Balance de Bienes Nacionales: Ministro Figueroa cuestiona narrativa de “emergencia” del nuevo Gobierno
El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, realizó un balance crítico de su gestión frente al inminente cierre del Gobierno de Gabriel Boric. En un tono directo, el secretario de Estado salió al paso de la narrativa de “emergencia” que intenta instalar la administración entrante, asegurando que el verdadero escenario crítico fue el que ellos recibieron al asumir en 2022. “La emergencia me parece que la recibimos nosotros: inflación disparada, crisis de seguridad y un deterioro político brutal”, sentenció la autoridad.
Figueroa argumentó que la noción de un “Gobierno de emergencia” planteada por la administración de José Antonio Kast es más una estrategia de campaña para capitalizar el miedo que una base real para gobernar. Según el ministro, su cartera enfrentó problemas estructurales como la proliferación de ocupaciones ilegales y la parálisis económica, logrando articular soluciones valiosas que, a su juicio, deberían ser preservadas por quienes asuman el poder el próximo 11 de marzo.
Avances en género e interculturalidad
Uno de los puntos donde Figueroa puso mayor énfasis fue en la capacidad instalada dentro del ministerio para abordar la regularización de la propiedad con perspectiva de género e interculturalidad. Destacó que, gracias a estas políticas, hoy existe un mayor número de jefas de hogar con títulos de dominio y un acceso a la tierra facilitado para mujeres campesinas y comunidades indígenas.
Sin embargo, el titular de Bienes Nacionales expresó su preocupación por el futuro de los equipos técnicos que ejecutan estos programas. “Huelo una posible caza de brujas contra funcionarios”, advirtió, calificando como un “embrutecimiento en la forma de gobernar” el eventual despido de trabajadores por razones ideológicas, lo que pondría en riesgo proyectos que actualmente revitalizan zonas empobrecidas del país.
El capítulo de la compra fallida de la casa de Allende
La autoridad también abordó la polémica compra fallida de una propiedad del expresidente Salvador Allende, calificándola nuevamente como una “desprolijidad brutal”. No obstante, Figueroa fue enfático en separar la ejecución administrativa de la intención política, la cual defendió como legítima y valiosa para la memoria democrática del país.
Según el ministro, el hecho de que se asumieran responsabilidades políticas al más alto nivel permitió que el tema se cerrara tras la comisión investigadora, la cual —aseguró— no arrojó hallazgos de gravedad. Figueroa concluyó que la idea de un museo de expresidentes sigue siendo una alternativa administrativa viable y legal, dejando la decisión de perseverar en proyectos de este tipo en manos de la próxima administración, bajo la premisa de proteger el legado histórico nacional.