Bolsonaro entre rejas: impacto interno, aliados en Washington y la batalla electoral brasileña

Jair Bolsonaro, el expresidente y líder de la ultraderecha brasileña, comenzó este martes a cumplir la condena de 27 años de prisión que le fue impuesta por su responsabilidad en un intento de golpe de Estado.

La sentencia empieza a correr mientras se encuentra en un pequeño cuarto de apenas doce metros cuadrados, dentro de la sede de la Policía Federal. La sala es austera, una cama individual, una mesa pequeña, un televisor y algunas estanterías de madera, sin ningún adorno. Ese es el espacio donde Bolsonaro, a sus 70 años, inicia el período más difícil de su vida política y personal. Su traslado definitivo ocurrió después de que intentara quitarse con una soldadora la tobillera electrónica que lo mantenía bajo arresto domiciliario. Él atribuyó el episodio a “alucinaciones” producidas por medicamentos antidepresivos.

El martes, el juez Alexandre de Moraes —figura clave del Supremo Tribunal Federal— dio por cerrado el proceso, señalando que todos los recursos habían sido agotados. Con ello, la sentencia quedó firme y Bolsonaro tuvo comenzar de inmediato el cumplimiento de la pena. El tribunal aún debe definir si el lugar de reclusión definitivo será esta misma sede policial o una celda especial en un complejo penitenciario.

La defensa del exmandatario anunció que insistirá en la prisión domiciliaria alegando motivos “humanitarios”, debido a la edad del expresidente y su deteriorado estado de salud.

Pero el caso Bolsonaro no termina allí. Varios de sus colaboradores más cercanos también comenzaron a cumplir condenas. Dos generales de alto rango y exministros de su gobierno —Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira y Augusto Heleno— están encarcelados en dependencias militares en Brasilia. El excomandante de la Marina, el almirante Almir Garnier Santos, fue arrestado por la propia Marina. Y el general Walter Braga Netto, su exministro de Defensa, permanece detenido desde diciembre.

A ellos se suma el exministro de Justicia, Anderson Torres, destinado a una penitenciaría para policías y detenidos especiales. Y otro hombre clave, el exjefe de inteligencia Alexandre Ramagem, recibió una condena de 16 años, pero huyó recientemente a Estados Unidos para evadir la prisión.

Ahora bien, para Bolsonaro, la condena por el intento de golpe es solo una parte del escenario judicial que enfrenta. En paralelo, existen múltiples investigaciones en curso por presunta malversación, apropiación indebida de bienes públicos y falsificación de registros oficiales. Entre ellas, la acusación de intentar quedarse con lujosos juegos de joyas y relojes regalados por Arabia Saudita —propiedad del Estado brasileño— y que habrían sido ilegalmente vendidos en el extranjero. También se le investiga por supuestamente ordenar la falsificación de su certificado de vacunación para poder viajar a Estados Unidos en tiempos de restricciones sanitarias en el contexto de la pandemia.

No hay que olvidar que Bolsonaro fue uno de los líderes mundiales que peor gestionó la pandemia, la llamó “gripecita”, atacó la ciencia y cuestionó las vacunas. Así, Brasil acumuló más de 700 mil muertes por Covid-19.

En el marco de su condena, las declaraciones de sus familiares no se tardaron en aparecer. Su hijo Carlos, concejal en Río de Janeiro, aseguró que Bolsonaro está “psicológicamente devastado”.

Pero el rol de los hijos del expresidente no se limita al apoyo emocional. Cuatro de ellos han capitalizado políticamente el apellido Bolsonaro para ocupar cargos de influencia: Flávio es senador, Eduardo diputado federal, mientras que Jair Renan y Carlos ejercen como concejales. Eduardo, en particular, juega un papel crucial en la defensa internacional de su padre.

La estrategia política de la familia Bolsonaro tiene como epicentro a su aliado más poderoso: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La relación entre ambos es profunda, ideológica y estratégica. Eduardo Bolsonaro ha realizado varias visitas a Washington para reunirse con figuras clave del gobierno y del Partido Republicano, buscando presentar el juicio contra su padre como una persecución política. La narrativa es siempre la misma, Bolsonaro sería víctima de un sistema judicial “sesgado” y controlado por sus enemigos.

Trump no tardó en tomar posición. Calificó el juicio como una “caza de brujas” y pidió abiertamente que “dejen en paz a Bolsonaro”. Pero las acciones del gobierno estadounidense fueron más allá de las declaraciones, bajo la Ley Global Magnitsky, el Departamento del Tesoro sancionó al juez Alexandre de Moraes, congeló sus bienes en Estados Unidos y revocó las visas de él y parte de su familia.

Las tensiones escalaron aún más cuando la administración Trump impuso un arancel adicional del 40% a productos brasileños, elevando algunos impuestos a la importación hasta un total del 50%. Ante este escenario, el gobierno de Lula da Silva inició negociaciones de emergencia y logró que se aprobara una orden ejecutiva retirando gran parte de esos aranceles, especialmente sobre exportaciones agrícolas.

Para Lula, la situación es un equilibrio delicado, defender la soberanía judicial de Brasil frente a las presiones de Trump, pero sin poner en riesgo la relación comercial con el principal mercado del mundo. Tras su última reunión, Trump no ha vuelto a referirse al tema, aunque la incertidumbre siempre rodea sus movimientos.

En este contexto de polarización global y presiones externas, Brasil se encamina hacia nuevas elecciones presidenciales en menos de un año.

Lula, a sus 80 años, confirmó que buscará un cuarto mandato y cuenta con el respaldo firme de la izquierda. Sin embargo, el oficialismo ya maneja un “plan B”, Fernando Haddad, actual ministro de Hacienda, una figura bien posicionada y que representa continuidad, pero con un estilo más técnico.

Mientras tanto, la derecha vive un momento de reorganización. La prisión de Bolsonaro abrió una disputa interna por el liderazgo del sector. El movimiento está dividido en dos bloques principales. Por un lado, el ala radical, el bolsonarismo puro, encabezado por  la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro y los hijos del expresidente. Su apuesta sería presentar a Michelle como candidata, capitalizando la identidad del movimiento y su base más fiel.

Por otro lado, está la derecha pragmática, encabezada principalmente por gobernadores y líderes regionales que comparten la agenda conservadora, pero se alejan de la confrontación extrema. Aquí la figura más sólida es Tarcísio de Freitas, el gobernador de São Paulo, quien fue ministro de Bolsonaro pero ha logrado construir una imagen más moderada y viable para un balotaje. Otros nombres, como Romeu Zema y Ronaldo Caiado, también se posicionan como alternativas en un espacio de derecha más tradicional.

En definitiva, Brasil vive una tormenta política cuyo impacto se extiende más allá de sus fronteras. La condena de Bolsonaro no solo redefine el futuro del país, sino que se entrelaza con la política exterior de Estados Unidos, las tensiones ideológicas globales y la disputa interna por el liderazgo de la derecha. Al mismo tiempo, avanza la cuenta regresiva hacia las elecciones, el escenario sigue abierto, polarizado y profundamente impredecible.