Yolanda Díaz obligada a revelar cuánto le costó su viaje a Budapest para promocionar el Orgullo
- Un viaje envuelto en contradicciones
- La reclamación y el silencio administrativo
- El Consejo reprende a Trabajo por ocultar datos
- La sombra sobre la comitiva de Díaz
- La pregunta de fondo: quién paga el viaje
- El precedente de otros viajes
Así lo ha ordenado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ha estimado dos reclamaciones presentadas tras el silencio de su ministerio.
Según consta en la resolución a la que ha tenido acceso Confidencial Digital, Trabajo no contestó en plazo a ninguna de las solicitudes formuladas a través del Portal de Transparencia, lo que ha obligado al Consejo a intervenir y exigir que se revelen los detalles ocultos del desplazamiento.
Un viaje envuelto en contradicciones
El viaje, realizado el último fin de semana de junio, fue anunciado por la propia agenda oficial del Gobierno. La vicepresidenta y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, viajaron a Hungría para apoyar al colectivo LGTB “frente a los intentos del gobierno de Víktor Orbán de prohibir las celebraciones del orgullo”, según declararon entonces.
Ambos participaron el 27 de junio en un acto en el Centro Cultural Eötvös10, organizado y financiado por el Ministerio de Cultura y la Fundación Pedro Zerolo. La cita incluía la proyección de tres cortometrajes —Violetas, Bullying (el quinto vagón) y Pancarta— que abordaban la identidad, la memoria y la libertad.
Tras el evento, el Ayuntamiento de Budapest organizó una recepción y, al día siguiente, Díaz y Urtasun mantuvieron una reunión con el alcalde Gergely Karácsony.
Pero mientras en Hungría se sucedían los actos públicos, en Madrid comenzó una maraña de contradicciones. El Ministerio de Cultura llegó a negar que el viaje fuera oficial, pese a que figuraba en la agenda de Moncloa.
Trabajo, por su parte, reconocía el desplazamiento como institucional, aunque afirmaba que no se había generado ningún expediente de gasto, igual que Cultura. La pelota iba de un departamento a otro sin que nadie ofreciera una versión coherente.
La reclamación y el silencio administrativo
Ese silencio es precisamente el hilo conductor de las resoluciones del Consejo. La primera solicitud, presentada el 30 de junio, pedía el coste total del viaje, con desglose de transporte, alojamiento y manutención.
El Ministerio de Trabajo no respondió. Según consta en la resolución, el Consejo tuvo que recordar que la ley exige contestar en un plazo máximo de un mes y que ese retraso vulnera un derecho constitucional básico: el acceso a la información pública.
La segunda petición, registrada el 27 de junio, reclamaba información más detallada: la relación completa de integrantes de la comitiva, la documentación que justificaba la necesidad del viaje y la comunicación realizada al Presidente del Gobierno para su autorización. Trabajo tampoco contestó.
Ambas reclamaciones llegaron al Consejo en agosto. En los dos casos, el organismo independiente solicitó al ministerio el expediente completo y las alegaciones pertinentes. Tampoco hubo respuesta. Páginas enteras de las resoluciones hablan de la ausencia absoluta de colaboración por parte del departamento de Díaz.
El Consejo reprende a Trabajo por ocultar datos
El Consejo no se limita a ordenar la entrega de la información: recrimina la actitud del Ministerio de Trabajo. En ambas resoluciones se subraya que la Administración no puede “menoscabar injustificadamente” el derecho de acceso y que cualquier límite debe ser “proporcionado” y “justificado”, citando incluso jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En este caso —insiste el organismo— no existe ninguna causa legal que permita denegar la información.
Por ello, estima íntegramente las reclamaciones y obliga a Trabajo a entregar todos los datos solicitados en un plazo de diez días hábiles: costes, nombres y funciones de los acompañantes, justificación del desplazamiento y comunicación al presidente. Si no cumple, el asunto podría derivarse a la vía contencioso-administrativa.
La sombra sobre la comitiva de Díaz
El misterio sobre quién acompañó a la vicepresidenta ha sido otra pieza clave del caso. Vozpópuli ya informó de que el ministerio se negó a detallar la identidad de las personas que viajaron con ella.
Solo afirmó que Díaz estuvo “junto con un nutrido grupo de eurodiputados y representantes políticos nacionales y regionales” defendiendo los derechos fundamentales.
Sin embargo, la resolución exige conocer todos los nombres del personal público de nivel 28 o superior y el número y funciones del resto de acompañantes cuyos gastos fueron sufragados con dinero del Estado. Según consta en la resolución consultada por este periódico, el ministerio debe entregar esa lista de forma íntegra.
La pregunta de fondo: quién paga el viaje
El Consejo también señala que Trabajo tiene que aportar los justificantes que expliquen por qué la vicepresidenta debía desplazarse a Budapest para “el mejor desempeño de su función”.
Esa exigencia se vuelve especialmente relevante porque Trabajo y Cultura han asegurado públicamente que no cargaron gasto alguno a la Administración, pese a que se trataba de un viaje que ambos defendieron como oficial.
La resolución de costes añade más presión: si no existió gasto público, el ministerio deberá acreditarlo documentalmente. Y si lo hubo, deberá explicarlo con cifras exactas.
El precedente de otros viajes
Este caso no es aislado. A finales de verano, The Objective informó de que el Consejo de Transparencia había exigido al ministerio aclarar los costes de siete viajes más de Díaz, realizados a Francia, Suiza, Senegal, Italia, México, Pontevedra y Granada. La cartera de Trabajo solo había entregado información del desplazamiento a México.
El viaje a Budapest se suma así a una lista creciente de solicitudes de información cuya respuesta se había ido demorando, generando un patrón de opacidad que el Consejo intenta ahora corregir.