Diputado apura proyecto para combatir falsos secuestros virtuales

El diputado Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), aseguró que en unas dos semanas espera presentar un proyecto de ley para combatir los falsos secuestros virtuales, una modalidad nueva en el país del que la familia de Vargas estuvo en riesgo de ser víctima el domingo.

Vargas y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, indicaron este miércoles en conferencia de prensa que el proyecto consiste en modificar la Ley de Telecomunicaciones, para que las empresas telefónicas deban dar información al OIJ que facilite ubicar en tiempo real a quienes cometen este delito.

Tal delito es cometido por bandas que contactan a sus potenciales víctimas bajo la apariencia de ser potenciales clientes interesados en adquirir servicios. Acuerdan citas en zonas solitarias, y una vez en el lugar, manipulan a sus víctimas haciéndolas creer que han sido secuestradas por un grupo vinculado al narcotráfico, con el objetivo de extorsionar a sus seres queridos.

Zúñiga explicó que esta modalidad delictiva ya se usaba en otros países, e incluso un grupo de costarricenses fue víctima de ella en Cancún, México, por lo que era de esperarse que se empezara a practicar en Costa Rica.

El director señaló que el proyecto de ley está siendo elaborado por la Comisión de Seguridad y Crimen Organizado del Colegio de Abogados, y le permitiría al OIJ geolocalizar los celulares desde los que se cometen los hechos, bloquear direcciones IP y números que estén generando los falsos secuestros.

Zúñiga indicó que, de momento, solo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene este tipo de tecnología. El plan le daría un año al resto de operadoras para implementarla.

Una vez listo, el texto será presentado por Vargas, quien también sugirió que estos hechos se deberían tipificar como secuestro, no como un tipo de estafa.

“Tenemos que empezar a analizar cómo este tema que lo ven como extorsión o estafa, al final sí es un secuestro. Al final, tienen retenida horas o días a las personas. Creemos que esto debería tipificarse diferente para que la pena sea mayor”, dijo.

El primer caso en Costa Rica fue reportado el pasado 18 de enero, cuando un grupo delictivo intentó hacer creer a empleados de una empresa de remodelación que estaban siendo víctimas de un secuestro, para cobrarles $15.000 a sus familias a cambio de ser liberados.

El OIJ indicó que la empresa fue contactada por mensajería de WhatsApp por un supuesto cliente que les pidió que visitaran una propiedad suya. Una vez que llegaron allí los empleados, lo llamaron. Él respondió que ya casi llegaba por ellos, pero después de varios minutos, recibieron una videollamada con la imagen oscura.

Un hombre con acento extranjero les dijo que estaban en la propiedad de una banda criminal internacional, lo que les impedía cualquier intento de desplazarse. Asimismo, les advirtió de que, si intentaban escapar, los matarían. Luego de que contactaran a familiares para pedirles dinero, los empleados se dieron cuenta de que el secuestro no era cierto, y se fueron del lugar.

En el caso del diputado Vargas, su primo fue contactado e instado a ir a un punto de Guanacaste para ver a unos supuestos clientes. Cuando iba de camino, en una zona aislada, recibió un mensaje que decía que había entrado a un “anillo de seguridad del cartel Jalisco Nueva Generación” y se le ordenó que no se bajara de su auto, porque le estaban apuntando.

Le mandaron un enlace para que depositara $5.000. El primo de Vargas ingresó al link y la banda criminal le hackeó el teléfono, por lo que accedió a números telefónicos de sus familiares, entre ellos el del diputado, a quien llamaron para pedirle dinero a cambio del rescate. Tras varias presiones de los falsos secuestradores, Vargas le dijo a su primo que era un engaño, y este se marchó del lugar.