México frente a la revisión del T-MEC
Al igual que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que sustituyó en julio de 2020, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tuvo como objetivo eliminar los aranceles y otras regulaciones restrictivas sobre casi todo el comercio entre los tres países, estableciendo reglas de contenido regional y excepciones para algunos productos políticamente “sensibles”.
No obstante, en comparación con el TLCAN, el T-MEC resultó más proteccionista. Si bien incorporó disposiciones de libre intercambio en nuevas áreas, como el comercio digital y la biotecnología, también introdujo mayores restricciones, entre ellas reglas de origen más estrictas en el sector automotriz, así como obligaciones laborales y ambientales.
El T-MEC ha operado en un contexto marcado por la guerra comercial comenzada por Estados Unidos (EE. UU.) contra China en 2018 y, desde 2025, por un entorno de proliferación de amenazas e imposición de aranceles por parte de la administración estadounidense, que ha abarcado a los socios del acuerdo. EE. UU. ha decretado aranceles adicionales a productos mexicanos que no cumplen con las reglas de origen, al acero y al aluminio, así como las autopartes no fabricadas en América del Norte, aunque los autos satisfagan el contenido regional.
El uso de aranceles como instrumento de presión en ámbitos no comerciales, como la migración y el tráfico de drogas, ha debilitado la confianza en el respeto a las reglas del T-MEC. Aunque el intercambio de México con su vecino del norte ha continuado creciendo, las distorsiones del T-MEC y los nuevos aranceles han desviado el comercio, por ejemplo, reduciendo las exportaciones automotrices mexicanas a EE. UU.
Contrario a los objetivos de su gobierno, la producción manufacturera estadounidense ha prolongado la tendencia declinante iniciada en 2018 y el empleo ha seguido disminuyendo. El proteccionismo de ese país también ha contagiado a México, que, pese a su estancamiento manufacturero durante los tres años previos, en 2026 ha incrementado de manera significativa los aranceles contra China y otras naciones asiáticas.
A diferencia del TLCAN, que tenía una duración indefinida, el T-MEC cuenta con una vigencia de dieciséis años, es decir, inicialmente hasta 2036. En parte para contrarrestar esta limitación, se estableció que cada seis años los tres países realizarían una revisión conjunta del acuerdo. Si coincidieran en su continuidad, el T-MEC se extendería por otros dieciséis años, y así sucesivamente cada seis años. En 2026 se lleva a cabo la primera revisión, la cual podría derivar en la extensión del Tratado hasta 2042.
En contraste con algunos temores generalizados, parece poco probable que EE. UU. haya esperado la revisión para retirarse del T-MEC, ya que desde su inicio esta posibilidad ha estado abierta para cualquier socio, siempre que lo notifique con seis meses de anticipación. Asimismo, el Tratado no concluiría si las partes no acordaran su extensión: está previsto que se realice una nueva revisión al año siguiente y, de ser necesario, de forma anual hasta 2036.
Los países miembros del T-MEC podrían acordar ciertos ajustes que favorezcan el comercio y la inversión. Para México, el caso emblemático sería la eliminación de los obstáculos a la inversión privada en el sector energético, introducidos durante el gobierno del expresidente López Obrador.
Sin embargo, este escenario podría verse ensombrecido por la materialización de dos riesgos externos. El primero consistiría en que EE. UU. logre incorporar en el T-MEC restricciones adicionales, en su intento por concentrar la producción y profundizar la confrontación con China. Tales modificaciones debilitarían aún más el aprovechamiento de la especialización y de las ventajas comparativas entre los países, en detrimento de la eficiencia, así como de la calidad y diversidad de los productos.
El segundo riesgo radicaría en la continuidad, e incluso el incremento, del uso de aranceles por parte de la administración Trump como mecanismo de presión. Esta práctica erosionaría aún más la confianza en el T-MEC como un marco regulatorio predecible.
Sin restar importancia a los riesgos externos, los principales obstáculos para el progreso de México seguirían siendo internos. Al considerarlo la fuente de todos los beneficios, el gobierno ha utilizado el T-MEC como pretexto para descuidar las tareas indispensables para la transformación económica.
En lugar de debilitar instituciones e implementar políticas contrarias a la competencia y al adecuado funcionamiento de los mercados, el gobierno de Claudia Sheinbaum debería enmendar estos errores y establecer condiciones propicias para la innovación y el cambio tecnológico, factores fundamentales del crecimiento económico sostenido.