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Exportadores rechazan las retenciones: los 4 riesgos que advierten en el plan de Caputo

Exportadores rechazan las retenciones: los 4 riesgos que advierten en el plan de Caputo

El titular de CERA rechazó la suba de derechos de exportación que propone la ley ómnibus y expuso la pérdida millonaria de divisas que se generó desde su retorno en 2002

Durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Fernando Landa, se opuso a la propuesta de aumento de Derechos de Exportación (DEX) que planteó la Ley Bases y puntos de partida y advirtió sobre los efectos negativos en empleo, inversiones, recaudación y competitividad.

La entidad que desde hace 80 años representa a los complejos exportadores nacionales enfocó su intervención en el aspecto que considera de "mayor gravedad": la propuesta de suba de Derechos a la Exportación contemplada en el Titulo III, sección VI.

Frente a los datos que aportó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre la suba generalizada en las alícuotas de los derechos de exportación que podría aportar recursos por el equivalente a 0,42% del PBI Landa le puso números el efecto negativo de este tributo.

Desde la reintroducción de las retenciones en 2002, señaló, su escalada y expansión en productos abarcados llegó a representar el 15% de las exportaciones nacionales, un valor "excepcionalmente" alto en el contexto mundial, explicó.

En ese sentido, mencionó que la Organización Mundial del Comercio (OMC) advierte sobre los riesgos de este enfoque para productos primarios, señalando que más que aumentar el bienestar nacional, lo reduce. Además, aseguró que no existen fuera de Argentina ejemplos de aplicación de este "impuesto transitorio" de 22 años.

Entre las consecuencias que catalogó como "nefastas", se destaca la disminución del 33% en empresas exportadoras en los últimos 15 años, una caída del 7% en la participación de las PYME en la última década, mientras que sólo el 23% de los establecimientos industriales exportan en la actualidad.

En el mismo período, según CERA, la Argentina perdió 4.000 empresas exportadoras y medio millón de empleos directos e indirectos.

En cuanto a la participación mundial se redujo a menos de la mitad, alcanzando el 0,25% en 2023, lo que se traduce en pérdidas anuales de ingreso de divisas de u$s 42.000 millones, subrayó.

Además, dijo que las cantidades exportadas totales están "estancadas" desde hace 16 años, con las manufacturas agropecuarias e industriales, que se ubican entre las más afectadas en la propuesta actual, cayendo sostenidamente.

Contradicciones

En la presentación, Landa celebró el avance en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero explicó que resulta "incomprensible" imponer al mismo tiempo gravámenes adicionales que nadie aplica, mientras que en el mundo "se acelera la tendencia de subsidios y políticas industriales expansivas".

En un cuestionamiento directo al titular de Economía, Landa señaló que "son llamativas la declaración del propio Ministro (Luis) Caputo sobre la naturaleza perjudicial de las retenciones para el desarrollo argentino".

Además de marcar la contradicción de la iniciativa tributaria con la propuesta de campaña, apuntó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte sobre los efectos negativos de imponer derechos de exportación inmediatamente después de una devaluación, por lo que se estima que "no habrá un efecto recaudatorio positivo".

Propuesta fiscal

Frente a este escenario, la entidad exportadora esbozó su propuesta "simple y fiscalmente conservadora" ante los legisladores.

Junto con rechazar el incremento de los DEX y ·asegurar que no se reinstauren derechos eliminados en el futuro, apoyó que se sostengan sólo para soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sus respectivos derivados, comenzando con una reducción gradual anual.

En cuarto lugar, pidió la "eliminación inmediata" de retenciones para productos orgánicos, economías regionales (incluyendo pesca y carnes), y bienes industriales.

Según los cálculos de CERA esta propuesta afectaría solo $600 millones de recaudación anual actual, pero parte se recuperaría con el impuesto a las Ganancias, que por ser coparticipable generaría un efecto neto en el corto plazo menor al 1%. Existen, mencionó Landa, opciones aun no consideradas para mejorar el resultado fiscal sin afectar el empleo y el desarrollo.

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