El Parlamento italiano da el primer paso para derogar el delito de abuso de poder
La Comisión de Justicia del Parlamento italiano votó hoy a favor de la eliminación del delito de abuso de poder del Código Penal, el primer paso de una reforma más amplia propuesta por el ministro de Justicia, Carlo Nordio. La comisión aprobó el primer artículo de la reforma, que supondrá la supresión del delito de […]
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La Comisión de Justicia del Parlamento italiano votó hoy a favor de la eliminación del delito de abuso de poder del Código Penal, el primer paso de una reforma más amplia propuesta por el ministro de Justicia, Carlo Nordio.
La comisión aprobó el primer artículo de la reforma, que supondrá la supresión del delito de abuso de autoridad o poder, reservado a los funcionarios y administradores públicos, como los alcaldes.
Votaron a favor los partidos del gobierno, los ultraderechistas Hermanos de Italia (HdI) de la primera ministra, Giorgia Meloni, la Liga de Matteo Salvini, y la conservadora Forza Italia (FI), además de la centrista Italia Viva, de Matteo Renzi, en la oposición.
En contra se manifestaron las dos grandes formaciones opositoras, el Partido Demócrata (PD, socialdemócrata) y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S, populista).
El proyecto de ley de Nordio, exfiscal que persiguió al grupo terrorista Brigadas Rojas en los ochenta, propone en su primer artículo la derogación de ese delito, pero comprende otras iniciativas, aún por votar, como la limitación de las interceptaciones.
Sobre el delito abuso de poder, la propuesta legislativa asegura que actualmente las condenas son mínimas, solo 18 en 2021, a pesar de que las imputaciones en el mismo año ascendieron a 4.754.
Esta anomalía se traduce en que, frecuentemente, un alcalde acaba imputado sin motivo, alega el documento.
El ministro Nordio expresó en un comunicado una «gran satisfacción» por la rapidez con que la comisión ha iniciado la tramitación del proyecto de ley, que aún deberá ser aprobado definitivamente por las dos cámaras del Parlamento, el Senado y la de Diputados.
«La derogación de este delito evanescente, reclamado por todos los administradores de toda pertenencia política, contribuirá a acelerar los procedimientos judiciales y generará un impacto positivo en la economía», alegó Nordio.
Su viceministro, Francesco Paolo Sisto, defendió que este delito, que reserva penas de entre uno y cuatro años de cárcel, ha hecho que «cerca del 92 o 93 % de las investigaciones hayan acabado archivadas o en absoluciones», lo que consideró «intolerable».
Mientras los años que duran las pesquisas, apuntó a la emisora pública Rai, el alcalde o el directivo de una empresa pública es «investigado» y padece «dos patologías»: la primera, el miedo a tomar decisiones y la segunda «el daño a su imagen y a su carrera política y personal».
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