Diputado Gilberth Jiménez propone recompensas por información sobre delincuentes más buscados
Proyecto de ley del liberacionista crearía el Fondo de Recompensas, administrado por el Ministerio Público, y que se nutriría por el dinero decomisado a la delincuencia organizada
El diputado Gilberth Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), propuso crear un Fondo Nacional de Recompensas con el objetivo de promover que la ciudadanía brinde información a las autoridades judiciales y policiales sobre el paradero de los delincuentes más buscados del país.
Se trata del expediente legislativo 24.088, que plantea la implementación de un sistema parecido a los que establecidos en países como Estados Unidos, Colombia y Ecuador.
El sistema es básicamente para compensar con dinero a las personas que brinden información fidedigna que permita la identificación y captura de delincuentes, para su arresto, o bien para el desmantelamiento de organizaciones criminales.
El sistema que determina la ley para dar recompensas económicas tendrá que ser definido a través de una comisión tripartita que administre el Fondo. Esa compensación estará exenta del pago de impuestos, cánones y tasas.
La ley también obliga a los ciudadanos a aportar datos certeros y útiles, a través de información fehaciente y veraz.
El objetivo, según explicó el diputado Jiménez Siles, es incentivar a las personas para colaborar con las autoridades y que esto sirva para la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana.
“Otro impacto importante es la desarticulación de redes criminales y la reducción de su capacidad operativa, al perseguir a los líderes y miembros clave de estas organizaciones. El Fondo de Recompensas debilita su estructura y dificulta su funcionamiento. Esto se traduce en una disminución de los delitos asociados, como el narcotráfico, la extorsión y la violencia”, dice la exposición de motivos de la propuesta legal.
Jiménez aseguró que, eventualmente, ese sistema de recompensas puede colaborar en la disminución de los delitos que se cometen en el país, pues muchas veces las personas prefieren no denunciar por las amenazas que hay de parte de las organizaciones, y la ausencia de verdaderos incentivos para las personas que conocen información sobre este tipo de grupos.
“Es importante destacar que el programa de recompensas no es una solución única, sino que debe ir acompañado de otras medidas, como el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la implementación de políticas de prevención del delito y la promoción de la educación y oportunidades para los jóvenes”, destacó el diputado en su planteamiento.
El Fondo Nacional de Recompensas se nutrirá con el dinero incautado, producto de todos los delitos asociados a la actividad del narcotráfico y del crimen organizado, así como de los capitales emergentes no justificados.
La administración de dichos recursos estará en manos del Ministerio Público, a través de una comisión tripartita integrada por el fiscal general de la República, o a quien él designe, como presidente de ese órgano.
También estará compuesta por el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y un magistrado de la Sala Tercera, o a quien este tribunal designe.
Los tres miembros de la comisión serán los encargados de dictar las políticas generales del Fondo de Recompensas, para el cumplimiento de la ley.
Las autoridades judiciales depositarán el dinero obtenido de los decomisos en las cuentas corrientes del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y remitirán copia del depósito.
De los rendimientos de esos dineros decomisados, un 10% irá para el Fondo de Recompensas contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, del Ministerio Público.
La ley estableció como otras fuentes de financiamiento la asignación de recurso de parte de otras instituciones públicas del Estado, de conformidad con sus posibilidades, así como donaciones de organismos internacionales y de países cooperantes dentro del marco de convenios de cooperación en lucha y combate contra el crimen organizado.
La ley también obliga al Ministerio Público publicar, a través de diferentes medios y plataformas, la lista de los delincuentes más buscados del país, para que la ciudadanía conozca de su existencia.