Con el dulce sabor que deja la victoria, aunque esta sea parcial porque lo aprobado este miércoles por la Eurocámara solo supone la solicitud de un dictamen jurídico sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), las principales organizaciones agrarias no han ocultado su satisfacción. Sin embargo, todavía restan varias incógnitas. Entre ellas, qué va a pasar con el adelanto de 45.000 millones de euros que la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen ofreció a los estados miembro (que deben solicitarlo) con cargo al presupuesto de la próxima Política Agraria Común (PAC) para 2028-2034. El Gobierno de España estaría dispuesto a solicitar la parte que le corresponde para el campo (alrededor de 4.000 millones, estiman fuentes consultadas), tal y como lo ha confirmado el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España Ángel Villafranca.

Las principales organizaciones agrarias, Asaja, COAG, UPA, Unión de Uniones y Cooperativas han pasado este miércoles por el despacho del titular de Agricultura Luis Planas. Villafranca (Cooperativas) ha asegurado en declaraciones a los medios que «el ministro ha dicho que sí, y no solo eso, sino también lo que se activa como anticipo de los otros 40.000 millones que corresponden al 10% que estaban como reserva, para esa lectura intermedia de la PAC». Vllafranca ha reconocido que hay «dudas» sobre el destino final de esta última cantidad «porque cuando se dice que va para la agricultura va para las zonas rurales y, por eso, tenemos que garantizar de que van para actividades en las zonas rurales que tienen que ser agricultura, ganadería e industria agroalimentaria».

«El ministro ha dicho que sí, y no solo eso, sino también lo que se activa como anticipo de los otros 40.000 millones que corresponden al 10% que estaban como reserva, para esa lectura intermedia de la PAC», Ángel Villafranca (Coooperativas Agroalimentarias)

Todas las propuestas anteriores junto a la reserva de 6.300 millones de euros contra perturbaciones del mercado, han formado parte del intento de Von der Leyen para convencer a los ministros de Agricultura de los Veintisiete para aprobar la firma del Acuerdo UE- Mercosur. Un documento en el que estampó su firma en un acto celebrado en Asunción (Paraguay) el pasado 12 de enero. Sin embargo, ayer el Parlamento Europeo (PE) decidió meter este tratado en el congelador solicitando un dictamen jurídico del TJUE sobre su compatibilidad o no con los acuerdos fundacionales de la UE.

Villafranca (Cooperativas) ha mantenido una posición más matizada sobre Mercosur que otras organizaciones agrarias: «No es ni bueno ni malo sino, simplemente una decisión del Parlamento». El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España se ha mostrado prudente sobre las consecuencias de este inédito paso de la Eurocámara y advierte «que habrá que esperar a los próximos días y semanas a ver si tiene afectación en la parte política, la que deben ratificar los estados o en la política, lo que paralizaría su aplicación».

«Parón» o «enfrentamiento institucional»

Para el director de Asuntos Europeos en LLYC, Pablo Rupérez, «la votación de hoy en la Eurocámara transmite un mensaje negativo frente a socios como Mercosur y otros posibles como India: transmites un mensaje de poca fiabilidad y unidad». Este experto cree que se abren «2 escenarios igual de malos: parón o enfrentamiento institucional». Rupérez explica que en el primer caso se trataría de «una táctica dilatoria para demorar la aprobación del expediente, para paralizarlo 18 o 24 meses». La segunda opción se produciría si «el Consejo avanza en la aplicación provisional del acuerdo comercial: esto es muy extraño». Lo que, añade, conduciría «a una guerra entre instituciones que no es buena, entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europa y el Consejo por otro».

«La votación de hoy en la Eurocámara transmite un mensaje negativo frente a socios como Mercosur y otros posibles como India: transmites un mensaje de poca fiabilidad y unidad», Javier Rupérez (LLYC)

El analista también añade que, todo lo anterior, también es producto de «un parlamento más fragmentado e inestable» fruto de las últimas elecciones. «Hay más grupos políticos, más fragmentados, distintas acciones y dinámicas de votos», constata el responsable de Asuntos Europeos de LLYC quien cree que el Consejo Europeo tiene una difícil decisión por delante «ya que tienes a 5 países opuestos a ello» y no duda en describir como «excepcional» que se decida aplicar el Acuerdo UE- Mercosur antes de tener el aval parlamentario

Las claúsulas de salvaguardia, claves

El máximo responsable de las Cooperativas Agroalimentarias ha apuntado que «no se pude decir que esto se ha acabado ni que no ha pasado nada» y recordado que «España es una potencia agroalimetaria de primer nivel» por lo que «desde Cooperativas abogamos por mercados abiertos para la exportación». También ha mostrado su acogida favorable a las cláusulas de salvaguardia incorporadas al mencionado tratado comercial. Un punto en el que coincide con otras organizaciones agrarias como UPA, cuyo secretario general Cristóbal Cano ha exigido que «se pongan encima de la mesa las cláusulas de salvaguardia que hemos conseguido: el reforzamiento de los controles en frotera y las auditorías en terceros países». El máximo responsable de UPA pide que sean aprobadas por el Parlamento Europeo «a la menor brevedad posible, si puede ser el pleno del próximo mes de febrero» para contar con estas medidas de protección desde el primer día.

Dudas sobre la aplicación del Acuerdo UE- Mercosur

Cano también ha sostenido que lo aprobado hoy en Estrasburgo «en ningún caso supone la paralización efectiva del acuerdo comercial Unión Europea – Mercosur». Más críticos es han mostrado los máximos responsables de COAG, su secretario general Miguel Padilla y el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortes. El primero cree que la votación de este miércoles en la Eurocámara «supone que el tratado no debería entrar en vigor, a menos que como en el acuerdo con Marruecos se busquen alguna triquiñuela». Padilla espera que «tengan la suficiente vergüenza de respetar lo que dictamine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)» y reitera su oposición al acuerdo con el bloque de países latinoamericanos formado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay por la «competencia desleal» que supondrán la entrada de muchos de sus productos.

«Exigimos que se ponga encima de la mesa las claúsulas de salvaguardia que hemos conseguido: el reforzamiento de los controles en frontera y las auditorías en terceros países», Critóbal Cano (UPA)

Para Cortés (Unión de Uniones), «si la Comisión Europea tiene vergüenza se esperaría a ver a lo que se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de llevar adelante ninguna otra propuesta». Además, el coordinador estatal de Unión de Uniones, ha reprochado que «los eurodiputados de PP y PSOE hayan votado en contra de que un tribunal de Justicia revise un tratado comercial de estas características» y considerado «una suerte» que los parlamentarios de extrema derecha e izquierda hayan unido sus fuerzas. El representante de esta organización agraria ha cargado contra la Comisión Europea por actuar igual que en el caso de las sentencias de la Justicia Europea en contra del acuerdo comercial con Marruecos y su inaplicación para los productos del Sáhara Occidental . «Vamos a respetar un poco las instituciones democráticas de la Unión Europea (UE)», ha concluido.