Congreso despacha a ley reajuste al sector público sin “normas de amarre”

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto de reajuste al sector público, tras aprobar las modificaciones introducidas por el Senado con 122 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. Esta aprobación, alcanzada en el tercer trámite constitucional, evitó que la iniciativa pasara a comisión mixta. 

A pesar de las constantes críticas de la oposición en materia de financiamiento, se logró alcanzar acuerdo y, de hecho, el Partido Republicano retiró la mayoría de las votaciones separadas. Se ratificó el contenido principal de la iniciativa, o sea un incremento remuneracional de 3,4%, compuesto por un alza retroactiva del 2% aplicable desde diciembre y un 1,4% a partir de junio del presente año. Además de los beneficios económicos asociados al reajuste. 

El costo fiscal total del reajuste para 2026 se estima en aproximadamente US$1.700 millones y de este monto, según un informe del Consejo Fiscal Autónomo, unos US$822 millones deben financiarse precisamente mediante reasignaciones o provisiones presupuestarias. 

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que, además de lo central del proyecto, se aprobaron más de 130 artículos de materias diversas, como la posibilidad de que Gobiernos Regionales financien proyectos de inversión en empresas públicas o la norma que extiende el teletrabajo hasta 2027.  

El jefe de cartera agradeció a los funcionarios con los que se alcanzó acuerdo en esta materia. “Todos entendiendo que este es un momento en el que por meses ha habido ataques sistemáticos a las y los trabajadores del sector público, a pesar de que hacen una tarea fundamental para la sociedad. El Estado es fundamental, hoy día, cuando se combaten emergencias (…) en las sala cuna, en salud, en seguridad, en todos esos sectores son funcionarias y funcionarios públicos los que en el día a día entregan los servicios a la población y por eso es tan importante que junto con el país todos podamos progresar, incluyéndolas a ellas y ellos”, dijo.

Las denominadas “normas de amarre” quedaron definitivamente fuera el proyecto por la resistencia de la oposición. Eran referentes a la confianza legítima y buscaban regular la discrecionalidad para la no renovación de contratas o renovación en condiciones distintas, junto con el plazo para poder alegar ante la Contraloría General de la República. 

Más temprano el ministro Grau lamentó esta situación e indicó que “ probablemente ese va a seguir siendo un desafío para las siguientes administraciones, porque hay solo en el Gobierno Central 287.000 personas a contrata, 70% de ellas del 2024 entraron por concurso, es decir, no es gente que entra a un gobierno, sino que entra a trabajar al Estado y probablemente va a ser un rol de ustedes y también de la sociedad civil, estar muy atentos respecto a cómo evoluciona el empleo público en la próxima administración”.

“Cuando uno mira lo que estaba realmente en el articulado y que había sido solicitado legítimamente por las y los funcionarios, se da cuenta que no había buenas razones para no llegar a un acuerdo. La gran mayoría de los temas que estaban en estas normas ya estaban presentes en la primera administración del presidente Piñera (…) creemos que este fue un tema principalmente comunicacional y estamos seguros que esto se va a corregir en el tiempo”, dijo el secretario de Estado luego del despacho del proyecto. 

En el debate en tercer trámite la oposición fue particularmente dura en materia de financiamiento, incluso parlamentarios llamaron a votar en contra. Por ejemplo el diputado Johannes Kaiser (PNL), quien cuestionó también a su propio sector. “Dos gobiernos de dos signos supuestamente completamente opuestos respaldando una ley de reajuste que ignora completamente la realidad fiscal”, dijo. 

Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum (RN), adelantó en el debate que el presidente electo, José Antonio Kast, les había pedido aprobar el proyecto para luego “buscar alternativas de financiamiento posteriores”. Una vez despachado el reajuste, el parlamentario recalcó que “hay una falta de recursos importante, de la cual el próximo gobierno se va a tener que hacer cargo, haciendo reasignaciones o buscando la forma de tener alguna holgura que provea los recursos para este financiamiento, que hoy día no está lo suficientemente resguardado en las normas que se aprobaron”. 

“Hemos rechazado las normas de amarre, que finalmente no prosperaron, pero le dejamos un problema de financiamiento grave al próximo gobierno”, agregó. El proyecto tiene normas de quórum calificado por lo que debe ser revisado por el Tribunal Constitucional y el ministro Grau aseguró que esperan “se pueda hacer a la mayor brevedad posible”.