Promotora de la competencia denuncia intento del MEIC de aumentar injerencia política
MEIC rechaza interés de tener más influencia en el órgano antimonopolios y asegura que su intención es definir los alcances de la relación administrativa entre ambas entidades.
La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), denunció que el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) solicitó a la Procuraduría General de la República pronunciarse sobre los alcances de la independencia administrativa, presupuestaria y funcional de la entidad, acción que consideran es una señal de injerencia política, aseguró Guillermo Rojas, presidente de este órgano.
“Uno como funcionario público, con carácter 100% técnico, no comprende este tipo de formas de intentar controlar, por parte de la politiquería, autoridades que son técnicas, simplemente porque probablemente tocan intereses que mucho político no quiere que se toquen”, indicó Rojas a La Nación.
La consulta a la Procuraduría General de la República (PGR), fue dirigida por el jerarca del MEIC, Francisco Gamboa, el 12 de diciembre pasado, al Procurador Ivan Vincenti, por medio del oficio MEIC-DM-OF-446-20223, a cuya copia tuvo acceso este diario.
Rojas explicó que la Coprocom, reformada en el 2019 mediante la Ley N° 9736, conocida como la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, se debe al bien común y al bienestar de la sociedad y no al de sectores y de mercados protegidos.
“Mi lectura como abogado es que el dictamen va a ser negativo para el MEIC, pero el mero hecho de enviar esta consulta me genera una enorme decepción del poder político. Lo digo como funcionario y como ciudadano”, señaló Rojas.
Él explicó que la Coprocom recibió, el 31 de enero, una comunicación de la PGR en la cual se informa que el MEIC le formuló una consulta el 12 de diciembre del 2023 donde le solicita emitir un pronunciamiento sobre los alcances de la figura jurídica de desconcentración máxima de la Coprocom, establecida en el artículo 2 de la Ley N.° 9736.
El artículo mencionado señala que la Coprocom “será un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y funcional”.
“Aquí no es un problema de egos, de indicar que soy el ministro y tengo que controlarlo todo, se trata de respetar lo que el legislador definió”, agregó Rojas, y aseguró que el criterio jurídico que acompaña la consulta es “absolutamente complaciente” e ignora la Ley N.° 9736.
El MEIC emitió un comunicado el martes por la tarde, rechazando cualquier intento de vulnerar la independencia de la Coprocom. Aclaró que el propósito de la consulta a la PGR es definir los alcances y características de la relación administrativa entre ambas entidades.
El comunicado señala que la consulta se realizó con el objetivo de obtener claridad y certeza sobre cómo abordar asuntos como disposiciones de alcance general en temas de vacaciones, creación de plazas y asuntos disciplinarios. En relación con este último punto, La Nación consultó directamente al jerarca del MEIC, por medio de un mensaje de WhatsApp, pero al cierre de esta nota no se había logrado respuesta.
El MEIC afirmó en su comunicado que las consultas a la PGR no buscan incidir en la naturaleza jurídica o las competencias que la Ley otorga a la Coprocom. Además, rechaza categóricamente las afirmaciones “desproporcionadas” de la promotora de competencia sobre el supuesto interés de limitar la independencia y politizar su actuación.
La Coprocom, a través de un comunicado de prensa, publicado la mañana de este martes, indicó que los señalamientos del MEIC ignoran las facultades otorgadas en el artículo 5 de la Ley N.° 9736, en el que se establece que el órgano superior tiene las potestades de: aprobar la distribución presupuestaria, dictar reglamentos técnicos y administrativos, dictar normas y políticas que regulen las condiciones laborales.
A lo anterior se suma la atribución de crear plazas, esquemas de remuneración de sus servidores y la de gestionar, administrar y nombrar su propio personal, entre otras.
La Comisión consideró lamentable que después de los innumerables esfuerzos de las autoridades nacionales para lograr una legislación de competencia acorde con las mejores prácticas internacionales, y tras múltiples recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “se intente convertir en letra muerta la reforma a la ley de competencia del 2019 y politizar a la Coprocom”.
Naturaleza de las preguntas
El criterio legal del MEIC, emitido el 11 de noviembre pasado, fue elaborado por Wendy Jiménez, jefa de la unidad de Asesoría Jurídica, según el oficio AJ-OF-096-23, a cuya copia tuvo acceso La Nación. La solicitud de este análisis fue realizada el 26 de setiembre por el jerarca del MEIC, según detalla el documento.
La consulta del MEIC a la PGR incluyó preguntas sobre si la independencia administrativa, presupuestaria y funcional de la Coprocom le permiten sustraerse de disposiciones de alcance general emitidas por el órgano mayor al cual está adscrita, y cita como ejemplo la política de vacaciones y adopción de colaboradores.
También el MEIC consultó a la PGR si la Coprocom puede crear plazas y obligar a una asignación de recursos sin seguir los lineamientos del órgano mayor al cual está adscrita, según la legislación aplicable.
Asimismo, pregunta a la PGR si existen “actos administrativos que se encuentren reservados al ente superior en cuanto al recurso humano que labora para la Coprocom, por ejemplo, en materia disciplinaria, otorgamiento de permisos, entre otros”.
En relación con este tema, el criterio jurídico señala que, aunque la Coprocom tiene independencia para gestionar su personal, es necesario aplicar la normativa del ente superior y seguir las disposiciones sobre recursos humanos y presupuesto emitidas por el jerarca quien es la máxima autoridad del ministerio de acuerdo con la Ley General de la Administración Pública.
En cuanto al aspecto presupuestario, el criterio del MEIC indica que las entidades descentralizadas deben adherirse a las directrices del órgano superior, el cual, a su vez, sigue las pautas establecidas por instancias rectoras en la materia, como el Ministerio de Hacienda.
Añade que, si bien la Coprocom puede administrar su recurso humano, no puede emitir el Reglamento Autónomo de Servicio, ya que esta competencia recae en el órgano superior al que le corresponde conocer las impugnaciones que los servidores presenten ante decisiones de la Coprocom.
El documento concluye que el jerarca conserva su papel patronal en asuntos disciplinarios, lo cual abarca procedimientos especiales de despido y procesos administrativos disciplinarios.
Guillermo Rojas señaló que informarán a la OCDE sobre este episodio e incluirán esta consulta del MEIC a la PGR en el informe que presentarán ante al organismo internacional, en junio próximo.
En el comunicado, Coprocom refiere que en el pasado, el MEIC intervino en sus decisiones, restando credibilidad a la institución y desviando su actuación del interés público.
