El máximo tribunal de la ONU declara admisible parte del caso de genocidio que enfrenta a Rusia y Ucrania
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de Naciones Unidas, ha declarado este viernes admisible parte de un caso iniciado en 2022 por Kiev, que niega haber cometido un genocidio contra la población rusoparlante del este del territorio ucraniano, como alegó Rusia para justificar su invasión a Ucrania.
Kiev había pedido a la CIJ que “falle y declare que no hay pruebas creíbles de que Ucrania sea responsable de cometer un genocidio en las regiones de Donetsk y Lugansk en violación de la Convención sobre Genocidio” de 1948 y el tribunal ha considerado que tiene jurisdicción para pronunciarse sobre este punto, en contra del rechazo de Moscú.
El tribunal, no obstante, ha desestimado partes importantes del caso. La CIJ no considera admisibles, bajo la Convención sobre el Genocidio, los puntos que se refieren a la ilegalidad del uso de la fuerza y del reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk, que juntas forman el Donbás.
En el caso, Ucrania acusa Rusia de “manipular la noción de genocidio” para justificar la invasión de Ucrania, puesto que Moscú alegó un “deber” de proteger a la población de habla rusa del país. Este caso, iniciado por Kiev contra los motivos alegados por Moscú para justificar la invasión de 2022, se centra fundamentalmente en la interpretación de la Convención sobre el Genocidio (1948), que ha sido ratificada por Ucrania y Rusia.
En la sesión de este viernes, la CIJ se ha limitado a pronunciarse sobre su competencia y la admisibilidad del caso, sin entrar en el fondo de la cuestión.
En un fallo largo y detallado sobre la jurisdicción del tribunal de la ONU sobre este caso, la presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, ha subrayado que, como parte de su petición, Kiev ‘busca una confirmación” de la Corte de que “no hay pruebas creíbles de que Ucrania sea responsable” de actos de genocidio tal y como vienen definidos en la Convención.
Al aceptar pronunciarse solo sobre esta cuestión, la CIJ decidirá únicamente si Ucrania es responsable de violar la Convención, tal y como había alegado Moscú, pero de este caso no surgirá directamente ninguna cuestión sobre las responsabilidades de Rusia con su guerra en Ucrania, puesto que este punto queda fuera de la jurisdicción de la Convención.
Al iniciar este caso en 2022, Ucrania acusó a Rusia de violar el derecho internacional al justificar su invasión en la necesidad de detener un presunto genocidio en el este de Ucrania.
Kiev pidió a la CIJ que declare que “el uso de la fuerza” de Rusia contra Ucrania, y el “reconocimiento” por parte de Moscú de la independencia de las llamadas “República Popular de Donetsk” y “República Popular de Lugansk”, violan artículos de la Convención sobre el Genocidio.
El rechazo a pronunciarse sobre estos aspectos no significa que la CIJ respalda la agresión rusa a Ucrania, ni es una sentencia de que Rusia no cometió violaciones del derecho internacional bajo otros tratados, solo supone que, en base a la convención concreta sobre el Genocidio –usada por Kiev para iniciar este caso–, la CIJ no ve jurisdicción para decidir.
En audiencias celebradas el pasado septiembre, Moscú alegó que la CIJ, el máximo tribunal de Naciones Unidas, no tiene jurisdicción sobre este caso porque, cree, no hay una disputa sobre la interpretación de la convención y Moscú nunca la usó para justificar la guerra. Para Moscú, la CIJ solo tendría jurisdicción sobre el caso si Ucrania acusara a Rusia de haber cometido un genocidio y hubiera una disputa entre ambos Estados sobre esta cuestión, por lo que instó al tribunal a rechazar todos los argumentos de Ucrania “por falta de jurisdicción”.
El diplomático ruso Gennady Kuzmin explicó a la CIJ que Rusia “lanzó la Operación Militar Especial (forma en la que Moscú se refiere a la invasión) en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU, que establece el derecho de autodefensa individual y colectiva. Este derecho no se ve afectado en absoluto por la Convención sobre Genocidio”, en opinión de Moscú.
Pero, según Ucrania, Rusia usó la Convención sobre el Genocidio para legitimar la invasión en febrero de 2022, al acusar al Gobierno ucraniano de cometer un supuesto genocidio en las regiones de Lugansk y Donetsk, y asegurando tener un “deber” de proteger a la población rusoparlante de esas zonas.
“Desde 2014, Rusia ha acusado a Ucrania de cometer un genocidio en violación de la Convención contra el Genocidio. El 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia (Vladimir Putin) usó esa alegación absurda como excusa. Dijo que ‘Rusia debía actuar para frenar este genocidio’. Rusia ha lanzado una guerra contra mi país en base a esta mentira terrible: que Ucrania está cometiendo un genocidio contra su propio pueblo”, denunció el embajador ucraniano, Anton Korynevych, ante la CIJ el pasado verano.
En una muestra de solidaridad internacional, un total de 32 países, incluida la mayoría de la Unión Europea, Canadá y Australia, habían defendido la jurisdicción de la CIJ para pronunciarse sobre la totalidad de este caso.
En una fase previa y en respuesta a la petición de Kiev de imponer medidas cautelares, la CIJ exigió en marzo de 2022 a Rusia, en una orden legalmente vinculante, detener las operaciones militares en Ucrania mientras tiene lugar este proceso judicial en La Haya, pero Moscú hizo caso omiso a esta exigencia y la guerra en Ucrania aún continúa.
La CIJ emitió este miércoles una sentencia sobre otro caso que enfrentó a Ucrania y Rusia desde 2017. En un fallo definitivo que rechazó la mayoría de las peticiones hechas por Ucrania, la CIJ determinó que Moscú se negó a investigar el respaldo financiero a los rebeldes prorrusos del este de Ucrania desde 2014, en contra de las peticiones que había hecho Kiev sobre este asunto, y también bloqueó el idioma ucraniano en el sistema escolar de Crimea.
Sin embargo, la CIJ se negó a exigir reparaciones a Moscú en este caso, como había pedido Ucrania.
Ese caso se centraba en la violación por Rusia del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (ICSFT) y el Convenio Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).
Kiev acusó a Moscú de buscar erradicar a la comunidad “multiétnica” de Crimea a través del “nacionalismo ruso discriminatorio” y de financiar la “insurrección” contra el Estado ucraniano desde 2014.