Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de CCSS, se resiste a devolver salario extra y recusa a directivos
Dos días después de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) decidiera acatar la orden de la Contraloría General de la República (CGR) de ajustar el salario de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, a lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la jerarca presentó resistencia a esa medida y anunció que presentará una recusación contra tres directivos.
El 19 de diciembre, la Contraloría emitió un pronunciamiento en el que afirmó que la jerarca recibe desde su nombramiento, en setiembre de 2022, una remuneración de ¢7,1 millones al mes, monto que infringe el artículo 42 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esa norma establece que el salario para ese y otros cargos no debe superar el equivalente a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos, es decir, ¢5,5 millones mensuales.
El pasado martes 9 de enero, con cinco votos a favor y uno en contra, la Junta Directiva determinó adecuar la remuneración de Esquivel, pero dejó pendiente la votación de cuatro recomendaciones de la Dirección Jurídica de la entidad para precisar cómo se hará el ajuste.
Esquivel no detalló las razones de la recusación, pero adelantó que la gestión se dirige a Martha Rodríguez, representante de los trabajadores, José Loría, representante de las cooperativas y Maritza Jiménez, representante del solidarismo.
Agregó que, al mismo tiempo, presentará una consulta al Ministerio de Planificación para que se pronuncie sobre el salario que debe recibir.
“Si el Ministerio de Planificación hace un señalamiento de que la interpretación que está haciendo la Contraloría es la correcta, yo no tengo ningún problema en devolver (el dinero) y no necesitamos hacer ni siquiera, un procedimiento. A mí no se me ha respetado el debido proceso”, comentó Esquivel.
La presidenta ejecutiva de la CCSS afirma que la Contraloría no le notificó sobre la denuncia interpuesta en su contra por la recepción de salarios mayores a lo correspondiente.
Consultada por La Nación, Martha Rodríguez, representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la CCSS, manifestó que no se puede referir a la recusación porque no conoce los argumentos y explicó que cuando esta se discuta, el resto de directivos deberán decidir si acogen o no.
Recomendación jurídica
La Dirección Jurídica recomendó, el pasado martes, declarar “lesivo para los intereses públicos” la acción de personal 435977-2022, con la cual se definió, desde el 20 de setiembre de 2022, el salario de Esquivel en ¢7,1 millones.
Para cumplir con ese mandato, recomiendan los asesores legales, la Gerencia Administrativa de la CCSS deberá, en un plazo no mayor a diez días, presentar acciones judiciales ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se anule esa acción de personal.
Al mismo tiempo, sugirió acordar una medida cautelar que consiste en que, a partir de ahora, a Esquivel se le pague ¢5,5 millones por mes y se le retenga la diferencia de ¢1,6 millones mensuales hasta que las autoridades judiciales resuelvan la nulidad y la jerarca ejerza su derecho de defensa.
Por último, recomendó que, luego de que se resuelva la nulidad, la entidad proceda a recuperar las sumas pagadas de forma adicional a favor de la presidenta ejecutiva de la CCSS.
Andrey Quesada Azucena, abogado de la Dirección Jurídica de la CCSS, enfatizó que la acción de personal con que se fijó el salario de Esquivel se emitió posterior a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre de 2018. Por lo tanto, expuso, se trató de un acto administrativo irregular.
Por lo tanto, el jurista expresó que no existen argumentos razonables para presentar un recurso de revocatoria ante la Contraloría General de la República. En ese escenario, agregó el asesor legal, los directivos deben acatar la orden del órgano fiscalizador.