La industria automotriz «estalla» ante el «frenazo» a la movilidad eléctrica
El sector de la automoción en España ha reaccionado con profunda preocupación y malestar ante la reciente decisión del Congreso de los Diputados de derogar el Real Decreto-ley 16/2025 . Esta medida supone la eliminación, entre otros puntos, de la deducción del IRPF prevista para 2026 por la adquisición de vehículos electrificados y la instalación de puntos de recarga, una herramienta que la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) considera vital para no truncar la evolución positiva del mercado. Desde la patronal se ha recordado que el mercado automovilístico español logró cerrar el ejercicio 2025 con un hito histórico: más de 245.000 unidades de vehículos electrificados matriculados. Este volumen permitió alcanzar una cuota de mercado cercana al 18%, situando a España, por primera vez, en niveles próximos a la media europea . Según ANFAC, este avance ha sido posible gracias a la combinación estratégica de las ayudas directas del Plan Moves III y los incentivos fiscales en el IRPF, que permitían una deducción de hasta 3.000 euros. La patronal advierte que la retirada de estos incentivos en un momento tan crítico de la transición energética es un «duro revés» para una industria plenamente comprometida con los objetivos de descarbonización de la Unión Europea. La falta de una hoja de ruta clara y estable no solo afecta a los planes de producción, sino que impacta directamente en la psicología del consumidor, generando un nuevo motivo de desconfianza hacia las nuevas tecnologías justo cuando empezaban a democratizarse. «Es clave que la aceleración conseguida no se vea ahora frenada», señalan desde la asociación, insistiendo en que los ciudadanos necesitan visibilidad y certidumbre para dar el paso hacia el vehículo eléctrico. ANFAC tilda de «urgente» que se alcance un consenso político para poner en marcha, sin más dilaciones, el anunciado Plan AUTO+ y recuperar la deducción fiscal con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. El malestar del sector se extiende también a la descarbonización de las flotas de transporte pesado. ANFAC ha denunciado que el parón legislativo agrava una situación que ya era precaria: hace casi dos años que no existen ayudas efectivas para la renovación de flotas de camiones y autobuses. Esta falta de apoyo al vehículo industrial dificulta el cumplimiento de los compromisos medioambientales en un sector estratégico para la economía española. De este modo la patronal de la automoción reclama que la movilidad eléctrica deje de ser objeto de vaivenes legislativos y pase a ser una prioridad de Estado, garantizando que el esfuerzo inversor realizado por fabricantes y administraciones autonómicas en los últimos años no caiga en saco roto debido a la inestabilidad normativa actual.