Sequía

Barcelona, Girona, Mataró, Terrassa, Granollers y así hasta 202 municipios, o más de seis millones de personas, empezarán a sufrir un poco más en su vida diaria las consecuencias de la falta de agua tras la declaración de emergencia por sequía este jueves. 

Las medidas de emergencia tienen un impacto en la vida de las personas, sobre todo las más vulnerables que pueden depender de servicios públicos que ya no estarán disponibles -como duchas en playas y piscinas municipales-, y la economía de la región por los límites para el riego agrícola, el suministro de agua para la ganadería y los servicios para turistas. Esta es una historia visible del impacto de la crisis climática, más agudo en Europa que en otros continentes, y también de las debilidades de las autoridades, como muestra el deterioro de infraestructuras clave que supone el desperdicio de decenas de miles de litros de la preciosa agua, según cuenta Pau Rodríguez en un iluminador reportaje desde Cabrera d’Anoia.

El mapa del observatorio europeo de la sequía de enero pinta un panorama preocupante para toda la cornisa mediterránea. Los puntos muy rojos aparecen también en todo el sureste peninsular, Baleares, Sicilia y el Magreb. 

Revertir las tendencias globales del cambio climático depende sobre todo de compromisos políticos internacionales y de la tecnología, pero la gestión de recursos escasos y la adaptación a la nueva situación son competencias nacionales y locales, y aquí los gestores públicos tienen mucho que hacer. Por eso llama especialmente la atención el contraste entre el tiempo dedicado en el Congreso estos días a resolver (o no) la situación particular de un político que quiere asegurarse de que no rendirá cuentas de ninguna manera, y la emergencia actual por la sequía que requiere dedicación, dinero y debates públicos serios. 

De hecho, una de las grandes amenazas para la convivencia hoy es la crisis climática, que tiene efectos directos en la migración, la desigualdad y la prosperidad. El trabajo de los políticos que cacarean su inquietud sobre la convivencia entre catalanes es ocuparse más de problemas como esta sequía que afecta a millones de personas. Tal vez a ellos -y a ellas, aunque hay muchos “ellos”- se les haya olvidado su trabajo. A los ciudadanos, no.

Y no se trata sólo de la emergencia para millones de catalanes, sino de los problemas presentes y venideros en todo el país, que empieza a ser invivible en gran parte durante un verano cada vez más largo. La factura de lo que está pasando es también cada vez más alta. Como escribía Raúl Rejón en diciembre, la sequía de España fue una de las 10 catástrofes climáticas más caras de 2023.

La sequía merece toda nuestra atención como periodistas y la de los gobiernos catalán y español, aún más si es cierto, como sostiene el Gobierno de Pedro Sánchez, que no hay peligro para la legislatura y la estabilidad del país. Los políticos desaparecen, pero la sequía se queda, y sólo irá a peor, como otros efectos de la crisis climática, si no hay más espacio, tiempo y recursos para afrontarla.