El PP dejó caducar la reclamación del Govern balear de izquierdas por el sobrecoste de las mascarillas
Pese a los intentos del PP por atribuir al anterior Govern de Francina Armengol toda responsabilidad respecto a la infructuosidad de la reclamación de 2,6 millones de euros de sobrecoste por la compra de mascarillas defectuosas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la responsabilidad de los populares no escapa a la deriva que finalmente tuvo la malograda solicitud. No en vano, fue ya bajo la presidencia de Marga Prohens cuando el expediente acabó caducando sin que los conservadores hicieran nada por evitarlo.
Así se infiere de uno de los autos dictados por el juez que instruye la causa en torno a la trama de presunta corrupción en la adquisición, por parte del Gobierno central, de Balears y de Canarias, de material de protección sanitaria en los peores meses de la pandemia de la COVID. La resolución recoge de forma pormenorizada el relato de la querella interpuesta por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción por estos hechos y compendia las diligencias de investigación efectuadas por la unidad policial encargada de las pesquisas.
El auto alude a los indicios que apuntan a la influencia que el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, habría ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión con el objetivo de que la petición de devolución por parte del anterior Govern no prosperase y, de este modo, "favorecer a la mercantil y a su titular”.
Sin embargo, el magistrado no circunscribe los hechos a la etapa de Armengol, sino que los extiende a los meses en los que el PP ya se había hecho con el poder en el Ejecutivo balear. En concreto, hace referencia a una serie de comunicaciones de las que se colige que, si la Administración balear, en el plazo de tres meses (con fecha límite el 18 de enero de 2024) no se pronunciaba expresamente sobre el expediente de reclamación, se produciría la caducidad del procedimiento administrativo y, por ende, la reclamación de los casi tres millones de euros.
A este respecto, el juez subraya que pocos días antes de la fecha límite dejaron de observarse comunicaciones que abordasen este asunto, de lo que se colige que "podría haberse producido la caducidad de la reclamación a Soluciones de Gestión" y cómo, por tanto, el ejercicio de la influencia por parte de Koldo había "surtido efecto".
Hasta el momento, el PSIB-PSOE ha defendido tajante la actuación del anterior Govern y asegura que la tramitación del expediente de compra siguió los cauces previstos, según informó la Intervención de la Comunidad Autónoma en agosto de 2022. “No hay irregularidades en el proceso y el PP lo sabe porque ha sido fiscalizado. Lo saben, mienten y calumnian”, manifestó la semana pasada el portavoz de la formación en el Parlament balear, Iago Negueruela.
Negueruela acusa al PP de mentir al asegurar que la reclamación se hizo coincidir con el cambio de gobierno, subrayando que los populares tenían toda la información porque subdirector encargado de las compras continúa en el mismo puesto. Además, ha asegurado que en el traspaso de funciones entre los responsables del Servicio de Salud se facilitó toda la información sobre este expediente. “Lo sabían. No dicen que ya se les dijo”, asevera.
“Las víctimas han sido el anterior Govern y el actual y si se investiga a una persona exigimos que se actúe con la máxima contundencia”, ha indicado. En esta línea, Negueruela ha efectuado una férrea defensa de la gestión que el Pacte hizo de la pandemia: “Fuimos los que más vidas salvamos y podemos mirar a los ojos a cualquiera y decir que hicimos las cosas bien”.
En cuanto al procedimiento de reclamación a la empresa tras detectar que las mascarillas recibidas por la comunidad no eran FPP2, el socialista incide en que "fue el anterior Govern el que lo inició". "Esto parece que se ha convertido en una cuestión de plazos, en la que todo el mundo quiere saber por que éste procedimiento se inició en el mes de marzo de 2023 y no antes; cuando lo importante es que se hizo dentro de la legalidad", asevera, recordando, como apunta el auto del juez, que la posibilidad de reclamar prescribía en 2024 y gracias a la actuación del Ejecutivo de Armengol el plazo fue ampliado.
Por ello, subraya que a los socialistas les "gustaría saber cómo el PP ha continuado con esta reclamación", instando a los populares a "que lo enseñen" dado que, ha añadido este martes, la directora de Gestión y Presupuestos del IB-Salut saliente informó del procedimiento de reclamación a los actuales jefe de Servicios Jurídicos y de Contratación del Servicio de Salud en el traspaso de carteras.
En concreto, en 2020, el Ejecutivo liderado entonces por Armengol adquirió mascarillas por un valor de 3.701.500 euros, tal como consta en la documentación del expediente consultada por este medio. Se trataba de un precio muy superior al tipo de cubrebocas que finalmente llegaron a las islas, motivo por el que, meses antes de finalizar la legislatura, el IB-Salut inició el expediente para reclamar la devolución de los 2,6 millones de euros que se habían pagado de más.