Empresarios y sindicatos dan la espalda al Gobierno y negociarán solos la reducción de jornada laboral
La primera toma de contacto mantenida por los agentes sociales con el Gobierno para abordar la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas en un plazo de dos años sirvió para poner negro sobre blanco las complejidades que entraña implantar la medida en la totalidad del tejido productivo español. Tal y como explicaba al término de la reunión el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el encuentro mantenido este jueves en la sede del Ministerio con los representantes de empresarios y sindicatos, tal es la complejidad que rodea a la medida de reducción de jornada que será el diálogo bipartito entre la patronal y los representantes de los trabajadores el que primará en elaboración de una propuesta. UGT y CC.OO. confirmaron que el nuevo modus operandi en esta mesa de negociación será diametralmente opuesto al que venía imponiendo el Ministerio de Trabajo con las últimas medidas a impulsar -como fue el caso del maltrecho decreto de reforma del subsidio por desempleo- y que serán en un foro con CEOE y Cepyme en el que se primeramente se realizará un estudio de impacto de la medida sector a sector, y teniendo en cuenta la composición de las empresas. Posteriormente serán esos estudios y propuestas que emanen de los mismos las que se presentará sí en una mesa tripartita ya con los representantes del Ministerio de Trabajo. En voz del vicesecretario general Política Sindical de UGT, Fernando Luján, se trata de trabajar entre empresarios y sindicatos al margen del Gobierno al tener más conocimiento del medio y agentes afectados por las medidas y esas posibles aplicaciones en función de distintos sectores , profesiones, o incluso distintos perfiles dentro de un mismo centro de trabajo donde la rebaja del tiempo de trabajo no sería de igual aplicación. De este modo, aunque los negociadores que asistieron a este primera reunión no realizaron declaraciones en público, el resultado parece que se aproxima enormemente a uno de los postulados de la CEOE previos que planteaba la necesidad de abordar esta materia de forma bilateral con los sindicatos sin tener que negociar sobre el alambre de una propuesta impuesta por el Ministerio de Trabajo. Lo que se puede entender como una primera cesión de la vicepresidenta Yolanda Díaz , que más allá tiene un sustento en la fuerte erosión del diálogo en la mesa tripartita que ha llegado a revolver a los mismos sindicatos contra el Gobierno por el modo de actuar y de negociar impositivamente las propuestas. De hecho, tal y como señalaban desde los sindicatos, este es otro punto que se ha tratado tras los infructuosos encuentros para fijar conjuntamente una subida del salario mínimo o dar el plácet a la reforma predeterminada del desempleo: el perímetro de la mesa de negociación y la profundidad legislativa que puedan tener los acuerdos que se alcancen este foro. Pérez Rey subrayaba así tras la reunión que el clima es "absolutamente constructivo" y que los "objetivos finales" del Gobierno en esta negociación pasan mejorar la eficacia del registro horario y rebajar la jornada laboral semanal a las 37,5 horas semanales para 2025, tal y como está recogido en el programa de gobierno de PSOE y Sumar. "Nuestros objetivos son que el registro horario sea un instrumento eficaz que permita a la Inspección de Trabajo actuar de manera contundente y práctica en aquellos sectores donde se producen incumplimientos y alcanzar esa reducción de la jornada a 37,5 horas en 2025. El camino que tenemos que recorrer conjuntamente para alcanzar esos objetivos es precisamente el trabajo que va a hacer la mesa de diálogo social y el que va a hacer también ese diálogo bipartito", argumentaba el secretario de Estado sobre el nuevo plan de trabajo. La segunda gran baza de Díaz Cabe recordar que el Gobierno ha depositado en el seno del diálogo social hondas esperanzas de lograr consensos como ya ocurrió en la anterior legislatura como una prueba de vida de la coalición y del programa legislativo suscrito por PSOE y Sumar para los próximos cuatro. En este plano basculó el Ministerio de Trabajo en la negociación de subida de salario mínimo, donde no logró el consenso tripartito con al descolgarse las asociaciones empresariales, y es este el objetivo que se había marcado para la negociación sobre la reducción de jornada y que tras la primera toma de contacto parece complejo, al menos en el corto plazo. Si bien, como ha venido explicando este medio por fuentes de la negociación, el 'sapo' de la jornada laboral es más difícil de digerir si cabe que la subida del salario mínimo pues comporta para las empresas un mayor incremento de los costes laborales. Si el alza del 5% del SMI supondrá un aumento de cotizaciones a pagar por el nivel de la base mínima de unos 3.000 millones de euros, el reducir 2,5 horas el tiempo semanal de trabajo de los 21 millones de ocupados de nuestro país supondrían 64.000 millones de cargas adicionales para las empresas. Es por ello que la misma patronal ya viene planteando la necesidad de aterrizar esta materia en conversaciones bilaterales con los sindicatos y en el seno de las mesas de negociación colectiva sectoriales abiertas. Previamente a la reunión, el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya explicaba que esta sería la única forma plausible de adherir a la patronal a un eventual acuerdo en materia de reducción de jornada, por la necesidad de tener en cuentas las singularidades de los diferentes sectores.