Fraude supera los $20 mil millones: decretan prisión preventiva para siete médicos por emitir licencias médicas falsas

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para ocho imputados, siete médicos y un representante de un centro de salud, formalizados por su presunta participación en un esquema de emisión fraudulenta de licencias médicas, investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente.

Cabe recordar que, la causa se originó a partir de un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó a funcionarios públicos que, estando con licencia médica, viajaron al extranjero o asistieron a casinos. Estos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para indagar eventuales delitos asociados al uso irregular de estos permisos.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, entre 2021 y 2024 estos siete profesionales emitieron un total de 35 mil 978 licencias médicas, de las cuales 26 mil 559 fueron pagadas, generando un perjuicio fiscal estimado en más de 20 mil 871 millones de pesos al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), a través del pago de subsidios por incapacidad laboral.

Tras la audiencia, el fiscal adjunto de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, señaló que el tribunal resolvió la prisión preventiva al estimar que “la libertad de los imputados es un peligro para la seguridad de la sociedad”, considerando “los tipos de delitos formalizados, la existencia de un actuar en grupo y los bienes jurídicos comprometidos”.

El persecutor agregó que las licencias “no obedecen a actos médicos reales, ahí está la defraudación y el engaño”, cifrando el daño fiscal en “más de 20 mil millones de pesos al Fondo Nacional de Salud”.

En paralelo, la Fiscalía informó que solicitó audiencias para formalizar a 318 funcionarios públicos que habrían obtenido licencias médicas fraudulentas, correspondientes a 235 casos en un tribunal y otros 80 en una causa distinta. Según explicó el fiscal Pérez, se trata de “funcionarios públicos que adquirieron gran cantidad de licencias, que salieron del país con licencia médica o concurrieron a casinos”.

Desde las defensas cuestionaron la resolución del tribunal y los antecedentes de la investigación. El abogado Guido Aguilar, defensor penal público de uno de los imputados, se mostró disconforme con “el criterio del tribunal al decretar una cautelar tan intensiva”, agregando que “con una cautelar menos gravosa se habrían resguardado los fines del procedimiento y el éxito de la investigación”, razón por la cual evalúa presentar un recurso de apelación.

En la misma línea, el abogado Mario Ahumada, defensor de Krissy Mora, afirmó que cuestiona “la existencia propia del delito”, señalando que “en la carpeta investigativa solo existen situaciones estadísticas y administrativas que dan cuenta de una alta emisión de licencias médicas, pero no hay informes que acrediten que los diagnósticos sean falsos”. Además, sostuvo que no se configuran los presupuestos de una asociación delictiva, ya que “son imputados que no se conocen entre ellos”.

El abogado Pablo Puentes, defensor de uno de los médicos formalizados, sostuvo que se imputó una asociación delictiva “sin que ninguno de los médicos se conozca o se haya visto alguna vez”, y planteó la tesis de una eventual usurpación de identidad, indicando que “es físicamente imposible haber emitido más de 11 mil licencias presenciales cumpliendo jornadas laborales de hasta 14 horas diarias”.

El tribunal fijó un plazo de 120 días de investigación, periodo durante el cual la Fiscalía continuará con las diligencias y se realizarán las audiencias de formalización de los funcionarios públicos involucrados. Las defensas, en tanto, anunciaron que evalúan recurrir ante la Corte de Apelaciones.