El ajuste por decreto es rápido, pero no siempre es el camino más duradero
La subdirectora del FMI, Gita Gopinath, le dejó un consejo explícito a Javier Milei. En el comunicado que preparó tras su visita señaló que "proceder de forma pragmática para asegurar apoyo social y político es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas".
Antes de que el libertario llegara a la Casa Rosada, la palabra que repiqueteaba como mayor incógnita entre los analistas era "gobernabilidad". Pero desde que el Gobierno dio de baja la ley ómnibus y arrancó la pelea con las provincias por los recortes de fondos, la pregunta ahora es otra: inversores y empresarios se preguntan si en algún momento la pelea dará lugar a una negociación.
La pelea con los gobernadores va en paralelo a las necesidades de la caja
Si apelamos al sentido común, la respuesta debería ser sí. Pero la lógica política del Presidente va por otro lado. Milei prefiere exponer a todos aquellos que no están dispuestos a alinearse con sus reformas (léase, con obtener un superávit fiscal primario de 2% del PBI) y mostrarlos como enemigos de su plan.
Bajo ese paradigma, no tuvo empacho en llamar "traidores" a los que no votaron su ley, ni en avanzar con el cierre del Inadi (la lista se engrosará en breve con cualquier otro organismo flojo de papeles) ni con pelearse con un gobernador identificado con el PRO, como es el caso del chubutense Ignacio Torres. Ayer le tocó a Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, y la lista promete seguir.
El Gobierno ratifica los recortes de fondos y prepara una cumbre reducida de gobernadores
En términos económicos, este camino es sin duda más corto que el legislativo. Pero el efecto no dura para siempre. Cortar recursos con un DNU es "fácil" y de efecto inmediato. Lo que viene después suele ser el camino de la apelación judicial, que en la Argentina siempre es incierto.
El gobernador bonaerense avisó ayer que recurrirá a la Corte Suprema para que detenga la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que dispuso el Ejecutivo. Se trata del esquema que armó Alberto Fernández en 2020 para que la provincia pueda pagarle a la policía . Como en ese momento los recursos se los sacaron a la Ciudad, Larreta también fue a la Corte, que le dio la razón. Jorge Macri todavía espera que la Nación cumpla esa sentencia.
El máximo tribunal tiene que resolver el destino del DNU 70/2023 (reforma laboral, desregulación de obras sociales) y seguramente recibirá, tarde o temprano, las apelaciones de otros gobernadores por los subsidios perdidos al transporte o a los docentes. La Corte puede tomarse todo el tiempo que sea necesario para pronunciarse, tiempo que a la vez le sirve al Ejecutivo para ahorrar recursos.
La Corte puede tomarse todo el tiempo que sea necesario para pronunciarse, tiempo que a la vez le sirve al Ejecutivo para ahorrar recursos. Milei, de todos modos, debería tener presente el consejo de Gopinath y buscar apoyos de manera prágmática. En la Justicia la moneda no siempre cae del lado que uno espera.