Claves para entender la demanda por genocidio contra Israel en el principal tribunal de la ONU

Este jueves y viernes se celebran las primeras vistas en el caso por genocidio abierto por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia a raíz de la ofensiva en Gaza, que deja ya cerca de 23.000 muertos en tres meses. El caso representa el mayor desafío legal al que se ha enfrentado Israel en los últimos años y la primera decisión del organismo puede llegar en cuestión de semanas.

En su demanda contra Israel, Sudáfrica solicita medidas cautelares, lo que quiere decir que los jueces deben decidir en cuestión de semanas si ordenan a Israel que detenga su ofensiva de manera temporal hasta que tomen una decisión definitiva sobre el fondo del proceso por genocidio.

Con esta estrategia, la acusación se asegura una pronta respuesta y, además, aumenta las posibilidades de una resolución favorable porque se rebajan los estándares mínimos para ello. El tribunal no tiene que demostrar que Israel ha violado el Convenio para la Prevención y el Castigo del Genocidio, sino que hay bases razonables para dudar del cumplimiento del tratado.

Sudáfrica refuerza este punto con las declaraciones de múltiples expertos y organismos de la ONU que han advertido frente al riesgo de genocidio.

"Dados los niveles de violencia y destrucción sin precedentes que continúan existiendo sobre Gaza y dadas las declaraciones públicas de oficiales israelíes empleando un lenguaje genocida, creo que es probable que el tribunal dicte medidas cautelares", dice a elDiario.es Sonia Boulos, profesora en la Universidad Antonio de Nebrija, experta en derecho internacional y que ha ejercido como abogada en la Asociación de Derechos Civiles en Israel, donde ha litigado durante seis años numerosos casos frente al Tribunal Superior de Justicia.

No sería la primera vez que la Corte Internacional de Justicia dicta medidas cautelares en casos sobre genocidio. El 26 de febrero, dos días después del inicio de la invasión rusa, Ucrania presentó un caso en la CIJ relativo a una disputa en el marco de la Convención sobre el Genocidio.

Rusia justificaba la invasión como una protección de la población rusoparlante de Donetsk y Lugansk ante un supuesto genocidio y Ucrania solicitaba a la corte emitir un fallo sobre esa premisa, que Kiev considera falsa. En su argumentación, Ucrania solicitaba también medidas cautelares ordenando a Rusia detener la ofensiva.

Rusia no participó en la vista oral y envió una carta al tribunal defendiendo que el organismo no tenía jurisdicción para abordar el asunto. El 16 de marzo, menos de tres semanas después, el tribunal decidió (por 13 votos a 2) imponer medidas cautelares ordenando a Rusia “suspender inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero”. Aunque las medidas son vinculantes, Rusia no ha cumplido y está violando el fallo del máximo tribunal de la ONU.

En 1993 Bosnia inició un procedimiento contra Yugoslavia por genocidio. En este caso, Bosnia acusaba a Yugoslavia de violar el tratado contra la población bosnia y el tribunal dictó medidas cautelares. 14 años después, la CIJ emitió el fallo final y concluyó que “Serbia no había cometido genocidio a través de sus órganos o personas cuyos actos comprometen su responsabilidad”. Sin embargo, si concluyó que “Serbia violó la obligación de prevenir el genocidio respecto a lo ocurrido en Srebrenica en julio de 1995” y lo hizo, en parte, por no cumplir con las medidas cautelares ordenadas al inicio del proceso, destacaron los jueces.

En 2019, Gambia abrió otro proceso alegando que Myanmar no había cumplido sus obligaciones para prevenir y castigar actos de genocidio cometidos contra la población rohingya. El tribunal también ordenó medidas cautelares solicitando al país detener las muertes y el daño físico o mental a miembros del grupo.

En su demanda, Sudáfrica acusa a Israel de cometer “actos genocidas contra la población palestina en Gaza”. “Esos actos incluyen matanzas, causar daños mentales y físicos graves e imponer deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física como grupo”. 

Aunque la acusación se centra exclusivamente en los actos de Israel desde el pasado 7 de octubre que comenzó la ofensiva tras el ataque de Hamás, la acusación señala que “es importante situar los actos de genocidio en el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante su largo apartheid de 75 años, su larga ocupación beligerante de 56 años del territorio palestino y su bloqueo de 16 años sobre Gaza, incluidas graves violaciones del derecho internacional asociado con todo ello”. 

La demanda divide en ocho apartados lo que describe como “actos genocidas” de Israel, cada uno de ellos apoyado con datos y referencias a organismos de la ONU y ONG: matanza de palestinos en Gaza; daños físicos y mentales graves; expulsión masiva de hogares y desplazamiento; privación de acceso a alimentos y agua adecuados; privación de acceso a refugio, ropa e higiene adecuada; destrucción de la vida civil; privación de asistencia médica adecuada; y, por último, imposición de medidas destinadas a prevenir nacimientos.

Frente a la defensa de Israel, que asegura que ha protegido en todo momento la vida de los civiles ordenando evacuaciones y creando un área humanitaria, Sudáfrica se remite al Comité Internacional de la Cruz Roja, que dijo que las órdenes de evacuación no son compatibles con el derecho internacional humanitario. También denuncia bombardeos israelíes sobre zonas de evacuación y destaca que la denominada “zona humanitaria” declarada unilateralmente por Israel en Al Mawasi no es segura, tal y como han declarado ONG y organismos de la ONU.

Además de los datos más evidentes sobre la cifra de muertos y el porcentaje de niños y mujeres (70%), los ataques a refugios, centros médicos y el bloqueo de ayuda humanitaria, la acusación denuncia que Israel ha bombardeado todo el sistema civil de Gaza: el palacio de Justicia, el complejo legislativo, el archivo central (con documentos de hasta un siglo de antigüedad), la principal librería pública, todas y cada una de las cuatro universidades “destruyendo así los campus para la educación de generaciones futuras de palestinos”, museos, lugares arqueológicos como un cementerio romano de 2.000 años y alrededor de 318 lugares religiosos.

“Las pruebas de la intención específica ('dolus specialis') de los funcionarios del Estado israelí de cometer y persistir en la comisión de actos genocidas o de no impedirlos han sido significativas y manifiestas desde octubre de 2023”, señala el documento de Sudáfrica. Junto a todos los actos “genocidas” recogidos anteriormente, la acusación reúne una serie de declaraciones de líderes políticos y militares que pretenden demostrar la comisión intencionada del crimen de todos los crímenes. 

Del primer ministro Benjamín Netanyahu se destacan, entre otras declaraciones, sus varias referencias a la historia bíblica de la destrucción total de los amalecitas. Dicho pasaje bíblico afirma: “Vayan y ataquen a los amalecitas y proscriban todo lo que les pertenece. No perdonéis a nadie. Mátenlos a todos, hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos”.

También se recogen las declaraciones del presidente, Isaac Herzog, sobre la distinción entre civiles y militantes. “Hay una nación entera ahí que es responsable. No es cierta esta retórica de civiles que no son conscientes y no están involucrados. No es cierta… y lucharemos hasta romper su espina dorsal”. Del mismo modo se hace referencia al anuncio del asedio por parte del ministro de Defensa, Yoav Gallant, y la expresión “animales humanos”. “Gaza no volverá a lo que era antes. Lo eliminaremos todo”, dijo el ministro, que también informó de que había “liberado todas las restricciones” a los soldados.

“Se ordena a toda la población civil de Gaza salir inmediatamente. Ganaremos. No recibirán una gota de agua o una sola batería hasta que abandonen el mundo”, dijo el ministro de Energía e Infraestructuras. “Ahora de hecho estamos llevando a cabo la Nakba de Gaza”, dijo el ministro de Agricultura en referencia al desplazamiento forzoso del 80% de la población palestina que vivía en el territorio de Israel cuando se creó el Estado en 1948. Por su parte, el portavoz adjunto del Parlamento tuiteó: “Ahora todos tenemos un objetivo común: borrar la Franja de Gaza de la faz de la tierra”.

El jefe del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) –organismo encargado de las iniciativas humanitarias en Gaza–, Ghassan Alian, dijo en una declaración grabada en vídeo que “Hamás se ha convertido en ISIS y los ciudadanos de Gaza lo celebran en lugar de estar horrorizados. A los animales humanos se les trata como tal. Queríais el infierno, tendréis infierno”. El jefe adjunto del grupo también publicó un vídeo desde Beit Lahia, en Gaza: “El que vuelva aquí, si es que vuelve, encontrará tierra quemada. Sin casas, ni agricultura ni nada. No tienen futuro”.

“El objetivo es claro: destruir todo lo que ha sido tocado por la mano de Hamás”, afirmó el jefe de las operaciones aéreas del Ejército.

Israel, que normalmente ha criticado los tribunales internacionales como tendenciosos, ha decidido defenderse en el tribunal y no boicotear el proceso, lo que refleja el alcance y la preocupación del asunto. Israel ha lanzado fuertes críticas contra el organismo en el pasado y boicoteó la publicación de una opinión en 2004 sobre la construcción del muro en Cisjordania en la que la corte abogaba por su destrucción y declaraba ilegales los asentamientos.

Como parte en el caso, Israel tiene el derecho a enviar a uno de los 15 jueces que decidirán sobre el caso de genocidio y para ello ha elegido a un exjuez del Tribunal Supremo superviviente del Holocausto. Tel Aviv asegura que se trata de una guerra en defensa propia, que está protegiendo a la población civil palestina y que está respetando el derecho internacional humanitario.

Su participación en el caso judicial le hará más complicado ignorar las medidas cautelares, si es que el alto tribunal decide imponerlas.

"Aunque Israel no cumpla inmediatamente, el mero hecho de que ignore las medidas dictadas por el tribunal socavaría gravemente la legitimidad de sus afirmaciones de que acata el derecho internacional", dice Boulos. "Las medidas provisionales movilizarían aún más a la opinión pública contra la guerra en todo el mundo, podrían legitimar las campañas para exigir responsabilidades a Israel, también legitimarían el movimiento BDS (boicot, desinversión y sanciones) y podrían servir de catalizador para empujar a las organizaciones regionales o incluso a países individuales a adoptar diferentes medidas para presionar a Israel para que detenga o al menos minimice su operación. También podría presionar al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para que avanzara con mayor celeridad en su investigación".

El proceso abierto por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia por genocidio es un proceso totalmente independiente al actual caso de Israel en la Corte Penal Internacional que, además de genocidio, tiene jurisdicción sobre crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

Mientras la Corte Penal Internacional juzga a personas físicas, la Corte Internacional de Justicia puede establecer la responsabilidad civil de un Estado por genocidio. En este sentido, el tribunal puede declarar culpable a Israel por violar el tratado sobre genocidio sin que haya ni un solo mandatario o soldado israelí condenado previamente por este delito.

El convenio sobre genocidio, del que Israel es parte, establece que las controversias entre los miembros (en este caso Sudáfrica e Israel) serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia. 

En el caso de la CPI, aunque Israel no es parte del tratado que lo rige, el tribunal tiene competencia porque Palestina está considerado Estado miembro y solicitó la apertura de una investigación. El organismo abrió su investigación en 2021 y está estudiando posibles crímenes cometidos en Palestina o por palestinos desde 2014. Netanyahu calificó la apertura del caso de “puro antisemitismo y el colmo de la hipocresía”.