Congreso y Ley de Vivienda 2025: el dato que cambia el papel de los fondos
El Congreso de los Diputados rechazó admitir a trámite la propuesta de Sumar para impedir que fondos de inversión, empresas o personas jurídicas pudieran comprar viviendas en España, según recoge el registro oficial. La abstención del PSOE —junto al PNV— inclinó la balanza frente a los apoyos de ERC, Bildu, BNG, Podemos y Compromís. En el otro lado, PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria votaron en contra.
En un mercado donde el precio de la vivienda subió un 4,2% interanual según el INE y el esfuerzo de compra alcanza ya el 33,7% de la renta media (MITMA, 2024), la tensión política se mezcla con una realidad que se nota en los ascensores, en la oficina y en cada búsqueda de piso en portales. Aun así, el elemento decisivo de esta votación no está en los discursos, sino en una cifra que condiciona los próximos meses.
El dato que cambia la lectura del rechazo del Congreso
| Variable | Valor | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| Compras de vivienda por empresas | 5.300 operaciones | 2023 | Banco de España |
¿Por qué este dato pesa más que la votación?
- Porque es el volumen real sobre el que actúan fondos, SOCIMI y patrimoniales.
- Porque marca la tendencia de 2024-2025 tras los tipos altos del BCE.
- Porque explica qué impacto tendría (o no) una prohibición de compra.
A partir de aquí, el análisis adquiere más relieve. El diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, defendió que la compra de viviendas por fondos está hoy “más del doble que en el pico de 2008”. Esa afirmación, sin embargo, contrasta con los datos del Banco de España: aunque las compras corporativas han crecido, siguen representando un porcentaje minoritario frente al total de transacciones —algo que ya advertían los técnicos en su informe de otoño de 2024.
Las dudas jurídicas: PNV y Junts
El PNV cuestionó que la prohibición propuesta fuera temporal y acotada, lo que a su juicio complica su encaje constitucional. Junts añadió que una restricción total podría reducir la oferta, afectar promociones en curso y “distorsionar” el mercado.
Ambas posturas coinciden con el dictamen del Consejo General del Notariado de febrero de 2024, que alertó: “Una limitación estructural a la compraventa por personas jurídicas requiere justificar un interés general intenso y delimitado en el tiempo”.
La lectura política del PSOE
El socialista Gabriel Blanco defendió que el Ministerio de Vivienda está realizando “un esfuerzo inmenso” y pidió a Sumar que no desgaste la acción del Gobierno. Blanco citó el 047, la nueva línea de atención a consultas de vivienda, como ejemplo de gestión práctica.
Lo cierto es que este gesto abre un nuevo escenario: el PSOE no cerró la puerta a “medidas alternativas”, pero tampoco avaló la propuesta de Sumar. Fuentes de la negociación señalan que el grupo socialista teme que una prohibición total espante inversión extranjera en rehabilitación energética, un capítulo donde España arrastra retrasos respecto a la media europea (Eurostat apunta un déficit del 27% en renovación eficiente frente a la UE-27).
Qué significa esto para compradores, inquilinos y el mercado
1. Para quien busca alquilar
- La tensión de precios sigue: el INE registró un aumento del 2,9% en nuevos contratos en 2024.
- La oferta en grandes ciudades continúa reducida: Madrid y Barcelona acumulan caídas del stock del 18% frente a 2022.
2. Para quien quiere comprar
- Los tipos del BCE mantienen hipotecas medias en torno al 3,6% TAE.
- Un piso de 65 m² que costaba 240.000 € en 2021 ronda hoy los 265.000 €.
3. Para fondos y empresas
Aquí entra en juego el dato clave: las 5.300 compras corporativas anuales. Su volumen real es suficientemente grande para influir en zonas concretas, pero demasiado pequeño para determinar por sí solo la evolución de precios a escala nacional. Es la conclusión del informe del Banco de España de junio de 2024, que añadía: “El impacto agregado de los grandes tenedores es relevante en áreas tensionadas, pero no sistémico en el conjunto del mercado”.
¿Qué puede pasar ahora?
Escenario probable, según técnicos consultados:
- Reforma parcial de la Ley de Vivienda, enfocada en límites de alquiler y grandes tenedores.
- Regulación autonómica diferenciada, especialmente en Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana.
- Mayor fiscalización de sociedades que operan con compra masiva.
En otras palabras: no habrá prohibición total, pero sí más control. A pie de calle, el resultado será menos visible que la votación. El mercado seguirá tensionado por oferta escasa, salarios estancados y tipos altos. Y ahí, los fondos son un actor más —importante, pero no el único— de un puzle cada vez más complejo.