Los avales del presidente

La situación de José Luis Ábalos es tan insostenible que incluso sus compañeros de partido han creído oportuno dejarlo caer para intentar frenar la hemorragia derivada de la detención de Koldo García Izaguirre. Según se van conociendo nuevos datos de la investigación, la implicación del exministro de Transportes y su proximidad con la trama de corrupción hacen insostenible que mantenga, a día de hoy, su acta de diputado. A falta de que puedan derivarse consecuencias jurídicas, la responsabilidad política resulta ineludible para Ábalos. El conjunto de la prueba es tan bochornoso y la circunstancia global en la que se ha visto rodeado es tan incompatible con la diligencia esperada en un representante público que el exministro debe dimitir de su escaño y ofrecer todas las explicaciones que estén en su mano. Es más, el PSOE, que confía en que su marcha pueda servir de cortafuegos, debería haber ejecutado ya su expulsión del grupo parlamentario. A pesar de los contactos permanentes, nadie ha exigido a Ábalos su dimisión. La probada responsabilidad política, por comisión o 'in vigilando' de Ábalos, no hace sino amplificar el alcance de una trama de corrupción que supera, con mucho, el precedente del Tito Berni. En esta ocasión hablamos de una colección de ilícitos que atañen a más de una veintena de personas y que alcanzan cifras millonarias. El atronador silencio de las administraciones implicadas, con personas tan importantes como Francina Armengol, tercera autoridad del Estado, empieza a suponer un problema de credibilidad para el propio Gobierno. Un Ejecutivo que, por cierto, promovió rebajar las penas por el delito de malversación lo que, de algún modo, contraviene la narrativa de ejemplaridad que ha intentado proyectar desde hace tiempo. Igualmente comprometida es la circunstancia de Ángel Víctor Torres y de su jefe de gabinete, quienes contrataron la compra de material sanitario con la empresa investigada, de Fernando Grande-Marlaska o del propio Salvador Illa. Ante una circunstancia de tanta gravedad es absurdo circunscribirse a las meras consecuencias judiciales. De Koldo García existían evidencias que demostraban su falta de idoneidad desde hacía años. ABC, por ejemplo, ya alertó de prácticas que resultan injustificables en un alto cargo ministerial y desde el Partido Socialista se decidió, conscientemente, mirar para otro lado. El asesor de un ministro no amenaza a alcaldes ni se pasea con sobres de plástico cargados de dinero en metálico. Ambas conductas son indiciarias de una inequívoca incompatibilidad con las responsabilidades públicas. La normalización del perfil de Koldo García sólo es viable en contextos degradados y, desde luego, muy alejados de lo que resultaría esperable en política. En los próximos días todos negarán haber tenido contacto con un hombre cuyas formas ya eran perfectamente conocidas en las redacciones de los medios de todo el país. Si los periodistas conocían a Koldo por su nombre de pila, es imposible que Santos Cerdán, su valedor y padrino que lo trajo de Navarra a Madrid, no estuviera al tanto de sus 'caprichosas' maneras. No cabe duda de que Cerdán conoció y consintió las formas del antiguo portero de discoteca. Con toda seguridad, al menos, lo ya publicado en medios. Está igualmente probado que el secretario de Organización del PSOE tuvo con Koldo un nivel de confianza e intimidad como para encomendarle la custodia de los avales de Pedro Sánchez en las primarias de 2017. Los jueces dirimirán la responsabilidad penal, pero alguien debería explicar quién y cómo hizo posible que un hombre como Koldo García pasara a ser 'uno de los nuestros' en la candidatura de Sánchez durante aquellas primarias