Tensión en el Gobierno Petro: la salida de Jorge González de Planeación y cómo algunos funcionarios están enfrentados con Laura Sarabia
Como si el presidente Gustavo Petro no tuviera problemas por resolver, le acaba de estallar en las manos una nueva papa caliente: una tensión ministerial después de 18 meses de haber comenzado su gobierno, un escenario que puso al descubierto pujas por el poder en el entorno de sus funcionarios más cercanos.
Entre los planes futuros de Petro estaba remover parte de su equipo de máximos colaboradores. Sin embargo, un consejo de ministros adelantado el miércoles 31 de enero en la sala de juntas de la Casa de Nariño terminó por precipitar la decisión.
Petro, visiblemente salido de tono, reclamó a sus ministros por los pobres resultados y la baja ejecución presupuestal; prácticamente todos resultaron rajados. Hasta este viernes, Jorge Iván González, director de Planeación, era el sacrificado que había trascendido. Sin embargo, también están el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, y la directora del Invías, Mercedes Gómez. En capilla hay otros nombres.
SEMANA conoció por varias fuentes que estuvieron en el consejo de ministros que la diferencia entre el presidente con González se originó porque Petro insistió en su propuesta de girar millonarios recursos económicos a las juntas de acción comunal y no a los alcaldes y gobernadores para construir carreteras, proyectos de infraestructura y otras megaobras. Solo así –a juicio de algunos líderes de la Colombia Humana– se les cortarían los recursos a los partidos políticos tradicionales y se les restaría capacidad de maniobra para 2026.
“No quiero nada con Bogotá, nada con los Char, tampoco con Antioquia”, habría dicho Petro en la reunión privada, según narró una de las fuentes a SEMANA.
Los asesores de González, quienes dan el visto bueno a los proyectos, tienen la teoría de que esa estrategia es riesgosa. De hecho, la pobre ejecución presupuestal de 2023 en inversión del 70 por ciento obedeció, entre otras razones, a la propuesta del jefe de Estado. Para los asesores, las juntas comunales no tienen solvencia económica para responder en caso de un hecho extraordinario, no habría responsabilidad compartida con la nación y no tienen experiencia.
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