Citados por el Instituto de Medicina Legal los afectados de los tóxicos de Coria casi nueve años después de denunciar el caso
Aproximadamente en otoño se cumplirán nueve años ya de las primeras denuncias públicas e institucionales de los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río afectados por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos en la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada en dicha zona. Lo que en en aquellos momentos aparentaba ser una serie de episodios de hedores derivados en cefaleas o náuseas entre los residentes del barrio, se ha convertido a lo largo de los años en un auténtico drama para este colectivo que sigue luchando en demanda de soluciones a esta complicada situación. Esta lucha, según ha informado a este periódico Rogelia Gómez, portavoz de este colectivo, ha cosechado ahora un importante «avance» porque después de que la jueza número tres de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coria del Río aceptase su petición de promover una prueba forense , el Instituto de Medicina Legal Sevilla ha comenzado a citar a estas personas, de cara a la emisión de sus correspondientes informes. Según Rogelia Gómez, por orden de dicha instancia judicial, el Instituto de Medicina Legal citaba a cinco de los afectados para este pasado martes y a otros cinco más ya para este miércoles , en una primera tanda de convocatorias, porque según sus palabras, algo más de 40 vecinos más están a la espera de «fecha» para su comparecencia en el Instituto de Medicina Legal. Los diez primeros citados, según ha especificado, son precisamente las personas que allá en 2019 fueron ya sometidas a pruebas analíticas de sangre por parte del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, que en su posterior informe detectó la presencia de «bajas concentraciones» de N-hexano y acetona en la sangre de estos afectados, con el riesgo de mayores «probabilidades» de que sufriesen las «patologías» médicas asociadas a la «acción tóxica» de tal disolvente orgánico, dada la «exposición continuada» a tal agente. Según el informe del Instituto Nacional de Toxicología, tales posibles patologías se traducirían en «alteraciones sensitivas y motoras en las piernas y en la función muscular, cuadros de arritmia» y posibles «alteraciones de la espermatogénesis con una disminución de la fertilidad masculina», entre otros aspectos. En ese sentido, Rogelia Gómez ha explicado que aunque estas citaciones del Instituto de Medicina Legal suponen «un avance» para las reivindicaciones del colectivo, en el mismo sigue reinando «el miedo y la incertidumbre» a las consecuencias de la contaminación que afecta a la zona de sus viviendas. No sobra recordar al respecto que en diciembre de 2024, la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado emitía un informe sobre el «foco contaminante» de la gasolinera. Dicho informe técnico, según exponía la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla al juzgado instructor del caso, «confirma el peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales y un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y salud de las personas» ; con lo que «se ha producido un peligro global de grave afección, con afección constatada en algunos elementos, al conjunto del sistema natural atacado», que conforman «aguas, suelos y salud de los habitantes». Entre las conclusiones del informe de diciembre de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado figuran aspectos como que «se ha producido un riesgo de daño sustancial para la salud de las personas, con afección demostrada a los residentes de la barriada, debido a la presencia de compuestos orgánicos en sus domicilios que no deberían estar de manera natural y que coinciden con los productos contaminantes encontrados en los suelos y aguas subterráneas en el entorno de la estación de servicio». Siempre, «como consecuencia de los v ertidos producidos desde los tanques enterrados de la estación de servicio, que contenían hidrocarburos del tipo gasolina , gasoil y aceites minerales que se encontraban en mal estado» Este informe del Ministerio Público corroboraba así la tesis del colectivo de afectados respecto a que la contaminación derivada de la fuga de hidrocarburos detectada en la gasolinera implicaba un impacto en la salud de los habitantes de la zona. Previamente, en agosto de aquel año 2024, la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Andalucía reclamaba a la empresa Zamarrilla Inversiones una ampliación de su proyecto inicial de recuperación voluntaria del suelo en su gasolinera, foco de la contaminación , al constatar que aún pesaban «elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas». En paralelo, y como recuerda la propia Rogelia Gómez, el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla sigue adelante con las diligencias incoadas contra la ex consejera de Salud Rocío Hernández; su antecesora en dicho cargo y actual responsable autonómica de Medio Ambiente, Catalina García ; y la ex delegada territorial de la Consejería de Salud Regina Serrano, por posibles delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, unas actuaciones derivadas de una denuncia paralela del colectivo de vecinos contra estas ex responsables de la Consejería de Salud.