Aprobar sin pensar
Cuando la producción de bienes y servicios genera efectos colaterales no deseados (congestión, contaminación atmosférica, ruidos molestos), se debe generar normas que obliguen a los productores a considerar esos efectos para que el resultado que beneficia a algunos no dañe a otros. Cuando se decide concesionar a empresas privadas la generación y entrega de servicios básicos (salud, educación, energía, transporte) o la construcción de infraestructura social (hospitales, colegios, autopistas) hay que diseñar y suscribir contratos para que los servicios lleguen a todos los usuarios, y hay que vigilar que esos contratos se cumplan. Esto es básicamente lo que está detrás de las normas reguladoras del tránsito, las ambientales o de los permisos de edificación, dentro de los ejemplos más conocidos.
El buen diseño de normas y contratos – regulación – y la verificación de que se están cumpliendo – fiscalización – persigue explícitamente el bienestar de toda la población al considerar aspectos que no serían tomados en cuenta por las empresas si se les permitiese maximizar ganancias sin control alguno. Por esta razón tener personal idóneo técnica y éticamente, que haga bien ambos trabajos y que sea insensible al soborno, es de la máxima importancia. Me temo que la introducción intencionada de un nuevo lenguaje – permisología, amarre – para describir negativamente las tareas públicas opera en dirección contraria. La primera palabra apunta a la supresión de la certificación – por parte de organismos técnicos – del cumplimiento de las normas por parte de las empresas; es aprobar sin pensar. La segunda tiene como objetivo dejar vulnerables laboralmente a quienes realizan de manera efectiva las tareas de diseño de tales normas o de fiscalización del cumplimiento de las mismas; es la inestabilidad en el empleo. Esto significa que ambos términos amenazan a los buenos funcionarios – los que diseñan buenas normas y contratos o los que velan eficazmente por su cumplimiento – y no a los funcionarios técnicamente limitados o éticamente manejables.
Como las palabras traducen formas de mirar las cosas, es necesario revelar la ideología qué hay detrás de esta nueva taxonomía. Las propuestas de los gremios empresariales se sustentan en ella, apuntando a que muchos importantes permisos no sean solicitados o que las obras se aprueben sin análisis; por ejemplo, comenzar a construir edificios sin tener los permisos que velan por aspectos urbanos y ambientales.
Aprobar sin pensar y manejar el quehacer por inestabilidad en el empleo requieren no sólo apoyo parlamentario sino también control superestructural. En estas materias los ministerios más relevantes son Obras Públicas, Vivienda y Transporte por el lado de la concepción de los proyectos, y Desarrollo Social y Medio Ambiente por el lado (normativo) de la evaluación social de proyectos. De ahí que resulta muy coherente que allí estén los únicos dos ministros del Partido Republicano (OOPP y DS), más un tercero y una cuarta que apuntan igual y más fuerte a la desregulación urbana y del medio ambiente, respectivamente.