Fin del CAE en suspenso: FES sigue en el Senado sin certezas de convertirse en ley

El proyecto que pone fin al CAE y crea el nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) se encuentra en la Comisión de Educación del Senado marcado por un choque entre parlamentarios. Mientras el oficialismo apela a la urgencia social y al cumplimiento del compromiso con los deudores, desde la oposición advierten incumplimientos y riesgos fiscales de largo plazo.

En la antesala de la discusión en el Senado, el gobierno buscó bajar el tono del conflicto y reforzar la idea de que el proyecto que pone fin al CAE cuenta con bases técnicas suficientes para avanzar. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que “el 99,9% de los temas ya están resueltos” y que lo pendiente es “voluntad política” para destrabar la tramitación.

En ese contexto, con la intervención directa del Presidente Boric, el Ejecutivo optó por abrir flancos y ceder en puntos clave del diseño original del FES. Aunque las indicaciones aún no se ingresan formalmente, el Gobierno oficializó en la Comisión de Educación del Senado una batería de cambios orientados a acotar la obligación de pago, habilitar el prepago, ampliar el copago, reponer becas y reforzar la autonomía institucional, entre otras modificaciones. Ajustes que buscan destrabar el debate político, pero que no han logrado disipar del todo las dudas sobre la sostenibilidad fiscal y el alcance estructural del nuevo sistema.

Las críticas de la oposición

El proyecto que pone fin al CAE y crea el FES fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y despachado al Senado el pasado 20 de agosto de 2025. Desde ese momento se ha encontrado en la Comisión de Educación de la Cámara Alta.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Educación, Hugo Rey, anticipó un escenario complejo para la tramitación en la Cámara Alta y cuestionó con dureza la propuesta del Ejecutivo. “Se ha mostrado evidencia y claridad respecto de las consecuencias que tiene la aplicación del FES tal como está propuesta por el Gobierno, incluso con las mismas observaciones técnicas que ha desarrollado el Consejo Fiscal Autónomo y la misma Contraloría”, afirmó.

A juicio del parlamentario, el problema central es el alto riesgo fiscal que implicaría el nuevo modelo: “Tenemos un problema porque el Gobierno no ha aclarado este alto riesgo fiscal que existiría de aplicarse el modelo tal como el Gobierno lo viene sosteniendo, con un costo prácticamente casi total que asumiría el Estado de la educación superior”.

Rey profundizó sus reparos apuntando a que las proyecciones oficiales carecen de realismo. “Entendiendo estimaciones y supuestos irreales en la recuperación de esos recursos, esto puede transformarse en una obligación permanente, creciente, con una presión en el erario público realmente más grande de lo que se podría prever. Y eso puede ser una bomba fiscal a mediano y largo plazo”, afirmó.

El parlamentario también cuestionó el incumplimiento de una de las principales promesas de campaña del oficialismo. “El Gobierno efectivamente se comprometió a condonar el CAE y finalmente no lo pudo hacer, no lo hizo, porque otra cosa es con guitarra. Se dio cuenta de que no estaban los recursos fiscales para desarrollar esa propuesta”, señaló, agregando que los movimientos estudiantiles “le perdonaron al Gobierno los incumplimientos” por afinidad ideológica.

Respecto a las propuestas que el Ejecutivo ingresaría al proyecto, Rey sostuvo que el “Gobierno no recogió parte importante de las observaciones y recién a última hora comienza a flexibilizar y tratar de mejorar el proyecto. Cuando tenía que haber hecho los cambios, no los hizo, y por tanto este proyecto se le complicó”.

La defensa del proyecto por parte del oficialismo 

Desde el oficialismo, la mirada es diametralmente opuesta. La diputada Emilia Schneider (FA), también integrante de la Comisión de Educación, defendió el FES como una reforma urgente y necesaria para terminar con lo que califica como un abuso estructural contra las familias. “Espero que el proyecto que termina con las deudas educativas, que las condona total o parcialmente y que crea el FES, se apruebe antes de que termine el actual gobierno. Hago un llamado al Senado a tener voluntad de llegar a un acuerdo para avanzar”, afirmó a nuestro medio.

Para Schneider, el debate va más allá de una promesa electoral. “Esto no se trata solo de una promesa de campaña. Es un abuso que viven las familias chilenas y una situación que afecta directamente sus bolsillos. Darle una solución es urgente, por eso no hay tiempo que perder”, subrayó.

En su diagnóstico, el CAE ha generado un impacto negativo tanto para las personas como para el sistema educativo en su conjunto: “Ha sido un abuso para las familias chilenas, sobre todo de clase media y de esfuerzo, un gran estrés financiero para las instituciones de educación superior y un despilfarro de recursos del Estado”.

La diputada enfatizó que el FES apunta a corregir ese diseño estructural. “Los únicos que han ganado con el CAE son los bancos. Pierde la gente, pierden las instituciones de educación superior y pierde el Estado. Estamos hablando de recursos públicos que deberían ser para la educación y que van a parar a los bancos”, aseveró.

En esa línea, defendió el nuevo modelo como “un mecanismo de financiamiento justo y responsable”, destacando la disposición del Ejecutivo a introducir ajustes: “El Gobierno ha respondido las críticas, ha despejado muchas de ellas y ha mostrado voluntad de acuerdo para hacerse cargo de las observaciones y diferencias que han surgido en el debate”.

Schneider también enmarcó el FES dentro de una visión estratégica de desarrollo. “Es muy importante que el Estado invierta y fortalezca la educación pública en todos sus niveles. En educación superior hay un potencial enorme para la producción de conocimiento, para el desarrollo económico y la prosperidad del país”, indicó, destacando el rol de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. A su juicio, avanzar en esta reforma permitiría consolidar una trayectoria educativa con enfoque de derechos y corregir deudas históricas del sistema.

Con estas posiciones enfrentadas, el proyecto aún no tiene luz verde para llegar a la Sala del Senado. Mientras la oposición advierte sobre una eventual “bomba fiscal” y la pérdida de autonomía del sistema, el oficialismo insiste en la urgencia social de terminar con el CAE y sacar a los bancos del financiamiento estudiantil.