Plasencia activa la Ley de Segunda Oportunidad en un caso récord este 2025

Según la información facilitada por el despacho Herrero Lex y contrastada con la normativa vigente publicada en el BOE, la Ley de Segunda Oportunidad sigue registrando un aumento notable de solicitudes. Solo en 2024, los concursos de particulares crecieron más de un 11%, según datos del Banco de España, y el promedio de deuda acumulada por hogar superó los 32.000 euros, lejos —como se verá— de la cifra del expediente placentino.

En esta ocasión, el perfil económico de la afectada —trabajadora con nómina fija pero sin vivienda en propiedad— encaja en los supuestos de insolvencia recogidos en la reforma concursal de 2022. También en el patrón habitual de los avalistas familiares, una figura recurrente en los juzgados extremeños: nóminas modestas, créditos encadenados y un cuadro financiero que, a simple vista, parece una bola de nieve imposible de frenar.

Un expediente extraordinario por volumen y por impacto social

Variable	Valor	Fecha	Fuente
Deuda exonerada	1.200.000 €	2025	Juzgado de Plasencia

A partir del auto judicial se confirma la cifra inédita: **1,2 millones de euros** de deuda acumulada por varios créditos en los que la afectada actuó como avalista. Se trata de uno de los mayores volúmenes exonerados a una persona física en Extremadura y, según fuentes procesales, también de los más altos registrados en España bajo esta normativa.

Cómo se llegó a esa cifra

Lo que empezó como un gesto de confianza hacia familiares solicitantes de financiación terminó convirtiéndose en una cadena de obligaciones que devoraban su salario mensual. Ejemplo típico: una nómina de 1.300 euros frente a cuotas agregadas que superaban los 2.000 euros —algo que en cualquier hogar supondría dejar la nevera medio vacía y cruzar los dedos al pagar la factura de la luz—. Al impago inicial se sumaron intereses que rondaron los 200.000 euros, según detalla el abogado Marcial Herrero.

Buena fe: el filtro que decide los casos

La Ley de Segunda Oportunidad exige “buena fe del deudor”, un concepto clave que los jueces analizan minuciosamente. No se concede la exoneración a quien haya cometido delito económico, actuado con dolo o vaciado su patrimonio para esquivar pagos. La afectada superó ese filtro. «Era un caso de mala suerte financiera, no de mala praxis», explican desde Herrero Lex.

La doctrina es clara: si la persona colaboró durante el concurso, no falseó información y no posee patrimonio oculto, puede recibir el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI). El auto de Plasencia subraya precisamente esa conducta. Como señala el documento, fechado en octubre, «la concursada ha actuado con transparencia y sin resistencia a las actuaciones del administrador concursal».

Qué pasa con Hacienda y la Seguridad Social

Uno de los puntos más consultados en la SERP cuando los usuarios buscan “segunda oportunidad deudas” es si se cancelan también las obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La respuesta es parcial: solo se pueden exonerar hasta 10.000 euros por cada organismo. El resto queda aplazado, fraccionado o sujeto al plan de pagos.

Comparación con otros casos en España

• Un cacereño obtuvo la exoneración de 103.000 € en 2023.
• Una familia de Mérida logró cancelar 63.000 € el mismo año.
• El caso placentino multiplica por diez el promedio regional y supera en más de un millón el montante habitual de particulares.

Expertos consultados en la última actualización del Banco de España (2024) recuerdan que el endeudamiento por avales impropios —compromisos asumidos por solidaridad familiar— está detrás de más del 17% de los concursos de persona física. «No es raro que alguien avale sin medir el riesgo real; raro es que alcance estos niveles», apunta un magistrado especializado en mercantil que prefiere no dar su nombre.

El alivio emocional y económico tras el auto

Aunque el procedimiento es técnico, el impacto humano se percibe en cuanto se cruza la puerta del juzgado. La mujer explicó a su abogado que llevaba años «con una nube negra permanente», una metáfora que muchos deudores repiten cuando describen llamadas de cobro, embargos sucesivos o la imposibilidad de alquilar una vivienda sin miedo a nuevas ejecuciones.

Desde la notificación oficial del auto, la afectada queda liberada de los embargos previos y puede reorganizar sus ingresos. Según Herrero Lex, «ya es libre para rehacer su vida», aunque deberá respetar el plan de pagos residual relativo a los créditos no exonerables, principalmente los vinculados a administraciones públicas.

¿Podría repetirse un caso así?

Las estadísticas del INE y del Banco de España indican que el número de concursos de particulares seguirá al alza en 2025. El encarecimiento de las hipotecas, la subida del coste de vida y los avales cruzados dentro de las familias multiplican el riesgo.

¿Puede cualquier persona acogerse a esta ley? Sí, siempre que no disponga de patrimonio suficiente y cumpla el requisito de buena fe. Pero no es automático. «En la mayoría de expedientes los jueces rechazan la exoneración, habitualmente por falta de colaboración documental o por indicios de ocultación de bienes», advierte un informe de la CNMV publicado en septiembre.

Para quienes hoy hacen cola en un cajero de barrio calculando si llegarán a fin de mes, el caso de Plasencia actúa como recordatorio: la ley ofrece una salida, pero está lejos de ser un camino sencillo. Entre formularios, comparecencias y revisiones del administrador concursal, el proceso puede durar entre 12 y 24 meses.

El expediente de esta mujer, por volumen y por su desenlace favorable, ya circula entre profesionales como ejemplo de hasta dónde puede llegar la Ley de Segunda Oportunidad cuando concurren todos los requisitos. Y, sobre todo, como reflejo de algo más cotidiano: la línea fina que separa avalar por ayudar… y comprometer toda una década de ingresos.