Javier Padilla: “La mascarilla en los centros sanitarios no va a doblegar la curva, sino a proteger a los pacientes”

La nueva ministra de Sanidad dio este miércoles un golpe encima de la mesa y tomó las riendas de la epidemia de gripe. En una de sus primeras medidas de gran calado en los menos de dos meses que lleva al frente del departamento –y sin duda la que más suspicacias ha levantado entre buena parte de las consejerías–, Mónica García impuso a todas las comunidades autónomas el uso de la mascarilla obligatoria en los centros de salud y hospitales. Hay una excepción: aquellas que presenten durante dos semanas consecutivas un descenso en la incidencia de infecciones respiratorias agudas podrán pasar del mandato a la recomendación.

El 'número dos' del Ministerio y mano derecha de García, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, recibe a elDiario.es y defiende que, aunque la "voluntad de diálogo" es una de sus prioridades, hay situaciones concretas en las que el consenso no es posible. "Es necesario que salga un mensaje hacia la población que transmita que no hay descoordinación y que hay alguien liderando esa coordinación", explica sobre la mascarilla un día antes de conocer los datos epidemiológicos de la primera semana del año, que se publican este jueves.

Usted es médico de familia, ¿cómo recuerda los picos de gripe en la consulta?

Los picos de gripe son, sobre todo la primera semana de enero, una cotidiana resignación por parte de los profesionales, que tienen que interrumpir la actividad habitual. No citas a gente para las revisiones, salvo para lo más urgente, y lo primero que haces al llegar a la consulta es mirar el número de pacientes. Recuerdo que durante varios años consecutivos, el 2, el 3 o el 4 de enero tuiteaba que tenía más de 60 pacientes un día más en la epidemia de gripe. Es una resignación a la que no podemos resignarnos.

¿Qué es diferente esta temporada respecto a los años prepandemia?

Lo principal es eso, que ha habido una pandemia. Los dos últimos años hemos podido ver cómo la gripe estacional no tenía por qué ser una situación de colapso sanitario o de gran tensión de todos los sistemas de salud. Además, hemos descubierto que hay muchas medidas que son bien toleradas por la población, que ha entendido que lo que le pasa a uno importa también para los demás, por lo que podemos tomarlas. De forma habitual, habíamos asumido que en la época de gripe podíamos tener un exceso de mortalidad, como si fuera parte del paisaje. A día de hoy tenemos bastante claro que hay medidas que se pueden tomar para evitarlo.

¿Qué efecto tiene el uso de la mascarilla en los centros sanitarios a nivel de salud pública?

Lo que se pretende con la mascarilla en los centros sanitarios no es tanto actuar sobre la transmisión comunitaria, sino proteger a las personas más vulnerables, que van a un centro de salud sin elegirlo. La mascarilla en los centros sanitarios no va a doblegar la curva, sino proteger a los pacientes en un contexto muy concreto. Ese es el motivo de esta medida.

En el documento que han enviado las comunidades autónomas hablan de la obligatoriedad del uso universal de la mascarilla. ¿Qué matiz tiene ese “universal”?

Quiere decir que, al contrario de lo que sí se ha recomendado en otros lugares, no sea solamente, por ejemplo, en las salas de espera. Es decir, cuando uno está en un centro sanitario, se pone la mascarilla. Creemos que los mensajes tienen que ser sencillos, directos y que las recomendaciones tienen que poder adaptarse a las singularidades. Lo que tenemos que darle a la población es una guía sencilla, que no le haga pasar más tiempo pensando qué es lo que tiene que hacer que haciéndolo.

¿Qué implica la obligatoriedad? ¿Qué ocurre si un profesional sanitario o un paciente no se la quiere poner?

Ahí tendrán que actuar los servicios regionales de salud, que tienen las competencias. De todas formas, es algo que se ve muy poco y que no va a pasar de la anécdota. Los profesionales sanitarios nos transmiten que estos últimos días, donde la obligatoriedad ha sido un debate, ya se ha incrementado su uso.

Varias comunidades pedían que se tuviera en cuenta la incidencia para imponer la obligatoriedad. ¿Tiene sentido aplicar la misma medida para una región con una tasa de 500 casos que para otra con una incidencia de 1500?

Nosotros hemos querido utilizar como guía la evolución, la tendencia. Por un lado, porque los datos que vamos teniendo hacen alusión a la semana anterior. Esto no es como durante la pandemia de la covid, que los teníamos a diario y el número concreto sí podía marcar una diferencia. Por otro lado, porque, en términos generales, la gripe, cuando empieza a bajar, continúa esa bajada. Además, durante estas semanas hemos vivido una subida con una pendiente muy pronunciada y sería esperable que, si bien no de forma análoga, en la bajada no haya titubeos.

Por eso, creemos que esa tendencia continuada durante dos semanas es la que hace que las comunidades, dentro de sus competencias y del análisis concreto de sus propios datos, puedan tomar la medida de pasar a la recomendación o decidan mantener la obligatoriedad. La decisión que hemos tomado hoy también sirve para dar ese aval jurídico, desde el Ministerio, a las comunidades que ya han puesto en marcha la medida.

Ese aval del Ministerio, ¿hasta cuándo durará?

En las declaraciones de actuaciones coordinadas que se han emitido con anterioridad hemos visto que no se especifica una duración concreta, sino que esas acciones y ese aval que supone el documento estará activo hasta que, en coordinación con el Consejo Interterritorial, la ministra emita una orden para que decaiga. Habrá que ver cuál es la evolución, que no irá sincronizada en las diferentes comunidades. Por eso hemos dado la opción de que puedan ir adaptándose. En principio, esperamos llegar al pico de gripe en unas dos semanas, pero hay grupos etarios donde ya ha empezado a bajar. En el País Vasco, por ejemplo, el índice global de la tasa de infecciones respiratorias agudas lleva bajando un par de semanas y en Catalunya, en algunos grupos, principalmente en población pediátrica, ya está bajando, así que lo normal es que esa bajada se vaya generalizando.

Varias consejerías han criticado la convocatoria del Consejo Interterritorial del lunes sin una reunión previa de la Ponencia de Alertas o la Comisión de Salud Pública, que es donde se preparan las medidas a adoptar. ¿Por qué no se convocaron estos órganos?

El artículo 65 de la Ley de Cohesión, que es a la que nos atenemos para hacer esta declaración de actuaciones coordinadas, alude al Consejo Interterritorial directamente, no a ninguno de los subórganos que lo componen. Además, en un momento concreto en el que creíamos que había que tomar decisiones porque había comunidades que estaban aplicando medidas que podían necesitar el aval jurídico del Ministerio, consideramos que, dado que esas medidas se basaban en documentos, reglamentos o en diferentes elementos de apoyo de la Ponencia de Alertas o de la Comisión de Salud Pública, contamos con el aval suficiente para plantear estas medidas.

Ahora bien, esto es un proceso. Hoy ha habido reunión de la Ponencia de Alertas, el jueves de la semana que viene hay una reunión de la Comisión de Salud Pública donde se va a incorporar un punto de evaluación de la situación y de seguimiento de las medidas implantadas. Posteriormente habrá otra reunión cercana de la ponencia, y el Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias nos dice que mantienen una comunicación fluida, cercana y constante con las diferentes comunidades. Además, hay que tener en cuenta que el documento que nosotros emitimos está elaborado desde la Dirección General de Salud Pública y Equidad, que no es un órgano no informado técnicamente.

¿Qué han dicho los técnicos en la ponencia de este miércoles?

He hablado con Fernando Simón antes de la rueda de prensa y me ha dicho que han estado poniendo en común los datos que tenían. Este jueves, precisamente, vamos a conocer datos nuevos que podremos evaluar. Algunas comunidades decían que habían empezado a bajar y otras, que en absoluto.

La ministra siempre habla de coordinar sin imponer, pero varias comunidades sí consideran que la medida adoptada es una imposición. ¿A qué se debe el cambio de postura?

Cada uno tiene que hacer ejercicio de las competencias que tiene asignadas y, en términos generales, está claro que tanto la voluntad de diálogo como la de coordinación y de armonización están entre nuestras prioridades como Ministerio. Ahora bien, hay situaciones concretas en las que la necesidad de recoger acciones que se están llevando a cabo, de coordinarlas y ponerlas en consonancia con los datos epidemiológicos y de que salga un mensaje hacia la población que transmita que no hay descoordinación, que la información que se da es concreta y que hay alguien liderando esa coordinación, hace que algunas medidas no puedan salir con el consenso con el que nos encantaría que salieran.

Pero creo que también fruto de esa labor de coordinación y diálogo, hay diferencias entre el documento que se presentó a las comunidades el lunes y lo que ha entrado en vigor. El diálogo no es algo que tenga que venir de boquilla, sino que tiene cosas concretas que se materializan, como que sean las consejerías las que decidan el paso de la obligatoriedad a la recomendación cuando cumplan ese criterio de bajada de incidencia.

¿Esa es una propuesta concreta de las comunidades?

Han propuesto que se pudiera flexibilizar el paso a la recomendación, nosotros lo hemos trabajado con nuestros técnicos y ha cristalizado en esa propuesta concreta.

Las declaraciones más duras han llegado desde Madrid. ¿Es esa la tónica a la hora de trabajar?

Con la Comunidad ya nos conocíamos de antes y, en términos generales, la relación de cercanía hace que no sea demasiado crispada. Podemos estar de acuerdo en cosas, podemos estar en desacuerdo en muchas otras, pero la relación cotidiana no es, ni mucho menos, la que ha podido significarse en alguna declaración en estos últimos días. También hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, lo que llega al Consejo Interterritorial ha pasado por varios filtros de trabajo técnico. Es muy difícil que en el ámbito político se enmienden las decisiones que se han conseguido tejer en el ámbito de lo técnico. Nuestra relación con la señora Matute es totalmente cordial, como con mucha gente de su equipo.

En este momento la mayoría de consejerías de Sanidad están en manos del Partido Popular y no hay ninguna de Sumar. ¿Notan esa soledad a la hora de gestionar?

El Ministerio de Sanidad no es de Sumar, es del Gobierno de España. Como tal, lo que tiene que hacer es dar respuesta a todos los gobiernos, también autonómicos. Creo que no tener una vinculación partidista directa con ninguna de las consejerías nos capacita para desarrollar de forma más libre esa labor de representación de los ciudadanos, porque no tenemos que responder a otro tipo de cálculo ni de dinámica interna. No vamos a recibir ningún toque en el hombro de ninguna comunidad diciendo: “Oye, no me hagas esto que luego me lo van a imputar a mí”.

Dicho esto, en el caso que nos atañe ahora mismo, las comunidades del PP tampoco se han comportado de una manera homogénea en su posicionamiento. Al menos tres de las que han implantado la mascarilla obligatoria están gobernadas por el Partido Popular, que habrán hecho caso a sus realidades epidemiológicas en pos de una mejora de la salud de su población. En muchas ocasiones hay un pensamiento muy unívoco que sitúa al partido al que perteneces con las decisiones que tomas y luego no siempre es así.

Tampoco ha habido unanimidad entre las del Partido Socialista.

Por eso mismo, es una tónica general que, personalmente, creo que es positiva: lo que se pone encima de la mesa en el Consejo Interterritorial no es solamente la pertenencia a un partido político.

Han propuesto también la autobaja de tres días. ¿En qué situación están las conversaciones con los agentes implicados?

No me gusta llamarla ‘autobaja’, porque no lo es. La baja es una cosa que no toma un trabajador, sino que es expedida por un profesional sanitario. Nosotros hablamos de una autojustificación de una ausencia laboral de corta duración por una enfermedad leve que no precisa de atención sanitaria. Hay quien dice que lo que tendríamos que hacer es poner a más profesionales sanitarios, pero aunque tuviéramos cada uno a un profesional sanitario de nuestra mano, hay cosas que no tendrían por qué hacerse.

La migraña es el claro ejemplo de un cuadro en el que la persona que la sufre sabe muchísimo mejor que su médico o médica cómo la tiene que tratar. Si la padeces, lo primero que haces no es llamar a tu médico para ver si tienes o no que ir a trabajar, sino que llamas al trabajo y dices que no vas. Y luego intentas que tu centro de salud te dé cita y le dices al médico que no fuiste a trabajar porque te dolía la cabeza. Eso es una autodeclaración. Hay que hacerla efectiva y darle aval jurídico. Estamos hablando con las carteras ministeriales implicadas y, desde nuestro punto de vista, si bien ha salido a la palestra en una coyuntura de infecciones respiratorias, es una medida que puede ser estructural, como ya lo es en Reino Unido, en Alemania, en Suecia o, desde el mes de abril, en Portugal.

Tendrá además que llevar todo el camino de diálogo con quienes tienen que aplicarlo, que al fin y al cabo son los diferentes actores en el diálogo social, los sindicatos y la patronal, sabiendo que cuenta con el aval de sociedades científicas y colegios profesionales. Esto es lo contrario a una innovación, sino, simplemente, reconocer el conocimiento generado desde diferente ámbitos expertos e intentar que se plasme en el Boletín Oficial del Estado y en la políticas públicas.

¿Cree que podría estar en marcha para la próxima temporada de invierno?

Ojalá. Por nuestra parte no será. A día de hoy es una cosa que estamos estudiando con los diferentes actores implicados y nunca hemos ocultado que es una cosa que tenemos dentro de nuestros posicionamientos. Lo hemos llevado en programas electorales de toda índole, lo hemos defendido como profesionales clínicos de a pie y hemos formado parte de algunas de las sociedades científicas que lo defienden. Ojalá para el próximo año pudiera estar, porque supondría un impacto importante.

¿Qué disposición han visto por parte de esos agentes implicados?

Con patronal y sindicatos no hemos hablado porque creemos que las propuestas tienen que salir de dentro y después ya plantearlas. Sí estamos en contacto con los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo y esperamos que las conversaciones versen en torno al cómo.

Entonces, ¿hay buena disposición por parte de estos ministerios?

Creemos que es una disposición razonablemente favorable, pero tampoco vamos a hablar por la boca de nadie que no seamos nosotros mismos.

¿Se han planteado otra serie de medidas que no estén incorporadas en este documento o que se puedan trabajar de cara a la temporada que viene?

Queremos generar indicadores precoces que puedan vincularse a acciones concretas y a la toma de decisiones, para que no tengamos que ser tan herederos de algunos indicadores muy del ámbito de la pandemia. Es una de las cosas que se han hablado en la ponencia. También tenemos la certeza de que la temporada de gripe se prepara antes de que empiece el verano. Aunque las competencias sean autonómicas, el Ministerio tiene que jugar ese papel de liderazgo y coordinación, por todo lo vinculado con la gestión del conocimiento, la experiencia y ese tener muchos ojos en muchos sitios. La epidemia de gripe suele tener una distribución geográfica que empieza por un lado y va avanzando a lo largo de la península. No siempre lo hace por el mismo lado, así que podemos tener la visión de dónde empieza cada temporada y controlar su evolución.

¿Se plantean agilizar la obtención de datos epidemiológicos? La última cifra de incidencia, al cierre de esta entrevista, es del 31 de diciembre.

Hoy es un día un poco singular, porque mañana (por el jueves) ya tenemos los datos a solamente unos días.

A siete días.

Creo que no hay que ser esclavos del dato del último día, que es una cosa que en la pandemia se comentó mucho. Además, hay que tener en cuenta que una de las cosas que viene haciendo el Ministerio en los últimos años es un desarrollo muy importante de los sistemas de información vinculados a la vigilancia epidemiológica. La puesta en marcha de Sivira es una gran noticia para el sistema sanitario y las políticas de salud pública de nuestro país y, por supuesto, está en constante mejora. También está pendiente de salir adelante el Real Decreto del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, y tendremos diferentes reales decretos sobre diferentes sistemas de información. A día de hoy podemos decir que estamos mucho mejor preparados, pero sobre todo, que la mejora de los sistemas de información se ha convertido en una prioridad.