EU ‘pone las reglas’ en la frontera con México: ¿En qué caso cerraría las puertas a los migrantes?
Tras semanas de negociaciones, el Senado de Estados Unidos publicó el domingo 4 de febrero un proyecto de ley bipartidista de ayuda militar y fronteriza que tiene como objetivo disuadir a los inmigrantes de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, mientras destina una parte de presupuesto en ayuda militar a países aliados.
La propuesta proporcionaría 60 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, 14 mil millones de dólares a Israel, 4 mil 800 millones a Taiwán, y 20 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza.
El proyecto debe ser aprobado por 60 votos en el Senado, pero tiene muy pocas posibilidades de aprobarse en la Cámara de Representantes. Este lunes el liderazgo republicano de ese recinto rechazó el proyecto por no ser lo suficientemente duro y advirtió de que es una “pérdida de tiempo”, ya que el acuerdo “morirá al llegar a la Cámara”.
La primera votación de procedimiento sobre la legislación se celebrará el miércoles de esta semana.
¿De qué trata la iniciativa bipartidista que se votará esta semana en EU?
El plan pone fin a la práctica conocida como “detención y liberación”, bajo la cual los migrantes indocumentados que llegan a la frontera y se presentan a las autoridades pidiendo asilo, son dejados en libertad a la espera de una audiencia ante un juez de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará autorizado a suspender los ingresos de migrantes en la frontera cuando la cifra diaria de detenciones supere el promedio de 4 mil en una semana.
Pero si la cifra supera el promedio diario de 5 mil ingresos durante una semana o el umbral de 8 mil 500 en un día, el DHS deberá aplicar la expulsión de migrantes.
Este permiso para que el gobierno federal expulse a los migrantes estará limitado a 270 días durante el primer año de vigencia del plan, 225 días en el segundo año, y 180 días en el tercero.
Una vez que el promedio de ingresos ilegales disminuya en un 75 por ciento, el DHS tendrá un plazo de dos semanas para suspender el uso de esa autorización de emergencia.
El plan también asigna 650 millones de dólares para la construcción o el mejoramiento de barreras físicas en la frontera, incrementa sustancialmente la capacidad para alojar migrantes detenidos y asigna 4 mil millones de dólares para la contratación de más personal dedicado al procesamiento de los pedidos de asilo.
Asimismo hace más estrictos los criterios para la aprobación del asilo para migrantes que alegan que huyen de persecución y amenazas por razones de raza, religión afiliación política o porque sean miembros de un grupo discriminado.
En el marco de la propuesta los migrantes deberán demostrar durante la entrevista inicial que tienen una posibilidad razonable de que se les conceda el asilo. Los críticos del plan sostienen que esto podría hacer más difícil que los solicitantes pasen el examen.
Los migrantes que tengan antecedentes criminales, que se hayan radicado en otro país o que tengan la posibilidad de sentirse seguros si se hubiesen asentado en otra parte de su país de origen, no podrán solicitar asilo en Estados Unidos.
El plan hace expedito el trámite de los pedidos de asilo, que ahora dura años, y lo constriñe a seis meses.
En el caso de los migrantes que sean detenidos después de haber cruzado la frontera por sitios que no sean los puertos de ingreso, serán procesados de manera expedita dentro de 10 a 15 días, y los que soliciten asilo quedarán detenidos a la espera de una audiencia inicial.
En el caso de los migrantes que sean aprobados en la audiencia inicial se les otorgará temporalmente un permiso de trabajo y quedarán dentro de un programa de supervisión hasta que se resuelva su pedido de asilo en un período de 90 días.
El plan limita la autoridad del Gobierno en el otorgamiento de amparos migratorios temporales humanitarios (parole en inglés). El presidente Biden ha usado esta autoridad para beneficio de ucranianos, afganos, cubanos, venezolanos y haitianos.
Por otra parte, asigna unos mil 400 millones de dólares para albergues y otros programas en ciudades y estados que han recibido migrantes en gran número, y autoriza 50 mil visas para inmigración relacionada con el empleo y la familia en cada uno de los próximos cinco años.