Acuerdos políticos desnudan al PAN y PRI: “Una ética que comete delitos”

“Es una verdadera pena”, condenó Marko Cortés a la negativa de Manolo Jiménez para acatar el “acuerdo político” establecido entre el PRI y PAN; mismo queel panista no dudó en mostrarlo a todas luces, pese a la condena que ésta le conllevó ante la opinión pública. En 2023 Va por México informó que el tricolor delegaría las candidaturas en Coahuila y Estado de México, mientras que el blanquiazul lo haría para la Presidencia de México yla Jefatura de Gobierno de la CdMx. Esto mientras a puerta cerrada se negociaban presidencias municipales y diputaciones locales, hasta secretarías de estado y notarías.En una misiva Acción Nacional afirmó que el gobernador de Coahuila (Jiménez) se había comprometido a “incluir a militantes panistas (...) a puestos de elección popular” para el 2024. Pero el par de hojas que Cortés Mendoza expuso horas después “en honor a la verdad y transparencia” revelaron que no sólo se negociaron encargos populares, también varios de la burocracia estatal.El acuerdo firmado por Marko Cortés, Alejandro Moreno, Armando Tejeda, Rubén Moreira y Manolo Jiménez estipulaba que el PAN delegaría a los candidatos a las alcaldías de Monclova, Escobedo, Acuña, Torreón, entre otras. Pero la polémica alrededor del desplegado detonó por los puntos 2, 5 y 10 que comprometen a las secretarías de Infraestructura Desarrollo Urbano y MovilidadyFiscalización y Rendición de Cuentas; el Instituto de Transparencia y seis notarías, respectivamente.“El problema es comprometer la burocracia del gobierno para que sea manejada por determinado grupo político y más aún cuando implica el manejo de grandes cantidades de dinero o de poder discrecional (...) Por donde se le rasque a este acuerdo, hay cosas preocupantes, pero otras son potencialmente preocupantes”, declaró el consultor en litigio estratégicoMiguel Alfonso Meza en entrevista con MILENIO.El negocio y el acuerdoCohecho y tráfico de influencias son los ilícitos que Alfonso Meza identificó en el desplegado que Marko Cortés evidenció en X: ambos castigados ante la ley con penas de hasta 10 años de prisión— si se sanciona como delito de corrupción—, o con multas, destituciones e inhabilitación del ejercicio— si se considera falta administrativa.Este tuit es suficiente para que la Fiscalía del Estado de Coahuila inicie una carpeta de investigación por los delitos de:1. Tráfico de influencias (artículo 451 del Código Penal de Coahuila, 2 a 7 años de prisión).2. Cohecho (art. 452, 2 a 10 años).No solo debe… https://t.co/RRi9Sp8NcO— Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC) January 9, 2024

Además de las notarías y las Secretarías de Estado, los firmantes comprometieron “20% de los registro Civil (sic) y oficinas de recaudación”. Y aunque desconoce si dicho porcentaje refiere a los ingresos de la dependencia o a las oficinas perse, en cualquiera de las dos vertientes se puede presumir un posibledesvío de recursos.“El hecho de que se comprometa con un criterio político implica que lo que se recaude no va a los ingresos del Estado (...) sino que se va a otro lugar”, especificó Alfonso Meza. Pero más allá de los evidentes delitos, otras opiniones destacaron el presunto interés del blanquiazul por hacerse de un “negocio completo” en Coahuila a costa del erario y en colusión con notarios y dependencias estatales: “Ese es uno de los focos muy preocupantes”, comentó Meza evocando la reflexión que el periodistaJavier Garza Ramos hizo al respecto en X.El asesor explicó a MILENIO que la disputa por la repartición de notarías responde a la capacidad que éstas brindan para constituir empresas fantasma, toda vez que sus titulares estén aliados con las personas a cargo de dichas redes y que posteriormente serán beneficiados con la triangulación..Ante ello reflexionó: “Pedían manejar una secretaría que tiene un gasto público enorme (Obras e infraestructuras). Y también quieren manejar a otra secretaría encargada de fiscalizarlas (Finanzas). (...) Quieren el negocio completo de gastarse el dinero y evitar ser fiscalizados. (...) Es lo que nosotros creemos que quieren hacer con eso”.Entre ‘caprichos’ y la ‘ética’Fue la alcaldía de Torreón la que puso en jaque a la coalición del PRI y el PAN en Coahuila: mientras Manolo Jiménez se negó a concederla por elbajo porcentaje de votos que obtuvo el PAN enel 2023, Acción Nacional reclamó que la validez del pacto no estaba condicionado al número de sufragios. Bajo el mismo argumento de Jiménez, el Comité Ejecutivo del tricolor en Coahuila rechazó negociar “con base en caprichos y no en la competitividad” de las y los aspirantes; además de señalar que los reclamos y la puesta en evidencia de los acuerdos internos por parte del blanquiazul “pone en riesgo el objetivo de llevar a Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República”.Pero la coalición terminó de romperse en definitiva. PRI y PRD registraron su alianza sin Acción Nacional para la elección de 38 alcaldías que se disputarán en 2024; dejando así al desnudo los acuerdos cupulares entre Marko Cortés y Alejandro Morenoque refrenda la normalización de los grupos políticos al sistema de corrupción.“El sistema que existía antes nunca fue desmantelado y sigue operando con total impunidad”, reflexionó Miguel Alfonso Mezaejemplificándolo con la facilidad con la cual el líder del blanquiazul decidió exponer a la coalición para defender la ‘seriedad y honra’ del partido.“Lo grave es lo normalizada que está la corrupción que incluso la exponen para reclamar que otros políticos honren su palabra y se comporten de manera ética, cuando para ellos esa ética implica cometer delitos que dañan al Estado”. ASG