Preservar la autonomía de los fiscales

El Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea lleva años advirtiendo de la necesidad que tiene nuestro país de desacompasar el mandato de la Fiscalía General del Estado de los ciclos de Gobierno. Sólo así se podrá garantizar la independencia de un órgano clave para el buen funcionamiento de nuestra democracia. De cumplirse la recomendación europea, se evitarían las razonables sospechas que ahora se ciernen, por ejemplo, sobre el fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo. Este fiscal, tras defender la existencia de indicios para juzgar a Puigdemont por terrorismo en un primer informe, enmienda ahora sus palabras argumentando en dirección contraria lo que, sin duda, favorece a los intereses Pedro Sánchez y sus socios. No existen pruebas que nos permitan concluir la intencionalidad política del nuevo texto, pero la natural desconfianza que se cierne sobre nuestras instituciones debe mucho a la indisimulada injerencia del Gobierno en la Fiscalía General del Estado con el nombramiento de Dolores Delgado, primero, y con Álvaro García Ortiz, después.