Los coordinadores de bienestar o cómo ejercer un puesto clave en la escuela para el que no estás formado y no hay recursos

A Juan, profesor de Geografía e Historia en un instituto de secundaria de La Calzada, en Gijón, le vino a buscar un día una alumna. Le explicó que no se encontraba bien y que se había hecho cortes. “Me lo comunicó en el momento”, cuenta el docente. Esa conversación no fue casualidad, sino fruto de un vínculo previo.

Además de profesor de Geografía e Historia, Juan también es desde 2021 el coordinador de bienestar del centro, un cargo que asumió cuando su implementación pasó a ser obligatoria por ley. Lo hizo por “lealtad” a la entonces directora y porque “ya tenía buen trato con el alumnado”, explica en una videollamada con este medio. “Si no hay vínculo, la figura del coordinador no funciona. Y sin vínculo, el alumno no te va a decir nada. Al alumno no le tienes que preguntar. El alumno te lo tiene que contar”, señala. Como hizo esa alumna.

Ese mismo año, la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) obligó a todos los centros educativos a contar con la figura del Coordinador de Bienestar. Se trata de un puesto que recae en docentes del propio centro y que, a excepción de algunas comunidades —Cataluña, Galicia y Canarias—, no cuenta con ningún tipo de retribución o compensación económica.

Según el último informe Más allá del papel: Progresos y retos en la implantación de la coordinación de bienestar y protección en centros educativos, publicado la semana pasada por la ONG Educo, la implantación de la figura del Coordinador/a de Bienestar presenta grandes desigualdades territoriales en su regulación y aplicación.

Uno de los principales problemas es la falta de tiempo asignado para ejercer la función: en muchas comunidades la dedicación depende del criterio del centro y en varias no se establece ningún mínimo. Solo algunas autonomías —Canarias, Cantabria y Extremadura— fijan horas concretas en función del tamaño del centro, mientras que otras han ampliado recientemente la dedicación, como Asturias y Galicia. A día de hoy, Castilla y León es la única comunidad autónoma que no ha emitido ninguna normativa específica sobre esta figura.

Juan (nombre cambiado) le dedica actualmente unas tres horas semanales, dos más que cuando empezó. Aun así, lo considera “inabarcable: ni en una, ni en tres ni en 25”. Entre sus funciones está promover un entorno seguro y saludable, prevenir y detectar situaciones de riesgo, escuchar y acompañar al alumnado, coordinar actuaciones, activar los protocolos correspondientes y colaborar con otros profesionales, además de impulsar acciones de sensibilización y cuidado emocional, siempre garantizando la confidencialidad y el respeto.

Verónica es jefa de estudios y coordinadora de bienestar de una escuela pública de educación primaria en Madrid. Cuando se obligó por ley a que existiera esta figura, ella ya era la jefa de estudios. “Me lo asigné para quitarle burocracia a los compañeros, no tenía sentido sobrecargarlos si, al final cuando hay un problema la jefa de estudios está siempre”, explica. “Pero no tengo ninguna retribución ni liberación horaria”. Si bien considera que esta figura es importante, señala que quizás es más relevante que todo el claustro vaya a la una y que hubiera más tiempo para dedicar al trabajo de la coordinación de bienestar.

A todas las funciones del coordinador de bienestar se les suma la falta de un perfil profesional homogéneo, con requisitos poco definidos en muchos territorios, lo que genera desigualdad en la preparación y experiencia de quienes asumen el cargo. Además, aunque la formación es un criterio que la mayoría de normativas de las comunidades han intentado implementar, no es suficiente.

“Tenemos tanta burocracia que no podemos llegar a todo. Al final, lo haces porque te quedas en casa por la noche haciendo papeleo. Desde mi punto de vista, si todo ese tiempo se destinara a dar charlas al alumnado, preparar materiales para mejorar la convivencia o a la formación del profesorado, el impacto sería mucho mayor. Pero incluso la formación es complicada: muchas veces se ofrece fuera del horario lectivo y, si tienes hijos, organizarte resulta prácticamente imposible”, puntualiza Verónica.

Aumenta el acoso escolar

A inicios del curso escolar, un informe elaborado por la Fundación ANAR y Mutua Madrileña advertía del aumento del acoso escolar, impulsado en gran medida por el ciberbullying y el uso de la inteligencia artificial como nueva herramienta de agresión. “La tecnología empapa todas las formas de violencia a las que están sujetos los menores”, explica Diana Díaz, directora de las Líneas de Ayuda de la Fundación ANAR.

Según el informe, la inteligencia artificial está presente en el 14,2% de los casos de ciberacoso, principalmente a través de la creación de vídeos falsos, la manipulación de imágenes o la suplantación de identidad. “Todo esto genera nuevas formas de violencia, al tiempo que la violencia física entre escolares también crece”, señala Díaz, quien insiste en que “la tecnología se ha vuelto completamente transversal en todas las problemáticas que atendemos”. Según el mismo informe, en el 56,4% de los casos que gestiona la fundación, la tecnología está implicada de forma directa, ya sea como origen del problema o como el escenario en el que se produce.

“[El tema de las redes sociales] es un problema muy gordo”, coincide Juan. “El 80% de las situaciones que tenemos nosotros de situaciones de acoso, muchas veces vienen mediatizadas, empezadas, acabadas o en desarrollo mediante las redes sociales”, explica.

Hace dos semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que iba a prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Si bien esta medida ha generado un debate sobre la protección de la infancia en la que algunos sectores se han posicionado en contra, esta preocupación no es nueva en el ámbito educativo. Desde que el Consejo Escolar del Estado acordara en 2024 prohibir el uso de dispositivos móviles en toda la etapa obligatoria (a excepción de los usos educativos que pueda plantear el profesorado en Secundaria), prácticamente todas las comunidades autónomas han aprobado en los últimos años normativas que regulan el uso del teléfono móvil en las aulas.

“Creo que [la medida de Sánchez] llega tarde porque hoy día un chaval de 13, 14 o 15 años tiene controlado todo el tema de las redes sociales. Además, muchos se ocultan en el anonimato y esto facilita el acoso”, sostiene Juan.

Los sindicatos docentes llevan tiempo señalando que muchos casos de acoso escolar se originan fuera del centro educativo, especialmente en redes sociales y plataformas digitales, lo que limita la capacidad de intervención de los institutos. Juan y Verónica coinciden en que el origen, en muchos casos, está fuera del aula, pero discrepa en que eso deba traducirse en inacción.

“Si el acoso lo ejercen alumnos de nuestro centro contra otros alumnos del centro, intervenimos, aunque haya ocurrido a las cinco, a las seis o a las siete de la tarde”, explica. A su juicio, la clave está en que esas conductas tienen un impacto directo en la vida escolar.

Juan asegura que su instituto ha sancionado comportamientos producidos fuera del horario lectivo cuando los comentarios o mensajes tenían como destinatarios a alumnos del centro. “Muchas familias al principio no lo entienden, pero nuestra obligación es proteger al alumnado y garantizar un entorno seguro. El alumno tiene que venir al instituto sabiendo que va a estar seguro aquí, pero también con la tranquilidad de que vamos a actuar si algo ocurre fuera”.

Desde su perspectiva, el bienestar del alumnado no puede limitarse al espacio físico del centro. “Una persona que recibe comentarios ofensivos por WhatsApp o por redes sociales se siente acosada igual. Ahí se está vulnerando un derecho fundamental: el derecho a un entorno seguro”, sostiene.

Juan reconoce que no siempre es fácil que toda la comunidad educativa comparta esta visión. “Es complicado, hay familias que al principio son reticentes, sobre todo cuando sus hijos son quienes acosan. Pero también hay que educar a los padres”, afirma.

Más recursos profesionales

Ante situaciones como las vividas por Juan cuando el alumno le contó que se había autolesionado –que muchas veces los coordinadores de bienestar y docentes se llevan a casa–, el profesor explica que es fundamental que las administraciones públicas aporten más recursos para hacerles frente: “Los casos de situaciones de acoso han avanzado, pero estos son sólo las primeras señales. También hemos percibido un aumento de lesiones autolíticas, ideaciones suicidas o situaciones que dejan al alumnado en vulnerabilidad total. Pero todo ello son situaciones que requieren ayuda de un profesional”.

“Yo no soy psicólogo, y creo que los psicólogos deberían estar más presentes en el ámbito educativo. No estaría mal que de las administraciones intentaran buscar esa psicología con profesionales. La figura del coordinador de Bienestar no puede y no debe sustituir nunca jamás a una situación profesional de psicólogo. Es imposible”, argumenta sin antes olvidar que “los propios coordinadores de bienestar necesitan un apoyo psicológico y muchos profesores necesitan un apoyo psicológico. Ningún docente tiene un apoyo psicológico de nada y ninguna administración, salvo la privada lógicamente”.

Mar de Niebla es una entidad social con una larga trayectoria de intervención comunitaria y educativa en el distrito de La Calzada, en Gijón. Tras la entrada en vigor de la LOPIVI y la designación de los coordinadores de bienestar en los centros educativos asturianos, la organización impulsó la creación de una red comunitaria de coordinadores de bienestar en los centros públicos del distrito.

El objetivo era generar un espacio de apoyo mutuo y coordinación ante la falta de recursos y la complejidad creciente de las situaciones que afrontan estas figuras. La red agrupa a profesionales de centros con realidades muy diversas —escuelas de Educación Infantil, colegios de Infantil y Primaria, centros solo de Primaria y tres institutos de Secundaria—. Juan es uno de los coordinadores que forman parte de esta iniciativa. “Gracias a la asociación Mar de Niebla vamos poco a poco sacando la cabeza. Al principio hubo mucha incertidumbre, sobre todo desde la administración, que no sabía muy bien cómo vertebrar esta figura”.

Para Juan, este trabajo en red no sustituye a los recursos que deberían garantizar las administraciones, pero sí actúa como un colchón imprescindible ante una realidad cada vez más compleja.

Este tipo de iniciativas comunitarias, subrayan desde Mar de Niebla, se están dando por suerte en otros barrios y territorios de distintas comunidades autónomas. La coordinación entre organizaciones y administraciones, señalan, resulta clave para sostener figuras como la del coordinador de bienestar. “El objetivo final es que, como en este distrito, se promueva una infancia y una adolescencia feliz”, concretan desde la organización.