Alcaldesa de Lo Espejo se reúne con Cordero y denuncia nuevas amenazas de muerte
La seguridad de las autoridades municipales volvió a ponerse a prueba tras la reunión de emergencia entre la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Al finalizar el encuentro, la jefa comunal denunció haber recibido nuevas amenazas de muerte por vía escrita durante la jornada del 12 de febrero, las cuales ya fueron remitidas a la Brigada del Cibercrimen de la PDI y a la Fiscalía.
Este nuevo episodio de amedrentamiento se suma a la grave revelación realizada el miércoles pasado, donde Reyes alertó que facciones del crimen organizado en la comuna habrían recaudado cerca de $100 millones con el objetivo de ejecutar un atentado en su contra.
Las represalias de las bandas delictuales responderían a la implementación de medidas municipales destinadas a desarticular los puntos de venta de droga y recuperar espacios públicos en la zona sur de la capital.
Respaldo del Ejecutivo y protección policial
Desde el Ministerio de Seguridad Pública manifestaron su total respaldo a la gestión de la alcaldesa, enfatizando que el trabajo conjunto con los municipios es clave para enfrentar la violencia. “Sostenemos el apoyo a ella y su gestión en Lo Espejo”, declararon desde la cartera liderada por Cordero, subrayando que la protección de las autoridades locales es una prioridad para el Estado frente al avance del narcotráfico.
Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, también acudió a La Moneda para revisar protocolos de resguardo. Alessandri confirmó una cifra preocupante: actualmente siete alcaldes cuentan con protección policial permanente en el país debido a riesgos similares, lo que evidencia el nivel de agresividad con el que las bandas criminales intentan doblegar la institucionalidad local.
Una lucha contra el “sicariato por contrato”
La denuncia de la alcaldesa Reyes pone de relieve un fenómeno creciente en la Región Metropolitana: el uso de recursos financieros por parte de las bandas para ofrecer recompensas por la eliminación de adversarios políticos o judiciales. Los antecedentes entregados por la jefa comunal sugieren que las medidas de fiscalización han golpeado el patrimonio delictivo, provocando una reacción violenta de los grupos que operan en Lo Espejo.
Mientras la PDI realiza los peritajes a los mensajes escritos recibidos, el Gobierno evalúa reforzar los anillos de seguridad para la alcaldesa y su entorno cercano. La lucha contra el crimen organizado entra en una fase crítica donde la integridad de los líderes comunales se ha convertido en el nuevo frente de batalla por el control territorial.