El derecho a comprar el pan o ir a la farmacia: cuando la accesibilidad es un lujo

«Acompáñenme un día cualquiera: ir a por el pan, pasar por la farmacia, devolver un libro en la biblioteca. ¿Qué podría salir mal? Tengo la ley de mi parte, ¿no?». Con esta invitación directa y brutalmente sencilla, José Raúl Pérez Cordero , de ASEM Castilla-La Mancha, ha roto el silencio del salón de plenos del convento de San Gil, en Toledo, en la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha. Lo que siguió fue un crudo relato de una realidad cotidiana: bordillos imposibles, aceras bloqueadas por farolas, obras sin itinerarios alternativos, puertas que no puede abrir, un ascensor averiado desde hace semanas, una plaza de aparcamiento ocupada por quien no debería. Y una dura conclusión: «Cualquier día de cualquier persona con discapacidad es así. Vivimos en modo difícil». Ha sido durante la celebración el pleno social del Cermi con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, pero lo que ha resonado en la Cámara no han sido peleas políticas y discursos solemnes, sino vidas. Vidas que cada mañana se topan con barreras que la ley prohíbe pero que la realidad mantiene. Vidas que reclaman empatía, voluntad política y una accesibilidad que no se quede en el papel. En las Cortes de Castilla-La Mancha, este lunes se habló de derechos humanos, de no retroceder, de la necesidad urgente de una nueva Ley de Accesibilidad. Pero, sobre todo, se escuchó. Isabel, Beatrisa, Luis, Alberto, Alfonso, Francisco, Rocío, Abigail, María… y un emocionado Marcelino, que confesó la carga simbólica de poder hablar «desde arriba», desde esa tribuna que durante tantos años no fue accesible: «Nos acerca a ser personas normales». El pleno, que llevaba por lema «La accesibilidad universal como derecho llave para la inclusión», reunió a representantes de todos los grupos parlamentarios —PSOE, PP y Vox— y se transformó en un altavoz directo del movimiento social de la discapacidad en Castilla-La Mancha. El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, abrió la sesión reivindicando que este pleno social existe «para visibilizar, dar voz y aprender». Recordó avances impulsados desde 2019 —lectura fácil en las leyes, reformas del salón de plenos, bucles magnéticos, adaptación de ascensores, intérpretes de lengua de signos—, pero reconoció que «aún quedan cosas por hacer». Entre las medidas que anunció destacan: subtitulado de todos los plenos, para que también las personas sordas no signantes puedan seguir la actividad parlamentaria y una maqueta tiflológica del edificio de San Gil, en colaboración con el Grupo ONCE, para que las personas ciegas puedan conocer y disfrutar la sede del Parlamento. A lo largo del acto, las personas con discapacidad expusieron barreras que afectan a su autonomía y a su participación en la comunidad: la imposibilidad de entender a su médico si no hay apoyos a la comunicación, la falta de subtítulos en el cine, semáforos cuyo color no pueden identificar, aceras invadidas de obstáculos, transporte inaccesible, dificultades para acceder a un empleo, obras que cortan rutas sin itinerarios alternativos, o ascensores públicos que «llevan semanas averiados». Cada intervención añadió una pieza al mismo puzle: la accesibilidad universal sigue siendo una asignatura pendiente. La presidenta de Cermi Castilla-La Mancha, Cristina Gómez Palomo, lanzó uno de los mensajes más duros y más aplaudidos: «No vamos a permitir que los derechos que costaron sangre, sudor y lágrimas se diluyan como un azucarillo en el café. No basta con que estén en una ley. Hay que defenderlos cada día». Reclamó también una Europa con más «alma social» y pidió que Castilla-La Mancha «tire del carro» para que la futura Ley de Accesibilidad sea ambiciosa, exigente y vinculante. El comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, defendió que la nueva ley autonómica debe garantizar igualdad de oportunidades «viva quien viva en un entorno rural o urbano», con o sin una limitación temporal o permanente. En la misma línea, el director general de Discapacidad, Francisco Armenta, r esumió la filosofía que guía el trabajo del Ejecutivo: «La accesibilidad es la condición que permite que el resto de derechos se hagan realidad». Cermi Castilla-La Mancha recordó que la accesibilidad universal debe dejar de ser «una promesa aplazada» para convertirse en una obligación supervisable y dotada de recursos. Y pidió que los fondos europeos condicionen su concesión al cumplimiento estricto de los derechos de las personas con discapacidad. El acto se enmarca en el manifiesto del Cermi Estatal «40 años de España en la Unión Europea: sin dimensión social no hay Europa». El pleno social ha dejado una enseñanza clara: mientras una persona no pueda abrir la puerta de la biblioteca de su pueblo, o deambule por la carretera porque la acera no es transitable, o dependa de que alguien le atienda desde una ventana porque un escalón lo impide, la igualdad no es real. El relato de José Raúl —ese paseo por su localidad, la Puebla de Montalbán, que termina en una silla descargada, una plaza ocupada indebidamente y un coche que no puede acercarse a la biblioteca— no fue un caso aislado: es la experiencia diaria de miles de personas. Hoy, al menos, se escuchó en la sede donde se hacen las leyes.