El Parlament balear asume el discurso neonazi de la "remigración" y urge a deportar a los migrantes que "no se integren"
El PP avala, de la mano de Vox, reclamar al Gobierno una de las medidas más controvertidas difundidas en los últimos años por la extrema derecha europea
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PP y Vox han escenificado de nuevo en el Parlament balear su sintonía en materia migratoria. Con el aval de los populares, el partido de extrema derecha ha sacado adelante una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno central a deportar a las personas migrantes que, aunque se encuentren en situación legal, cometan algún delito grave o hagan del delito leve “su forma de vida”, así como a aquellos que “decidan no integrarse en la cultura de la nación que la acoge o intente imponer la suya”
La propuesta apela a la llamada “remigración”, un término que la extrema derecha europea ha popularizado en los últimos años como consigna política, bajo la cual agrupan propuestas como la devolución masiva de migrantes -e incluso de ciudadanos nacionalizados- por motivos culturales o identitarios. El postulado, que no forma parte del marco jurídico español ni de la legislación de otros países europeos, ha sido abanderada especialmente por sectores de la ultraderecha alemana vinculados a Alternativa para Alemania (AfD) así como por formaciones ultras en Austria y Francia. En España, Vox lo ha incorporado a su discurso como eje de su ofensiva migratoria.
La “remigración” va, de este modo, más allá de la expulsión de una persona extranjera conforme a lo previsto en la Ley de Extranjería, es decir, con garantías procedimentales, motivación individualizada y posibilidad de recurso judicial. El término se apoya en valoraciones subjetivas sobre el grado de integración o adaptación cultural, conceptos que no figuran como causa legal de devolución o expulsión.
Aunque el PP se ha abstenido en los puntos más extremos -como la expulsión automática de todos los migrantes en situación irregular o la supresión del arraigo-, sí ha avalado el núcleo de la PNL, que, entre otros puntos, incluye acabar con lo que denomina “efecto llamada”, suspender la cooperación al desarrollo con países que no colaboren en el control de flujos e impulsar incentivos y bonificaciones fiscales para la contratación de españoles, a promover una política migratoria “firme, ordenada y de acorde a las necesidades del mercado laboral”.
Los puntos que no han prosperado iban más allá: instaba a la “remigración” no solo de los migrantes en situación irregular, sino también de cualquier extranjero legal que cometiera delitos graves, hiciera del delito leve “su forma de vida” o decidiera “no integrarse a la cultura de la Nación que lo acoge o intentara imponer la suya”, así como a suprimir el arraigo como vía para regularizar la residencia y a establecer la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos.
La iniciativa incluía, asimismo, la auditoría de concesiones de nacionalidad para revocar aquellas obtenidas “de manera fraudulenta”, la suspensión de partidas autonómicas de cooperación al desarrollo y la oposición a las políticas migratorias de la Unión Europea que contemplen el reparto obligatorio de solicitantes de asilo.
El PP carga contra la regularización extraordinaria
Durante el debate, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha apuntado a las “consecuencias nefastas” y al “coste económico insostenible” de los flujos migratorios irregulares, que a su parecer “solo beneficia a las mafias y a quienes buscan votantes porque los han perdido”. La diputada ha vinculado estos flujos a la precarización laboral, la bajada de salarios o la inseguridad, a pesar de que numerosos informes académicos y análisis de organismos públicos han cuestionado la relación directa entre migración y criminalidad, y de que instituciones como el Banco de España han subrayado la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico.
Por su parte, la popular Cristina Gil ha dedicado su turno a cargar contra la regularización extraordinaria de migrantes pese a ser una cuestión que no figuraba en la PNL y a afear a la izquierda sus políticas migratorias. “Nos oponemos a una inmigración ilegal y masiva. No rechazamos personas, sino un modelo que genera salarios a la baja, satura servicios públicos, dificulta el acceso a la vivienda y perjudica a la convivencia”, ha espetado.
Frente a estas posturas, el socialista Omar Lamin ha acusado al PP de asumir el argumentario de Vox, mientras que la diputada de MÉS Marta Carrió ha cuestionado el uso del término “ilegales” para referirse a personas migrantes, recordando que la irregularidad administrativa no convierte a nadie en delincuente.