Valparaíso, Coquimbo y Maule lideran multas por mal uso de agua
La ministra de Obras Públicas, Jéssica López, dio a conocer el balance de las fiscalizaciones realizadas durante el 2025 por la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP, destacando que se realizaron 2 mil 391 fiscalizaciones, de las cuales 796 terminaron en multas. Este resultado fue superior en un 6% respecto a lo resuelto el 2024 y un 102% mayor al logrado el 2020.
A nivel nacional, las regiones de Valparaíso (285), Coquimbo (243) y Maule (201) lideran con creces las fiscalizaciones resueltas. Las infracciones al Código de Aguas que fueron más multadas son por obras no autorizadas en cauces, incumplimiento al monitoreo de extracciones efectivas y la extracción no autorizada de aguas, las primeras dos con un total por sobre las trescientas cada una.
La ministra López destacó que “el resultado 2025 es el doble de lo resuelto en 2020, gracias al trabajo de la DGA de velar por el correcto uso de las aguas”. Además, destacó que frente al impacto de la sequía prolongada por casi 14 años en nuestro país, el buen uso del recurso hídrico “ha sido una preocupación constante de este gobierno”.
Resumen regional comparativo de fiscalizaciones y multas por mal uso de agua (2025 y 2020). Gráfico: MOP.
En cuanto al monto de las multas, la Región de Coquimbo encabeza con 2.299 millones de pesos (33.964 UTM) seguido de Valparaíso con 2.095 millones (30.128 UTM) y la Región de Arica y Parinacota con 985 millones de pesos (14.710 UTM).
La ministra López, subrayó que en la administración del Presidente Gabriel Boric se duplicó el número de fiscalizaciones. Asimismo, relevó la necesidad de mantener esta tendencia debido a que “la labor fiscalizadora del Estado en un tema tan esencial como el uso del agua es clave”.
Añadió que la función fiscalizadora de la DGA se ha reforzado, estimó que esa labor “solo puede ser incrementado y fortalecido a lo largo del tiempo, dada a la situación de escasez hídrica que vive nuestro país”.
El director general de Aguas (s) del MOP, Cristian Núñez, precisó que “de las 2 mil 391 fiscalizaciones resueltas, el 65,91% (1.576) fueron iniciadas por la DGA, lo que demuestra el interés del servicio por ejercer su facultad fiscalizadora y las originadas en denuncias de la ciudadanía alcanzaron el 34,28% (813) y solo un 0,08% obedece a dos autodenuncias. Esto refleja que la fiscalización desde el Estado es clave para velar por el buen uso de las aguas, y además se requiere que la ciudadanía ejerza su rol fiscalizador, porque el agua la cuidamos entre todos”.
Ministra de Obras Pública, Jéssica López, y el director general de Aguas (s), Cristian Núñez, entregan balance de fiscalizaciones. Ministerio de Obras Públicas.
Calidad de aguas
Como todos los años, la DGA tiene planificado monitorear la calidad de aguas en 51 lagos y lagunas y en ríos de 52 cuencas del país calendarizado en campañas estacionales. Durante el verano está proyectado tomar muestras de la laguna de Aculeo en la Región Metropolitana, lago Vichuquén y laguna Torca en la Región del Maule, lago Villarrica en La Araucanía; lagos Llanquihue, Espolón, Tagua Tagua, Yelcho y Lonconao en la Región de Los Lagos. Además, en la Región de Aysén, se monitorearán los lagos Elizalde, General Carrera, Roselot, Risopatrón, Riesco, Castor y Pólux y las lagunas Verde, Las Torres y Alta.
Estos ecosistemas presentan un desafío durante el verano debido a su uso intensivo doméstico y recreativo, este último causando un estrés adicional a su carga habitual durante el año. “La importancia de estudiar estos cuerpos de agua es proporcionar datos que permitan a los organismos pertinentes contar con información para adoptar medidas de conservación de la calidad de sus aguas para fines de consumo humano, ecosistémico y recreativo”, dijo el director de la DGA.
Nueva fiscalización
Desde el 23 de abril de 2025 está vigente la nueva ley de fiscalización que moderniza y agiliza el procedimiento sancionatorio, incorporando herramientas digitales, coordinación interinstitucional y procedimientos simplificados. El pasado año se generaron 679 sancionatorios simplificados, de los cuales 124 aceptaron los cargos una vez notificados, accediendo a un descuento de la multa de un 25%.
Además, se registraron 210 procedimientos de inobservancias menores, es decir, casos en que los titulares observados tienen un plazo máximo de 30 días hábiles para corregir la infracción y al cumplir, se eximen de la apertura de un expediente sancionatorio y la multa asociada.