La traición de las cúpulas
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es motivo de gozo y de confianza que Lenia Batres haya sido designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a 14 organismos cúpula del sector privado (80 por ciento del PIB de México), expresa un día sí y otro también su respaldo entusiasta al gobierno más estatista que hayamos visto desde el sexenio del presidente López Portillo.
Sus directivos traicionan la declaración de principios que dan vida a los organismos que encabezan.
Lenia Batres, felicitada por la dirigencia nacional de Coparmex –además le expresan su confianza–, llega con la misión expresa de romper el equilibrio de poderes para subordinar al tribunal constitucional al Poder Ejecutivo y al Legislativo.
¿Se darán cuenta las dirigencias empresariales de lo que están siendo cómplices?
A la Corte le hace falta una sola ministra como Lenia Batres para que las leyes aprobadas por la mayoría simple en el Legislativo puedan pasar sobre la Constitución.
Diego Valadés lo explicó la semana pasada en su colaboración en Reforma:
Un caso extremo, dice, sería que una mayoría de diputados reformara la ley electoral y que ésta “determinara que los presidentes de la República son reelegibles después de un periodo intermedio. Habría una inconstitucionalidad ostensible, pero si cuatro de los 11 ministros decidieran que esa disposición legal es acorde con los principios abstractos de la democracia, sería aplicable por encima de la Constitución”.
Para Batres la SCJN no debe estar nunca por encima de la voluntad de la mayoría, ni debe corregir las leyes que apruebe el Legislativo.
Lenia Batres no traiciona a nadie, es congruente. Ella se refleja en los regímenes donde no hay división de poderes y un partido se arroga la representación de la mayoría y aplasta a las minorías. Totalitarismo, pues.
¿Y la Coparmex? ¿También?
Sin que nadie se los pidiera, sus dirigentes nacionales hicieron un pronunciamiento público en el que, además de felicitar a Lenia Batres, le dijeron que “confiamos en su compromiso con la Constitución y la autonomía judicial” (publicado en X).
La declaración de principios de Coparmex dice otra cosa:
“24.- … La división, el equilibrio y dignidad de los poderes del Estado, y el respeto a las garantías individuales, consagradas en la Constitución, son factores fundamentales para que el Estado se justifique”.
El gobierno vuelve a asumir funciones que son propias del sector privado en producción de energía, aeropuertos, construcción, servicios.
Vamos de regreso a la época del gobierno propietario y deficitario, endeudado para subsidiar la mala administración de sus propiedades.
¿Qué dicen las cúpulas empresariales?
El organismo cúpula de los empresarios, CCE, ve “buena disposición y excelente colaboración” entre el sector privado y el gobierno, según lo manifiesta su presidente, Francisco Cervantes Díaz.
De parte del CCE no hay contención al avance del estatismo, sino un aplauso entusiasta. No hay oposición de su parte, sino aliento.
Es una traición, desde luego.
Dice el ideario del Consejo Coordinador Empresarial (mayo de 1975):
-En un régimen democrático, la actividad económica corresponde fundamentalmente a los particulares y son ellos quienes tienen a su cargo, de manera directa, la creación de la riqueza.
-Todo aquello que el hombre pueda realizar por sí mismo, o que pueda llevar al cabo una sociedad inferior, no debe encargarse a un organismo social más amplio y elevado a menos que, en forma evidente e imperativa, lo exija así el bien común. La negación de este principio de subsidiaridad conduce al totalitarismo.
-Incumbe al Estado, además de su misión de regir y custodiar el orden jurídico, la de ser gestor del bien común. Este lo realiza en la vida económica, facilitando, armonizando, estimulando y, sólo en último término, supliendo la acción de la libre iniciativa en los casos y condiciones arriba señalados.
-La producción de bienes y servicios económicos no constituye una función propia del Estado. La acción de éste debe tender precisamente a garantizar a los particulares el mejor y más libre ejercicio de los derechos de la persona humana; no a limitar o entorpecerlos en aras de un supuesto beneficio nacional. Esta política, asimismo, debe establecerse en el caso de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal.
-En su carácter de gestor del bien común, en todas las actividades económicas en que el Estado interviene, no sólo debe aceptar, sino favorecer la participación de la iniciativa privada.
-La tendencia sistemática del Estado a intervenir como empresario constituye un grave peligro para el ejercicio de los derechos individuales. Como garantía de que la intervención estatal se subordinará a las exigencias del desarrollo económico y del bien común, es necesario un régimen de libertad política efectiva.
-Corresponde al Estado crear y mantener la infraestructura económica y garantizar el orden contra quienes pretendan alterarlo.
-Dentro de un régimen democrático, los individuos y las agrupaciones de iniciativa privada tienen derecho y la obligación de analizar las políticas gubernamentales, así como de fijar su posición respecto de ellas. Toda crítica constructiva e inspirada en el bien común constituye un acto de leal colaboración, merecedor de reconocimiento y aun de estímulo.
-Sólo existe auténtico desarrollo en la justicia y en la libertad, pero sólo será efectivamente compartido por todos los sectores sociales, en un marco de seguridad jurídica y estabilidad.
En síntesis: lo que hace el gobierno con la destrucción del Estado de derecho y la sustitución del sector privado en la economía es una declaración de guerra a la filosofía de la libre empresa.
Los organismos cúpula aplauden porque el gobierno favorece a algunos grandes empresarios que medran de la discrecionalidad presidencial.
Todos pagaremos por su traición.