más cerca. Ambas administraciones mantienen conversaciones «con discreción» y en un «clima de entendimiento» con el objetivo de poner fin a un conflicto que se arrastra desde hace años sobre la gestión y el mantenimiento de estas instalaciones. La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha confirmado este miércoles que las negociaciones «avanzan de forma positiva» y ha pedido prudencia mientras se cierran los últimos detalles. «Se están llevando las conversaciones con discreción, trabajando y tratando de evitar salidas de tono para llegar a un acuerdo que se hará público cuando esté todo el asunto cerrado. Se está trabajando en ese acuerdo y creo que va a ser muy positivo», ha señalado Padilla. En la misma línea, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha reconocido que las conversaciones «van muy avanzadas», aunque ha evitado ofrecer detalles para no interferir en el proceso. «Y hasta ahí puedo leer, para que no haya nadie que intente o que pueda echar para atrás ese posible acuerdo. Pero nuestra intención, por parte del Ayuntamiento, y la intención por parte de la Junta, es dar una solución a la estación de autobuses», ha asegurado. Por su parte, el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, se ha mostrado igualmente optimista de cara a alcanzar un entendimiento definitivo entre las dos administraciones. La situación de la Estación de Autobuses de Toledo ha sido motivo de desencuentro durante años entre la Junta y el Ayuntamiento. El origen del conflicto radica en la responsabilidad de asumir las obras de reparación de unas escaleras mecánicas que llevan más de cuatro años sin funcionar. Mientras el edificio pertenece a la Junta de Comunidades, su gestión corresponde al Consistorio toledano, en virtud de un convenio firmado en 1986 con una vigencia de 75 años, hasta 2061. Esa doble competencia ha provocado un prolongado cruce de acusaciones sobre quién debe afrontar el coste de las obras, mientras cientos de viajeros utilizan a diario unas instalaciones deterioradas que ofrecen una imagen poco acogedora de la ciudad. Con las negociaciones «muy avanzadas», según confirman ambas partes, el esperado acuerdo podría poner fin a años de desencuentros y dar paso a la necesaria renovación de uno de los principales accesos a la capital regional.