La cotizaciones de los autónomos enfilan el camino de una prórroga en 2026

A estas alturas del año los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia desconocen qué cotizaciones tendrán que pagar a la Seguridad Social el año próximo. Y esto es así porque el Gobierno no ha sido capaz de cerrar un acuerdo con las organizaciones de autónomos para actualizar los pagos que sirva para una posterior convalidación en el Parlamento. Sus propuestas han logrado, además, poner en pie de guerra a prácticamente todo el arco parlamentario, incluidos sus propios socios. Algunos como Junts están preparando su propia alternativa, después de que el PP presentara la suya. Desde el 20 de octubre el departamento que dirige Elma Saiz no se ha reunido con el colectivo para negociar un nuevo esquema de tramos y cuotas para el periodo 2026 a 2028; aquel fue el último encuentro después de que su departamento tuviera que dar marcha atrás al alza prevista del 35% por la fuerte presión de los partidos políticos y presentara un nuevo plan que tampoco convenció. No ha movido ficha desde entonces. Sin acuerdo previo con las asociaciones, lograr el aval de las Cortes es misión prácticamente imposible y la aritmética parlamentaria no permite al Ejecutivo sacar adelante sus propuestas. Todo apunta, por tanto, a que el esquema de aportaciones de los autónomos al sistema comenzará congelado el nuevo curso, según las fuentes consultadas. Los cambios en los pagos de los autónomos obedecen a que hace tres años el Gobierno firmó con ATA, Upta y Uatae un acuerdo que preveía que en este 2025 debían revisarse y actualizarse las cuotas con el objetivo de llegar a 2032 con un esquema que equipare las cotizaciones de estos trabajadores, y también sus prestaciones, con las de los asalariados. El nuevo sistema se puso en marcha en 2023 y con él se ponía fin a que los autónomos decidieran, como hasta entonces, cuánto aportaban a la caja común. La libre elección de la base de cotización se sustituyó por tramos en los que se encuadran en función de los ingresos reales declarados. Un fórmula que, en la práctica, ha llevado asociada un problema de exceso de cotización en el caso de los pluriempleados . Reparar esta disfunción está siendo uno de los objetivos de la patronal que dirige Lorenzo Amor. La presión de esta patronal, junto al rechazo político, ya forzaron a la Seguridad Social a apearse de su propuesta inicial de subir hasta un 35% las cotizaciones. Como alternativa, el Ejecutivo puso sobre la mesa un modelo que congelaba las aportaciones en 2026 para los que ganaran hasta 1.167 euros mensuales, los encuadrados en los tres primeros tramos con rendimientos más bajos, la denominada tarifa reducida. Para el resto de trabajadores, los que tienen ingresos netos superiores al salario mínimo, planteó alzas de entre el 1% y el 2,5%, que se corresponden con los que ganan entre 1.167 euros al mes y 6.000 euros . La oferta estaba a años luz del primer planteamiento, con incrementos para los tres millones de autónomos, con independencia de sus ingresos y crecimientos de sus cuotas entre 200 y 2.474 euros al mes . Pero la propuesta tampoco convenció porque no iba acompañada de una mejora de derechos para el colectivo. Desde el Ejecutivo se ha estado defendiendo la senda de subidas de cotizaciones argumentando que se traducen en «derechos», porque mejoran la protección social con mayores pensiones de jubilación y prestaciones de paro , pero desde ATA se ha insistido, sin embargo, en el «afán recaudatorio»; la patronal ha exigido que se cumpla y equiparen derechos y protección con la que tienen los asalariados. Las líneas rojas para esta organización están en lograr mejoras como el subsidio de paro para mayores de 52 años que ya disfrutan los asalariados y también el permiso de lactancia para las trabajadoras, además de que el cede de actividad, que ahora se rechaza en el 60% de los casos , sea automático... Son algunas de las propuestas que se incluyen en la «Reforma integral del trabajo autónomo» que ATA ha entregado a los grupos políticos, 60 medidas cuyo espíritu es menos trabas, más protección , impulsar el emprendimiento y el relevo generacional. El Ministerio de Seguridad Social ha mostrado en todo momento un talante negociador pero, en la práctica, no ha dado pasos en este sentido desde hace más de un mes. Entre tanto, el principal partido de la oposición asumía el grueso de estas peticiones y contraatacaba con un 'contrato' con diez medidas como no pagar cuotas por bajas por enfermedad grave , más facilidades para trabajar después de la jubilación y reconocer la prestación por lactancia, además del subsidio para mayores de 52 años, y el compromiso de que no se coticé por encima de la base máxima del sistema cuando esté en pluriactividad, entre otras.