La intención es buena; resultados, los de siempre
Una vez más, nuestros legisladores nos dan cátedra de lo que es tener el sentido de la realidad muy alterado y de su desvinculación absoluta con sus representados.
Si no fuera suficiente con la inútil y absurda Ley contra pinchazos en el Metro aprobada hace unos meses en la Ciudad de México, esta semana avanzó con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones la Ley contra la Extorsión.
Y aunque tiene puntos positivos como homologar el delito en las 32 entidades del país, deja entrever fallas que, lejos de corregirse, se acrecentaron en medio del proceso legislativo, simplemente porque vienen desde el origen y porque en el fondo, a pesar de sus discursos, lo único que les importa es su cálculo político.
Pero vamos por partes. La nueva ley contra la extorsión avalada por la Cámara de Diputados pretende dar una respuesta urgente al crecimiento de un delito que ha aumentado 58% en los últimos seis años, según cifras oficiales, y que devora a diario a pequeños empresarios, comerciantes, transportistas y familias enteras.
La intención puede ser buena, pero no hay resultados.
La ley supuestamente pretende ayudar a las víctimas de este ilícito, pero su hechura y aval abren un panorama inquietante, pues difícilmente logrará golpear a fondo la estructura de impunidad que sostiene a la extorsión en México.
El truco está en los detalles… y en la letra chiquita.
La mayoría oficialista aceptó reservas que reducen las sanciones —que iban hasta 25 años de prisión en casos agravados— para servidores públicos que omiten denunciar.
De un rango original de entre 10 y 20 años, un funcionario recibirá apenas de 5 a 12 años de cárcel.
¿Cómo se interpreta esto? Que el verdadero problema no solo es la extorsión visible, sino la complicidad silenciosa. Al rebajar la sanción al cómplice, se garantiza impunidad institucional.
La extorsión no es un delito aislado. Se nutre de redes complejas que incluyen a penalistas corruptos, operadores de centros penitenciarios y autoridades locales que se hacen de la vista gorda.
En el debate, la oposición expuso el verdadero problema: “¿Por qué bajan la sanción al funcionario que omite y favorecen al extorsionador?”.
La respuesta oficialista fue escueta y argumentó un recurso jurídico que se conoce como “racionalidad punitiva”.
En otras palabras: la omisión no es tan grave como la extorsión, pero en el tablero real, la omisión es lo que permite que el cobro de piso y los llamados montachoques proliferen sin control.
Sin presupuesto adicional, sin mecanismos de seguimiento claros, sin Estado que garantice protección al denunciante, la ley se queda en un bonito papel.
El desánimo de la ciudadanía se refleja en que, según estudios recientes, casi el 97% de las víctimas de extorsión no denuncia.
Se cambian las leyes, pero no se transforman las estructuras.
Esta nueva ley se convierte entonces en un pacto: se ampara al Estado como víctima formal —una estrategia que sí puede consolidarse—, pero, al mismo tiempo, legitima la impunidad al permitir que servidores públicos evadan castigos reales.
Mientras la extorsión crece —aumentó más del 20 % entre enero y septiembre de este año—, el mensaje que manda el Congreso es claro: endurezco lo mínimo, protejo lo mío.
Si esta ley fuera una promoción, diría: “La extorsión tendrá hasta 25 años”. La letra pequeña añade: “Pero si eres colega del funcionario que omite denunciar, te caerán apenas hasta 12 años”.
La lección es doble: legalmente, se dio un paso importante. Pero políticamente, se permite, años más, que la corrupción institucional siga siendo músculo del cobro ilegal.
Y mientras esto sucede, las víctimas siguen siendo “un daño colateral” de una ley que celebra su aprobación, pero descuida su eficacia.
Sotto voce
Desde este espacio enviamos nuestro más sentido pésame al licenciado Carlos Salomón por el lamentable fallecimiento de su sobrino. Queridísimo Carlos, te mando un abrazo con todo mi cariño y gratitud…
El senador Félix Salgado Macedonio propuso que en la reforma electoral del próximo año quede estipulado que no se hagan campañas anticipadas con volantes, bardas y anuncios espectaculares, pero señaló que Morena debe poner el ejemplo evitando la promoción prematura de aspirantes o precandidatos que no conoce nadie.
El legislador planteó campañas cercanas a la gente, pues está demostrado que así es como se ganan las elecciones.