“Los trabajadores en España no pueden participar en las decisiones que gobiernan sus vidas”

En España, imaginar que los trabajadores se sienten en los consejos de administración de las empresas para discutir una deslocalización o una venta de la compañía es casi ciencia ficción en la mayor parte del país. Pero es lo más frecuente en Europa. “España se queda a la cola del tren europeo, con los países menos desarrollados”, advierte Isabelle Ferreras (1975), presidenta de la Comisión internacional de expertos y expertas sobre la democracia en el trabajo adscrita al Ministerio de Yolanda Díaz en una entrevista con elDiario.es.

Académica con un extenso currículum, Ferreras es profesora en la Universidad católica de Lovaina, investigadora senior en el Center for Labor and a Just Economy de la Facultad de Derecho de Harvard e investigadora distinguida del Institute for Ethics in Artificial Intelligence de la Universidad de Oxford, además de miembro de la Real Academia de Bélgica.

Con la mirada muy atenta en lo que está sucediendo en Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, advierte de la necesidad de reforzar el “proyecto democrático” para no dejar caer los gobiernos en manos de extremistas. Eso ya no es ciencia ficción, sino presente en muchos países desarrollados.

En España, hay una tarea pendiente que prevé la propia Constitución de 1975, recuerda la investigadora, fomentar la participación de los trabajadores en las empresas, dándoles voz en su gobernanza, pero también acceso a su propiedad. “Ahora, hay que hacerlo”, sostiene.

¿Son frecuentes este tipo de estudios sobre el nivel de democracia en las empresas que ha realizado, junto a un grupo de académicos internacionales, para el Gobierno de España?

Es bastante original y habla probablemente de dos dimensiones. Por un lado, que España tiene un mandato constitucional en el artículo 129.2 que no ha desarrollado suficientemente. Por tanto, tiene una tarea por cumplir: completar esa transición democrática hasta el ámbito laboral.

Y, por otro, tiene que ver con el hecho que hoy las empresas se enfrentan a desafíos capitales, como el desarrollo de la inteligencia artificial, la desigualdad y evitar la destrucción del planeta. Hay que ver cómo van a ser capaces de superarlos, porque lo que parece claro es que, si seguimos con la misma gobernanza corporativa, el sistema va a producir las mismas consecuencias. Que son todas esas externalidades negativas, como dicen los economistas, que van desde la destrucción del planeta a la destrucción de la democracia política.

Así que hay que elegir. Es el momento de enfrentarse a esas cuestiones fundamentales. No solamente aquí en España, en Europa y en el mundo, donde vemos que las democracias se van debilitando frente a fuerzas extremistas.

El informe señala que España es una anomalía en Europa por su escasa democracia en las empresas, en lo relativo a la participación de los trabajadores.

Así es. Creo que la patronal española no conoce la situación europea y por eso piensa que es normal que los trabajadores no participen, no solamente en la gestión, sino en la estrategia, en el gobierno de las empresas.

En Europa hay 18 países sobre los 27 donde hay formas de representación de los trabajadores al nivel de los consejos de administración. España se queda a la cola del tren europeo, con los países menos desarrollados, que son solamente nueve.

¿Por qué cree que ha sido así?

Se puede entender porque España en cierta manera es un país muy joven. La transición democrática no tiene 50 años y hemos vivido en ese tiempo el desarrollo del proyecto neoliberal, en el que este derecho político de participación en la gobernanza de la propiedad —que es central en el capitalismo— no se ha cuestionado.

Pero ahora el modelo neoliberal se está cuestionando. Trump es una respuesta al modelo neoliberal, pero hay otras respuestas. Por eso, examinamos la propuesta de la esperanza, de ir a por mejoras para todos y todas, para la mayoría, para los ciudadanos, que son los trabajadores y las trabajadoras, que se quedan sin poder participar realmente en las decisiones que gobiernan su vida.

Abordan en su estudio cómo dar más voz a los trabajadores en la gobernanza de las empresas. Han planteado umbrales bastante ambiciosos, de un tercio e incluso la mitad de los asientos de un consejo de administración para la parte trabajadora. ¿Estos umbrales son tan comunes en otros países europeos?

Como grupo de expertos, nuestro papel era hacer la evaluación, el diagnóstico y el benchmark [comparativa de rendimiento] de España respecto a otros países europeos. De ahí, sale que las mejores prácticas en Europa para las empresas de 50 a 1.000 trabajadores son las de Suecia, con un tercio de los asientos del consejo de administración para los trabajadores y, para más de mil trabajadores, son la de Alemania, con la paridad de asientos.

Esos son los dos umbrales más ambiciosos y nos parecía que nuestro papel era dar esa proyección para la economía española.

Este escenario puede sonar revolucionario en España. Pero en estos países, que tenemos de referencia para otras cuestiones, las plantillas tienen mucha voz a la hora de valorar una inversión estratégica, una deslocalización o estrategias sobre recortes de personal, por ejemplo. ¿De eso estamos hablando, no?

Eso es. Me parece importante que la sociedad española, pero en particular las empresas españolas, se den cuenta de que hay otro modelo de gobernanza. No este modelo despótico del empresario que cree que sabe más que el resto, sino un modelo colectivo, que se apoya en las inversiones laborales de todas las trabajadoras y trabajadores de la empresa.

Esto va a ser clave en el futuro para la capacidad de competitividad y de innovación de las empresas. España tiene un déficit de innovación empresarial, su gobernanza corporativa es totalmente despótica y esta no es una manera inteligente de ir hacia adelante.

Este desafío se va a hacer aún más importante con el desarrollo de la inteligencia artificial, en el que vamos a ver dos tipos de incorporación de la IA, como dice el premio Nobel de Economía Daron Acemoglu, profesor en el MIT.

¿Cuáles son?

Acemoglu, al que nuestra comisión ha consultado en la elaboración de este estudio, nos dice que hay dos modelos: uno de imposición de la IA, con una calidad del empleo muy pobre y una capacidad de innovación muy mala; y otro modelo que aumenta la calidad de los puestos de trabajos con la IA.

Este último es el modelo que va a producir la capacidad máxima de innovación y de competitividad. Pero no se puede imaginar en empresas despóticas, que ignoran la capacidad de sus trabajadores para entender, diseñar y desarrollar esos sistemas de IA.

Proponen en su informe un nuevo derecho de co-decisión de los trabajadores para el despliegue de la inteligencia artificial.

Estamos en un momento histórico, en el que está en juego si la IA nos va a gobernar o vamos a ser capaces de gobernar la IA. No vamos a superar el desafío si seguimos con el modelo de gobernanza empresarial de Elon Musk y otros techbros.

Hay que pensar cómo nuestras instituciones de diálogo social tienen que mejorarse para que puedan dar respuestas a este reto.

En el pasado ha habido otras transiciones muy importantes en el mundo laboral, como la revolución industrial, por ejemplo. ¿Con esa voz de los trabajadores pretenden alcanzar lo que se denomina una “transición justa”, que tenga más en cuenta a los “perdedores” de la IA o de la transición verde? Como los puestos de trabajo que puedan desaparecer.

Sí, absolutamente. Aquí hay dos puntos. El primero es que en su libro Poder y Progreso, Acemoglu y Johnson, que son juntos Premio Nobel en Economía, explican muy bien que la revolución industrial necesitó tres generaciones de obreros para que se vieran los progresos para la mayoría de los trabajadores. Primero, produjo mucha pobreza y muchos problemas durante todo el siglo XIX.

Ahora no parece una buena idea que esperemos tres generaciones para que las cosas se transformen en algo positivo… Hay que poner las instituciones en marcha para que puedan producirse esos resultados.

¿Y el segundo punto?

En el tema de la transición justa, por ejemplo desde el punto de vista ecológico, a nivel europeo no se ha dado acceso a la voz a los trabajadores y en general se piensa como un problema de salario. Es decir, si una persona pierde su empleo, hay que darle una compensación monetaria.

Pero lo monetario o instrumental es solamente es una dimensión del trabajo, no es todo lo que da sentido a la vida del trabajador. También lo es el hecho de que contribuye a algo que le interesa, que le parece importante, su relación con la sociedad o sus compañeros, puede sentir que el trabajo le da una identidad social… Esto no se puede cuidar sin dar voz a la gente.

Los trabajadores y las trabajadoras son realmente inversores de su vida, de su conocimiento, de su salud, de su cuerpo en el trabajo. Y cuando la inversión es tan importante, hay que dar voz a la gente. No se justifica hoy en día no reconocer esos derechos de participación

Apuntaron en la presentación del estudio que hay pocos espacios donde las personas tengan tan poco poder de decisión.

Los trabajadores y las trabajadoras son realmente inversores de su vida, de su conocimiento, de su salud, de su cuerpo en el trabajo. Especialmente en una economía de servicios, como es hoy la de España y toda Europa, donde encontramos más de 80% de los trabajos en los servicios.

Y cuando la inversión es tan importante, hay que dar voz a la gente que está gobernada por las decisiones de las empresas. No se justifica hoy en día no reconocer esos derechos de participación.

En un país como España, en el que tienen tanto peso las pequeñas empresas, ¿se podría generar una desigualdad de derechos entre sus trabajadores y las plantillas de las grandes empresas? Para este tejido más pequeño, ¿plantean otro tipo de estrategias o iniciativas?

Este es un problema común en Europa, aunque en España particularmente. Lo primero: el artículo constitucional que da voz y acceso a la propiedad a cada trabajador o trabajadora alcanza también a las pymes. No dice que si trabajas en una pyme no se te garantizan estos derechos.

Así que sí, es un desafío muy importante. Como comisión de expertos no tenemos todas las respuestas, pero esperamos haber contribuido a poner las preguntas sobre la mesa.

Sobre las pymes plantean que se regule para que los empleados puedan adquirir con mayor facilidad las empresas donde trabajan ante el reto del relevo generacional de muchos negocios.

Hay un gran desafío de sucesión de las pymes. Dentro de una década, hay un tercio que no tienen un plan de sucesión, que sabemos que el empresario se va a jubilar y que no tiene hijos o hijas, o que no quieren seguir con el negocio.

Esto es un riesgo para el tejido productivo español. ¿Qué va a pasar si no tenemos un plan de acceso a la propiedad? Que los fondos de inversión depredadores americanos van a venir, como ya lo están haciendo con la vivienda.

Así que, por qué no seguir el plan que nos plantea la Constitución española, ayudando a las empresas, y a las pymes en particular, para que pueda pasar la propiedad a sus trabajadores. Ellos son los que conocen mejor el negocio. ¡Hablamos de compra! No de expropiación. Para facilitar esa transición, proponemos que el Estado y los poderes públicos pongan en marcha Fondos de Inversión Ciudadanos, públicos.

Si no hay un plan de acceso a la propiedad ante el reto de sucesión generacional en las pymes, vendrán los fondos de inversión depredadores americanos, como ya lo están haciendo con la vivienda

Además, plantean un sistema de incentivos, fiscales y en la contratación pública, entre otros, que premien a compañías con más participación tanto en la voz y de propiedad de los trabajadores.

Es la herramienta más original y ambiciosa del informe. Porque si no hay una nueva legislación rápidamente, el Gobierno puede mañana empezar con esos incentivos a dar un buen soporte a las empresas que avanzan con más democracia interna y más innovación, y desincentivar a las que quieren mantenerse en una gobernanza despótica, que sabemos que no es la respuesta a los desafíos que España tiene.

¿Cree que España está en condiciones de empezar ya a hacer esta transición democrática? ¿Qué destacaría que ganaría el país al hacerlo?

Absolutamente. Con una tasa de crecimiento económico que despierta la envidia de otros países europeos, España es más capaz que nunca de situarse a la cabeza del tren europeo. Además, tiene la responsabilidad de ejercer un liderazgo y demostrar que es necesario seguir esta senda de profundización de la democracia en la economía, incluso en los EEUU se empieza a comprender esto.

En el ámbito científico sabemos que hay una conexión entre la manera en que la gente vive y las posibilidades de desarrollo de una sociedad democrática. La gente espera poder tener voz sobre su vida y lo que ven es que no la tienen sobre lo más importante de su día a día. Porque son gobernados por empresas despóticas en las que no pueden participar ni decidir.

Nos parece que ese desarrollo es central para el futuro de España, para la calidad de su economía, a nivel colectivo y a nivel individual también, como una respuesta a las expectativas de los ciudadanos.

España tiene además una responsabilidad de responder a este artículo constitucional y este Gobierno lo incluyó en su acuerdo de gobierno. Es una muy buena noticia, porque es la manera responsable y auténticamente emancipadora de responder a los desafíos de hoy de la democracia, la economía y el planeta.