Junts condiciona su apoyo a los decretos a imponer sanciones a las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017

El precio por el apoyo de Junts a la votación mañana en el Congreso para convalidar los tres primeros decretos del Gobierno (6/2023, 7/2023 y 8/2023) es un plan para sancionar a las empresas que cambiaron de sede social y dejaron Cataluña en 2017 para escapar de los efectos del 'procés' . Según ha adelantado 'La Vanguardia' y han confirmado a ABC desde Junts. En el marco de las negociaciones para sacar adelante los citados decretos, Junts ha exigido la retirada de los mismos y su presentación por separado, una forma de no poner en peligro las medidas de blindaje social para así poder modificar aquellos aspectos que, a criterio de la formación que lidera Carles Puigdemont ponen en peligro la aplicación efectiva de la ley de Amnistía una vez se apruebe de manera definitiva. Ahora ha trascendido que otra de las exigencias del independentismo incide directamente en uno de las consecuencias más sensibles de todo el proceso catalán, la marcha de numerosas corporaciones huyendo de la inestabilidad política y jurídica . Se estima que rondan las 9.000, según los últimos datos proporcionados a este periódico por los Registradores de España. Noticia Relacionada estandar Si Sánchez, el presidente al que el Congreso ha tumbado más decretos Ana I. Sánchez La Cámara solo ha derogado cinco de estas normas en la democracia, y dos de ellas al líder socialista La pretensión de revertir esa diáspora es uno de los objetivos más o menos consensuados entre el grueso de los partidos y la clase empresarial catalana. Unos por la vía de ofrecer estabilidad y normalización, otros, es el caso de Junts, según se confirma ahora, por la vía de la sanción. Según ha trascendido, tras la retirada de los decretos y su presentación por separado, este partido reclama una reforma de la ley de Sociedades de Capital con objeto de aprobar incentivos fiscales para las empresas que se quedaron en 2017, y, a la vez, condicionar la concesión de ayudas y subvenciones a las firmas que manteniendo sus centros operativos en una comunidad tienen su sede social en otra.