La redefinición del terrorismo

En España existen actualmente más de 150 personas presas por delitos de terrorismo sin comisión directa de delitos de sangre. La gran mayoría de ellos son yihadistas o etarras, aunque también se cuentan cinco miembros del Grapo y otros cinco de Resistencia Galega. Estas condenas se adaptan al tipo descrito en el artículo 573 de nuestro Código Penal y responden a una casuística plural de acciones que, sin embargo, coinciden en su gravedad. Por más que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, intentara establecer una distinción entre formas de terrorismo, según sea el grado de vulneración de los Derechos Humanos y abriendo la puerta a amnistiar un supuesto terrorismo de menor importancia, nuestra ley es perfectamente clara al respecto y reconoce que existen acciones que pueden ser terroristas sin que impliquen muerte o tortura. Es más, la referencia explícita en la norma a los delitos contra el patrimonio que «busquen subvertir el orden constitucional» parece adaptarse con precisión a varios de los escenarios promovidos por los CDR o Tsunami Democràtic en el marco del 'procés'. Ante la humillación parlamentaria del pasado martes, el PSOE está obligado a negociar con Junts el enésimo grado de concesión. No aprobar la ley no es una opción ya que la supervivencia política de Sánchez depende de forma directa de los separatistas. Por más que los socialistas se hayan demostrado capaces de vulnerar cualquier límite, existen márgenes que empiezan a no depender de su voluntad política. Este es el motivo por el que desde ERC o Sumar se ha sugerido una última argucia para acomodar la legislación 'ad hoc' que el Gobierno intenta promover para beneficiar a sus socios. La redacción actual de la norma podría aprobarse tal y como está para después modificar el delito de terrorismo y restringirlo a los supuestos más graves que derivaran en muerte y tortura. De esta manera, el Gobierno podría desnaturalizar un tipo penal esencial de nuestro ordenamiento jurídico con el único objetivo de contentar a los independentistas que delinquieron durante el 'procés' para conseguir mantener su apoyo en el Congreso. Esta mera tentativa entraña una gravedad extraordinaria. En primer lugar, los intereses de Puigdemont no sólo estarían condicionando la propia ley de amnistía sino que el Gobierno, para beneficiar a sus aliados, estaría dispuesto a modificar el corazón mismo de nuestro Código Penal. Esta alteración crearía un marco insólito de desprotección, mucho más grave que la que ya supuso la eliminación del delito de sedición o la rebaja de penas por los delitos de malversación. La redefinición del terrorismo generaría, además, una colección de consecuencias imprevistas que podrían acabar derivando en la excarcelación o en la reducción de penas de gran parte de los 150 presos por terrorismo conforme a la norma vigente. Ninguno de estos riesgos es estrictamente novedoso en la trayectoria de Pedro Sánchez, ya que el PSOE y sus socios no dudaron a la hora de desproteger a nuestro país con el primer paquete de reformas penales concedidas la legislatura pasada. Tampoco será insólito el que una norma injusta genere consecuencias no previstas, como ocurrió con la ley del 'sólo sí es sí', que acabó traduciéndose en la reducción de más de 1.200 condenas y más de 120 excarcelaciones. Es difícil que Sánchez inaugure nuevas formas de erosión democrática, pero la amnistía, en su impúdico trueque de impunidad por votos, está radicalizando de forma nunca conocida las maneras del sanchismo y las dimensiones de sus consecuencias.