Ezio Costa y eventuales retrocesos en medioambiente: “La extrema derecha se opone a la ciencia y a la protección de lo colectivo”

Por estos días, mientras el mundo digiere los resultados de la COP30, las conclusiones del director de ONG FIMA, Ezio Costa, apuntan a un diagnóstico dual: un avance lento y tensionado en el marco global, junto a una hoja de ruta ambiental chilena que se vuelve cada vez más vulnerable a decisiones políticas internas, especialmente ante el posible ascenso de un gobierno de extrema derecha.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el también abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Casa de Estudios, realizó una crítica estructural a la reciente COP30. Por diseño, a su juicio, avanza más lento que la crisis climática. “Hay una crítica al hecho de que en la COP en general, no solo en esta, no se logren los acuerdos que realmente modifiquen las condiciones de manera rápida”, expresó.

En esa versión, la gran deuda fue evidente: la ausencia de un mapa de salida de los combustibles fósiles. Aunque Brasil y varios países intentaron impulsar una hoja de ruta concreta, el esfuerzo chocó con el bloque de países petroleros y la influencia de la industria fósil. “La manera más efectiva de combatir la crisis climática es dejar de producir gases de efecto invernadero y para eso hay que dejar de usar combustibles fósiles”, aclaró Costa.

Pese a ello, surge un hito paralelo: varios países anunciaron un foro independiente para negociar un acuerdo de no proliferación de combustibles fósiles, con una primera reunión en abril en Colombia.

Chile tras la COP30

Para Chile, esto no deja de ser relevante. En la lectura que hace Costa del escenario actual, la salida global de los fósiles es un beneficio neto para el país. “Chile ni siquiera tiene combustibles fósiles; no es un problema económico. Salir de ellos y tener energía renovable asegura soberanía energética, mejores condiciones económicas y un mejor planeta”, aclaró.

Por ello, para el director de FIMA, cualquier autoridad política -de cualquier signo- debería entender que apoyar estos acuerdos no solo es un imperativo ambiental, sino también una ventaja económica.

“Para un país como Chile esto es evidentemente pura ganancia. Y eso debería tenerlo muy en cuenta cualquier político y cualquier signo, digamos que sea presidente, que sea diputado, debería entender que el beneficio para Chile está tanto en proteger al medioambiente y las personas, como en este caso algo que económicamente es bueno para el país”, señaló.

Costa destacó acerca del rol del Estado de Chile en la COP30 que sigue siendo un actor relevante en negociaciones climáticas. Así valoró que se mantiene una reputación de “un gran dialogador” dentro de América Latina, facilitando acuerdos y entregando seguridad.

“Chile lo que hace es empujar las posiciones que son más cercanas a la protección de la naturaleza y protección de las personas”, destacó Costa.

 

Avances y tensiones dentro del país

Chile ha tenido un crecimiento significativo de energías renovables, lo que Costa considera un avance real. Sin embargo, ese progreso convive con un movimiento constante —proveniente de distintos gremios empresariales— que busca reducir los estándares ambientales y debilitar regulaciones clave. “Deshacerse de la regulación ambiental es traspasarle daños a las personas”, alertó.

El riesgo, explica, no es abstracto: “Si no hay un sistema de permisos fuerte que asegure que ciertas industrias no van a producir daño, lo harán y ese daño significa que van a enfermar personas, territorios se van a contaminar, se van a destruir”.

A esta tensión se suma el rol estratégico de recursos ligados a la transición energética mundial —como el litio o el hidrógeno verde—, cuya explotación debe equilibrarse con la protección de ecosistemas frágiles. Costa es enfático: Chile no puede sacrificar a sus comunidades ni destruir ecosistemas “para facilitar la vida de los inversionistas”.

El punto de equilibrio, expone el académico, no es acelerar proyectos, sino hacerlos bien, con procesos profundos, decisiones informadas y el reconocimiento —poco asumido en Chile— de que hay zonas donde simplemente no se puede intervenir.

“Uno no puede construir una minera o una salmonera dentro de un parque nacional, porque los parques nacionales son un lugar de protección ambiental. ¿Significa eso que no se puede poner ninguna minera o no se puede poner ninguna salmonera en el país? Por supuesto que no, se puede hacer esas actividades”, aclaró Costa.

Futuro ante un cambio de gobierno

Por lo anterior, el punto más sensible, y donde Costa muestra su preocupación, es el futuro político chileno. A meses de un nuevo cambio de gobierno, advierte que un giro hacia la extrema derecha podría impactar fuertemente la agenda ambiental.

“Muy lamentablemente las ideologías de extrema derecha se oponen a la ciencia y a la protección de lo colectivo”, señala. Eso podría traducirse en intentos por desmantelar regulaciones, retroceder en estándares ambientales o incluso debilitar la base científica que sustenta las políticas climáticas.

“Si llegamos a tener un gobierno de extrema derecha, si quienes gobiernan lo hacen solamente dándose gustos ideológicos y tratando de destruir las ideas que no les gustan, vamos a tener graves problemas. Vamos a tener más gente enferma, más territorios secos, vamos a tener un futuro peor”, mencionó, agregando que independiente de quién gane la elección, “espero que prime la razonabilidad”.

“Chile es un país que ha sido, después de la dictadura, un país institucionalmente estable. Donde nos respetamos unos con otros a pesar de tener diferencias políticas. Voy a simplemente apelar a esa estabilidad. Y aunque tengamos un presidente, que en mi caso no me parezca razonable políticamente, ojalá al menos tenga ese sentido de institucionalidad, y por lo tanto continúe con las políticas ambientales y climáticas que Chile necesita”, enfatizó Costa.

No obstante, admite que lo ve difícil: “No he visto disposición al diálogo ni a mantener políticas ambientales mínimas”.

Para Costa, hay una serie de urgencias que se deben atender en los próximos meses, más allá del cambio de gobierno: la crisis hídrica. “Es nuestro desafío número 1, 2 y 3”, aseguró.

“Chile se está secando, se va a seguir secando. Hay cuencas donde hay graves problemas hídricos, hay un montón de personas en Chile que no tienen acceso al agua y no hemos hecho nada para resolver eso”, sostuvo.

La segunda gran prioridad es la calidad del aire: la contaminación crónica en la mayoría de las ciudades del país está enfermando a la población y es, nuevamente, resultado del uso de combustibles fósiles y sistemas de calefacción contaminantes. “El aire en Chile no es de buena calidad, respiramos un aire contaminado en la mayoría de las ciudades”, expone con preocupación el abogado.

Ambos problemas —agua y aire— son urgentes, básicos y requieren políticas profundas y sostenidas. “Hay que generar políticas y facilidades para que transitemos hacia un uso de energía que no genere estos gases, de manera de mejorar nuestra salud, es una cuestión bastante básica”, cerró.