Mazón detecta «enchufes masivos» y 700 millones a dedo en la etapa de Puig
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón , ha anunciado la puesta en marcha de una auditoría general de todo el sector público de la Comunidad Valenciana tras detectar supuestas irregularidades en la contratación y la creación de entidades por parte del anterior Gobierno autonómico que lideró Ximo Puig desde 2015 y hasta mayo de 2023. Si de sus conclusiones se extraen responsabilidades administrativas o penales, el Consell emprenderá medidas legales. Tras un análisis preliminar, el actual Ejecutivo de PP y Vox suprimirá seis empresas «fantasma», cuyas funciones ya las tenía asignadas alguna dirección general, que se crearon para «pagar favores y ejecutar enchufes masivos» , según ha aseverado Mazón este martes en una rueda de prensa en el Palau. El dirigente popular ha revelado que poco antes de las elecciones del 28 de mayo, el anterior Consell «trató de colar 1.800 nuevos empleos públicos» en SGISE, la empresa pública que gestiona los servicios de emergencias. Los informes de la Intervención de la Generalitat, auditores externos, la Sindicatura de Cuentas y la propia dirección general del Sector Público apuntan a una «barra libre» de 253.122 contratos a dedo por valor de 713 millones de euros -159 en contratos menores y 554 sin tramitar expediente- durante las dos legislaturas de la izquierda en el poder. «Malgasto y descontrol» y «mucho ocultismo», ha resumido Mazón en lo que ha definido como un «pozo sin fondo», pues solo cuatro de las 54 entidades de la Administración valenciana han recibido una valoración positiva en este punto por parte de los organismos oficiales que fiscalizan la gestión. Al mismo tiempo, ha acusado a sus predecesores de servirse de «informes políticos, que no técnicos» para no seguir sus recomendaciones. En algunos casos, «no se sabe quién ordena las transferencias y quién las recibe» , ha incidido, pues en la mitad del medio centenar de entidades «se detecta un riesgo alto» al producirse «pagos sin la autorización de la persona correspondiente o a cuentas bancarias no identificadas». Respecto al personal, el coste en nóminas de la Generalitat pasó de 400 a 600 millones entre 2015 y 2022. En ese sentido, la Intervención ha certificado que sólo en el ejercicio 2021 «se han producido más de 4.000 contrataciones que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos», que no se corresponden con profesores o médicos durante la pandemia, según el jefe del Consell. «La situación es crítica» Por todo ello, a pesar de la reducción de altos cargos tras el vuelco electoral del 28M, «la situación es crítica». «Tenemos el mayor déficit de España. La deuda pública está en máximos históricos: casi 60.000 millones de euros», ha lamentado Carlos Mazón. El anunciado examen pormenorizado a la situación de la Generalitat se dividirá en dos partes y no estará listo hasta finales de año, aunque en ese tiempo se conocerán dos informes parciales. Se llevará a cabo una auditoría 'forensic' -gasto por gasto para medir posibles fraudes- en determinadas entidades con mayor riesgo y otra en el conjunto del sector público para «poner de manifiesto las duplicidades» e «ineficiencias». En paralelo, PP y Vox llevarán a las Cortes Valencianas un proyecto de ley para suprimir seis entidades creadas por el anterior Ejecutivo de PSPV, Compromís y Unides Podem que no llegaron a ponerse en marcha: la Agencia Valenciana de la Energía; la de Información y Control Alimentarios, la de Residuos y Economía Circular; la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad; la Agencia contra el Cambio Climático; y la Escuela de Administración Pública. «No tenían actividad ni dotación presupuestaria» , ha matizado Mazón. «Estas duplicidades palmarias darían lugar a más directivos o gerentes colocados a dedo para realizar esa misma tarea, incrementando el gasto», ha agregado. No descarta, además, la liquidación de más entidades y descarta crear nuevas. El personal no político adscrito a las mismas, «que es muy reducido», se incorporará a la dirección general que asume actualmente esas competencias. El PSPV defiende su gestión A estas acusaciones ha respondido el portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas, José Muñoz, que ha defendido que la Sindicatura de Cuentas «ha avalado de manera reiterada la gestión del anterior Consell» y considera este movimiento de Mazón como una cortina de humo ante los casos de presunta corrupción de exdirigentes del PP que se van a juzgar en las próximas semanas. Código Desktop Hemos activado una auditoría general de todo el sector público valenciano.
Queremos saber donde ha ido cada euro del anterior gobierno. pic.twitter.com/zgPPgKWCbQ— Carlos Mazón (@carlos_mazon_)
January 16, 2024 Imagen para móvil, amp y app Código móvil Hemos activado una auditoría general de todo el sector público valenciano.
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January 16, 2024 Muñoz ha añadido que «no será tan mala» la labor de los socialistas al frente de la Generalitat cuando el actual presidente «mantiene a la persona que era responsable del Sector Público» y ha sostenido que eliminar seis entidades sin actividad ni presupuesto supone «un ahorro de cero euros» para los valencianos.