Cristián Riego por caso Muñeca Bielorrusa: “Vivanco no actuó sola, aquí hay otros ministros involucrados”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, analizó la arista del caso Audios denominada “Muñeca Bielorrusa”, que apunta a una red de corrupción judicial en torno a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, destituida en 2024 por falta de probidad.

“Aquí estamos frente a un nivel de corrupción probablemente desconocido en la justicia chilena, gravísimo y que yo creo que es indispensable investigar muy a fondo porque (si no) realmente esto sí que nos lleva por un despeñadero”, dijo Riego. 

Como contexto el abogado explicó que a partir de los audios del abogado Luis Hermosillo y la expulsión de la exministra Vivanco por tráfico de influencias, surge esta arista. “Allí se juntan ambas cosas y se llega a lo que sabemos que, aparentemente, ha habido una coima pagada por esta empresa (Belaz Movitec SpA.) a los abogados (Mario Vargas y Eduardo Lagos) y por la vía de los abogados, al marido de la señora Vivanco (Gonzalo Migueles) y además este señor ha tratado de lavar este dinero, de limpiarlo, aparentando una operación que involucra a dos conservadores de bienes raíces, con los cuales él tenía relaciones previas. En consecuencia, todas estas personas van a estar imputadas por estos delitos. La ministra misma no porque se requiere un procedimiento previo ante la Corte Suprema que autorice su juzgamiento”, señaló. 

“Estamos aquí frente a un caso muy superior y mucho más grave de lo que habíamos visto tradicionalmente y lo que habíamos criticado, por lo menos en mi caso yo siempre he sido muy crítico de lo que llamábamos el tráfico de influencia, básicamente para conseguir nombramiento. Después se empezó a manifestar en una segunda etapa, yo diría, mucho más preocupante, tráfico de influencia para conseguir información sobre los casos y eventualmente para influir en ellos, típico lo que pasó con Hermosilla”, sostuvo.

En esa misma línea, Riego indicó que la existencia de eventuales “coimas a los jueces para conseguir un fallo” es una situación que la justicia chilena debe descartar que esté ocurriendo, pues no se había conocido con anterioridad. “Aquí estamos frente a un nivel de corrupción probablemente desconocido en la justicia chilena, gravísimo, que creo que es indispensable investigar muy a fondo porque (si no) realmente esto sí que nos lleva por un despeñadero”, enfatizó.

“O sea, si efectivamente esto es más que una jueza, que por lo demás venía llegando, digamos, que eso podría ser un elemento positivo, pero si esto es algo más que lo que aparece, o sea, si hay más personas involucradas o si hay una práctica de este tipo instalada, aunque sean grupos minoritarios de jueces, estamos en una crisis institucional muy severa”, agregó.

Si bien afirmó que es relevante esperar la investigación, Riego sostuvo que “la ministra Vivanco no actuó sola, aquí hay otros ministros involucrados que tendrán que ser investigados, sus motivaciones“.

“Pero también es cierto que una presidenta de una sala a veces tiene bastante influencia, por lo menos en la manera en que programa el caso y a lo mejor puede tener cierta influencia en la manera que el caso se presenta, pero sin duda que esto requiere una investigación mucho más detallada sobre el conjunto de lo que ha ocurrido y además una atención para el futuro, porque estamos frente a un escenario que en Chile era desconocido”, manifestó.

Sobre qué sanciones podrían tener los involucrados en esta arista del caso Audios, Riego afirmó que “este tipo de materia fueron objeto de una reforma posterior a los casos de financiamiento de la política, que subió las penas por lo menos en los delitos de cohecho, soborno y en el caso de tráfico de influencia las penas dependen del delito principal”.

Así, expuso que: “En consecuencia, yo diría que afortunadamente, a diferencia de lo que ocurrió en los propios casos de financiamiento de la política, estos delitos tienen penas significativas, o sea, son penas que llegan sobre los cinco años. Por lo tanto, son de crimen y eso tiene una serie de consecuencias respecto de la prisión preventiva así como respecto del cumplimiento efectivo de las penas con posterioridad”.